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El Glifosato

Por décadas la gente del campo y consumidores de productos irrigados con glifosato han vivido en medio de la contaminación de este producto cancerigeno. El Estado siempre ha mirado de lado y los congresistas se han alimentado económicamente de las dadivas que la empresa ha tirado para mantener su negocio.

Cientos de nacimientos de bebes con problemas de salud, cáncer de pulmón, hígado y la lista se extiende de las enfermedades que personas no esperaban tener, pero gracias a este producto hoy las padecen.

Se han hecho debates y siempre todo queda inconcluso. La sociedad vive indefensa frente a este flagelo, ya que los congresistas que elige esperan que ellos se apersonen y respondan haciendo leyes que detengan el uso de esos plaguicidas que dañan el medio ambiente y el bienestar de la sociedad.

Recientemente en un debate sobre glifosato el ex-ministro de salud se pronuncio argumentando que éste herbicida producía cáncer, aumenta la mortalidad infantil y genera problemas respiratorios y dermatológicos. Además, aseguró que la salud es un derecho fundamental y el Estado no puede actuar en contra de la población deliberadamente.

La responsabilidad del Estado debe estar presente y actuar sabiamente frente a este daño que éste producto genera en la sociedad.

Una sociedad mal administrada siempre cae en acciones criminales donde abandona a la sociedad y la deja en manos de quienes corruptamente manejan el bienestar social.

A su vez la sociedad que ignora lo que realmente esta pasando, no se apersona de estos detalles y exige a quienes corresponde velar que actúen y resuelvan el problema.

Una sociedad pasiva y permisiva jamás avanza en su prosperidad, porque sus intereses son más de estomago que resolver el problema de raíz apartando a los legisladores corruptos que manipulan su entorno para beneficio de ellos.

Sobre este tema se a venido hablando por décadas y aún se sigue navegando en una asmosfera apestada de herbicidas que contaminan todo a su paso como una tractomula que viaja expulsando gases contaminantes y quienes vigilan por el medio ambiente ni se dan por enterados. Pero si están listos a recoger a todo a quien encuentren en la calle vendiendo empanadas o vegetales para con el dinero de esas ventas sostener a una familia.

Todo esto es ironías de la vida. Ya que siempre se esta persiguiendo al más vulnerable mientras que los que poseen el poder económico los dejan destruir todo cuanto se encuentre a su paso, con el fin de enriquecerse.

Podremos llegar algún día a manejar los bienes sociales sin tener que espera que el político de turno reparta sobornos para que voten por él y todo siga igual como ha sucedido desde que nació la republica de Colombia,

¡A ANDRÉS FELIPE ARIAS, LO ESTÁN LLEVADO CON LA DOBLE!

Por: Carlos Alberto Ramírez Cardona
 

Si, a Andrés Felipe Arias, lo están llevado con la doble, pero no, con la doble instancia, sino con la hipócrita y doble moral, de que su caso ya fue fallado y hace parte de la horrorosa cosa juzgada de este país, no obstante el anterior principio estar consagrado en pactos y tratados internacionales, bloque de constitucionalidad y carta magna, la Corte Suprema de Justicia

En actitud pérfida, Desafiante, llena de ego y arrogancia, presumiendo ser el sumun de la sabiduría jurídica y la justicia, se niega a aceptarlo; de una parte se ampara en la Carta política, que no la contempla para el juzgamiento en los asuntos de su competencia, en única instancia, dejando un boquete de ilegalidad que debe ser corregido; no solo por vulnerarse el caso en particular de Arias, sino la de muchos otros casos, sino también, por desconocer de manera flagrante y grave, los pactos internacionales que sobre esta materia ha suscrito el Estado Colombiano, como los contemplados en el Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969) 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) que incluyen la doble instancia como parte del debido proceso, estando obligado a cumplirlos; sin embargo en un esguince poco claro, una finta de esgrima, situación que debe ser corregida, se estableció que los altos funcionarios, entre los que están el Presidente de la República y entre otros sus ministros, serían juzgados por delitos comunes, en una única instancia, sin posibilidad de apelación contrariando gravemente el derecho internacional y la concepción de la mayoría de Estados de Derecho libertarios y Democráticos.

