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¿Subsidio o limosna?

Muchos son los abuelos, no solo en Risaralda, sino en otros departamentos del país que cuentan las semanas y los días, sin exagerar, la hora para reclamar lo MAL llamado media pensión, la cual otorga el Gobierno Nacional mensualmente a las personas de la tercera edad afiliadas al Sisbén.

Según las autoridades gubernamentales este subsidio se encuentra basado en el monto real del Salario Mínimo Legal Vigente colombiano estipulado con el auxilio de transporte en un total de $925.000, es decir, que si se hace referencia a media pensión, basados en este monto de dinero, en realidad, cada afiliado debería recibir $462.500.

No obstante, la realidad es desalentadora, triste, aberrante, injusta y de cuanto calificativo se le desee agregar, teniendo en cuenta que nuestros ancianos no reciben ni una tercera parte de lo que por ley les corresponde, resignándose a recibir la suma de $75.000, y la pregunta es, si es media pensión en dónde están los $387.500 que corresponde a cada anciano.

Sin embargo, lo que se vislumbra es que los bancos aprovechan que los dineros están en sus arcas por tiempo indefinido y las utilidades que esos dineros generan no se saben quién los recoge. Los municipios tienen represando un monto superior a 23 mil millones a la fecha según fuentes periodísticas. La mayoría de familias agradecen y se excusan en la frase: ¡A caballo regalado!, no se le mira el colmillo…porque ellos no saben que esos dineros les corresponde por derecho propio y no es un regalo que se les hace.

El dinero se diluye en las manos de los políticos por la sed de hacer campañas políticas con los dineros de la sociedad y ella ignorante de lo que está pasando sale a votar por aquellos que más daño hacen a todo el mundo.

Vivimos en un Estado de Derecho donde la constitución ampara a todos los ciudadanos y en especial a los de la tercera edad y los niños. Pero esto no pasa porque la ignorancia Y la miseria intelectual no dejan que se liquide de una vez todos estos mal manejos de la economía ciudadana.

Todos los ciudadanos están afectados por esta práctica deshonesta de quienes asumen los poderes de gobierno ya que ellos hacen carrera política con la esperanza de poder posesionarse en un cargo directivo y poder mejor su condición de vida mancillando los derechos del resto de los ciudadanos y más de aquellos que votaron por el personaje que creían que haría lo correcto.

Lo que más incómoda es que solamente se entregue un subsidio de 75 mil pesos mensuales a las personas de la tercera edad sino que es una miseria el monto. Para su entrega no hay una fecha constante, lo cual hace humillante para el individuo y ser humano que tiene que mendigar por lo que le corresponde.

Mientras el Estado continúe convirtiendo a sus ciudadanos en mendigos o clasificándolos por estatus social, el país alcanzara su verdadera condición de ciudadanos orgullosos de pertenecer a una país con gobernantes que los respeten.
 

LA PAZ: UN JUGUETE YA DETERIORADO

Por Natalia Cuervo

50 años de tiroteos, bombas, asesinatos, desapariciones, secuestros y extorsiones, no han sido suficiente paras los colombianos; a tan solo 2 años de haberse firmado el acuerdo de paz, el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, el actual gobierno empieza hacer de las suyas. Este pueblo no ha vivido un período modesto de paz y reconciliación y ¿ya quieren que termine? ¿Es posible que así sea? y es verdad, en la consulta (Plebiscito) que se le realizó a la ciudadanía; la mayoría dijo que no, algo inconcebible pero cierto. Aun así, se firmó y legalizó el proceso para la Paz del Colombia, ¿por qué no permitir que siga el curso normal y de esta manera garantizar que el país pueda vivir en Paz?

En ese orden de ideas, en el marco del primer semestre vivido de este cuatrienio que nos espera, los nuevos dirigentes, manifiestan abiertamente su divergencia y empiezan a ocasionar la caída del acuerdo y la anulación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Desestabilizando la única herramienta que mantendría una paz con este actual grupo político, destruyendo la ilusión de cambiar el futuro y saber la verdad, no de unos cuantos sino de miles de personas que han tenido que vivir de primera mano las consecuencias una cruenta guerra, a la que creían ser ajenos, pero que les tocó llevar a cuestas y con el olvido del Estado.