Resulta bien molesto e inequitativo a la opinión pública, como se pregona, casi cacarea, a alto volumen, por la antigua prensa y medios “mermelados” del régimen anterior, la garantía de la segunda instancia que le será concedida a Jesús Santrich; genocida, terrorista y narcotraficante, en caso de ser hallado responsable del envío de una gran cantidad de cocaína a los EE.UU; a diferencia de Andrés Felipe Arias, a quien se le niega; y que cada vez estoy más convencido, fue víctima de un fallo viscoso y asqueante, una canallada e infamia judicial, por una Corte revanchista y motivada por la animadversión hacia Alvaro Uribe Vélez, y atizada por el protervo y diabólico Juan Manuel Santos.

Siempre se demostró que el programa Agro Ingreso Seguro no fue creado para favorecer a los campesinos más pobres. Fue creado y aprobado por el Congreso, con el objetivo de preparar a los agricultores colombianos, grandes y pequeños, para los Tratados de Libre Comercio que vendrían. Eso en la práctica significaba apoyar a los grandes empresarios, ya que en el mundo globalizado la única forma de competir es a través de agroindustria, pues el minifundio no tiene chance.

Según Semana: “En términos generales el programa Agro Ingreso Seguro funcionó. Los goles del

escándalo no representaron ni siquiera el 3,5 por ciento del total de los recursos invertidos. Y aun en esos casos está probado que sí se invirtió para el riego de los cultivos. El otro 96,5 por ciento cumplió con los objetivos trazados. El programa benefició a 316.000 familias campesinas, la mayoría de bajos recursos, y alcanzó a impactar cultivos en más de 1 millón de hectáreas”. Es decir, el exministro no se apropió de un solo peso, pero con una artera jugada jurídica se habló de peculado en favor de terceros, algo gaseoso e imposible de probar como efectivamente sucedió, siendo condenado por interpretaciones sesgadas y malevolentes de los fieros mastines.

Por otra parte, los créditos eran asignados por el ICA, en cuanto a la celebración indebida de contratos, la práctica y costumbre era que en este caso no se exigía licitación pública tal como lo habían hecho todos sus antecesores en el cargo, sin excepción.

¿Dónde está el horrible delito?, ¿la gravosa y desalmada conducta criminal que merecía semejante pena?, ¿el peligroso criminal? Mientras a Arias se le destruye su vida con una pena exagerada, falta de ponderación, razonabilidad y proporcionalidad, desprovista de humanismo y del principio de la duda y la presunción de inocencia, a los “Farianos” se les trata y presenta como unos buenos muchachos, que estaban jugando a ser socialista y que realizaron solo unas cuantas “pilatunas” inocentes, como traficar grandes cantidades de droga, secuestrar, torturar, extorsionar, asesinar y atentar contra la población civil. A ellos se les perdona e indulta, premiándolos además con curules en el Congreso, y se les felicita por su heroicidad en la defensa de su ideal justiciero.

Una justicia politizada es peor que cualquier dictadura, es la entrega de la independencia de los poderes públicos, es la muerte de la democracia, del Estado de derecho, una tiranía legalizada por un gobierno omnipotente y perverso como el anterior.

¿Tiene moral y credibilidad nuestra Corte, víctima de escándalos y corrupción a su interior, para haber proferido un fallo como este? ¿Tenía pruebas de peso y consistencia para condenar? ¡Nunca!, solo conjeturas y elucubraciones prejuiciosas, y eso, sí, un gran odio y vindicta contra el expresidente Uribe, el cual aún permanece latente.

Jamás podrá compararse a Santrich con Arias, por eso la pregunta es: ¿a quién queréis?, ¿a Santrich o a Arias?
Por último, debe reformarse la Constitución en este sentido, no para beneficiar a Arias, sino para obedecer los pactos, y tratados internacionales suscritos, a la par de estar conforme a estándares modernos de garantismo y civilidad judicial, no importa que haya que revisar cientos de casos fallados, eso es lo de menos; aquí el principio pro homine y de dignidad humana son prevalentes.
 

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