Aquí surgen preguntas que en casi todos los casos se quedan sin respuesta, ¿será que la guerra es mejor negocio que la paz, también ayuda a mantener al pueblo pendiente de sus avances y a olvidar otros temas igual de importantes; como la salud, la educación y el gasto público? ¿Esconde de manera intencionada la situación del país en materia de economía, leyes e industria? Y así como estas un sinnúmero de situaciones que también afectan tangencialmente a un pueblo que ocupado en una sola problemática no tiene ojos para nada más, permitiendo que continúen delinquiendo desde el escritorio los altos funcionarios que hoy le dicen no a la JEP y al Acuerdo de Paz.

En relación a lo anterior, aclaro que son preguntas sueltas, que surgen en medio de una circunstancia adversa que a muchos colombianos afecta, al parecer solamente el 30% de la población votante del país le gusta la guerra, el otro 70%, se divide así; un 22% cree que hay otras alternativas y le apuestan a ello, un 2.2% no cree en absolutamente nada y espera un cambio estructural de fondo y el otro 45.8% no sabe, no le importa o seguramente creen que viven en otro país y este cuento a ellos no les toca. Es bastante complejo entender como la mayoría de personas no tienen responsabilidad con las cosas que suceden en su nación.

Así las cosas, las últimas semanas el presidente de la República viene objetando 6 de los artículos de la Justicia Especial para la Paz, JEP, su intención – según lo hace ver él- es que no haya impunidad para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad cuando habla acerca de

los dirigentes guerrilleros que hoy aspiran a ocupar cargos por elección popular, pero lo que el señor no resalta en su discurso es que esta justicia no solo está para juzgar a ex guerrilleros de las FARC sino también a los diferentes actores implicados.

Los ex delincuentes de los grupos armados al margen de la ley, ya hicieron sus confesiones y deberán terminar de esclarecer los hechos, de eso no debe caber duda, pero y los funcionarios de las distintas instituciones políticas y públicas, que están involucrados de manera sospechosa en el proceso beligerante qué, ellos serían los principales beneficiarios de la caída de la JEP, la verdad seguirá oculta y por ende la reparación será como hasta la fecha, una ilusión más de las víctimas del conflicto armado del país.

Y es así, como hoy la paz, parece ser un juguete desgastado, aburrido y sin importancia, los colombianos que soñaron con ella abrieron entusiasmados el regalo hace dos años, pero con angustia y miedo hoy ven como el obsequio que tanto anhelaron se está convirtiendo en un estorbo del que hay que deshacerse a como dé lugar.

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Gustavo Álvarez Gardeazábal

Fue hace 30 años y el país ya lo olvidó. Fue en 1989 cuando el Cartel de Medellín, el 4 de julio, mató al gobernador de Antioquia, y asesinó, el 18 de agosto, al coronel Franklin Quintero. Fue en 1989, el 15 de diciembre, cuando agentes del estado (y quizás gringos) le dispararon desde un helicóptero a Gonzalo Rodríguez Gacha mientras huía por entre medio de una platanera en inmediaciones de Tolú. Fue en ese año de 1989, exactamente el 29 de mayo, cuando el M19 secuestra a Alvaro Gómez Hurtado. El mismo año, el 27 de noviembre, cuando vuelan el avión de Avianca con 107 personas a bordo a los pocos minutos de despegar de El Dorado. El mismo en el que, el 6 de diciembre, hacen estallar un bus bomba y vuelan el edificio del DAS sin matar a Maza Márquez, su director, pero si a más de 60 personas y destruyen 34 vehículos que circulaban por la zona y, en ese mismo año, dos semanas después cuando secuestran al hijo de Germán Montoya, secretario general de la presidencia de Barco. Fue año cruento en donde se presentaron 389 atentados guerrilleros y el asesinato de decenas de jueces y magistrados y el secuestro de otro poco de ciudadanos más y las bombas contra El Espectador y Vanguardia Liberal. Pero al país apenas si se lo recuerdan porque fue en ese año también, el 18 de agosto, cuando asesinan a Galán en la plaza de Soacha y de vez en cuando sus antiguos partidarios hacen sonar clarines en la desmemoria nacional. Tal vez eso pretende Maria Elvira Samper, galanista dolida, en un libro que está circulando por estos días, titulado 1989, donde hace pantalla en 246 páginas sobre todas las víctimas de lo que ya la historia (pero ella no) llama la guerra de Pablo Escobar y su traquetería y donde apenas le gasta 34 páginas a un cuadro estadístico mes a mes para registrar las muertes, daños y voladuras de las guerrillas. Un libro galanista y desigual pero que todos los colombianos deberían tener en sus casas para evitar el olvido. Lo recomiendo.