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Propuesta de aumento del 11
% para el salario mínimo en 2022
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Gubernamental
(ONG) Nación Wayuú, emitió un comunicado señalando las causas de esta
situación.
En particular, la
entidad se refiere al hecho de que la Guajira es el departamento que
encabeza la lista con más afectados y lo atribuye a la corrupción en el
mencionado departamento.
“Más que el hambre y la sed, a la población wayúu la está matando la
corrupción y falta de gobernabilidad”, dijo José Silva, líder indígena y
presidente de la ONG Nación Wayúu.
Quintero
debe responder de dónde sacó la versión de los materiales
Tras el acuerdo en el que Mapfre se comprometió a cancelar 983 millones de
dólares, pago que, en síntesis, salvó la continuidad del proyecto
Hidroituango, el contralor Carlos Felipe Córdoba habló en Blu Radio este
lunes y recalcó que el próximo 31 de enero quedará hecho el pago y, con
este, cesará la inhabilidad sobre los contratistas de la obra y así podrán
finalizarla para que entre en funcionamiento a mediados de 2022.
En medio de lo que dijo el contralor resaltó una respuesta en la que
contradice un señalamiento del alcalde Daniel Quintero por el que, de hecho,
aún no responde públicamente a los requerimientos que le han solicitado.
Ante la pregunta de si la Contraloría halló algo relacionado con el supuesto
cambio de materiales para emplear unos de mala calidad en la obra, tal como
lo ha repetido Quintero en varias oportunidades, el contralor lo negó
tajantemente.
“No tenemos certeza de lo que ha dicho el alcalde sobre eso. Los estudios de
causa raíz no hablan sobre ese tema o no tenemos esa certeza (...) Tendría
él (Quintero) que decir por qué lo establece. Nosotros en lo que nos hemos
basado es en los estudios de la Universidad Nacional, los estudios de causa
raíz, y de las otras universidades y empresas, en los que los autores sí
hablan de tomas de malas decisiones y de otros errores constructivos que se
generaron, pero no tenemos ese conocimiento de lo que el alcalde de Medellín
ha hablado”, respondió el contralor.
Cabe recordar que el alcalde Quintero acusó, no una, sino varias veces a los
constructores de Hidroituango de haberles bajado la calidad a los materiales
de la obra, además de cambiar los diseños.
“Ellos debían entran en operación en 2018; pero no lo hicieron por bajarle
la calidad a los materiales, bajarle la calidad a los hierros, bajarle la
calidad a los pernos, por cambiar los diseños, por haber tomado decisiones
irresponsables”, dijo el alcalde en entrevista a W Radio. Declaraciones
similares entregó también a Blu Radio y otros medios de comunicación.
Estos señalamientos, que no figuran por ninguna parte en las 2.100 páginas
del fallo de la Contraloría, dio pie, además, para que las aseguradoras se
plantearan si había sido o no un accidente, si les tocaba o no pagar la
póliza.
Tras las declaraciones fueron interpuestos tres derechos de petición: de la
firma de abogados Fabio Humar, representante de Conconcreto; de los
senadores Paola Holguin y Juan Espinal; y del concejal Simón Molina, los
tres con el objetivo de pedirle a Quintero que hiciera públicas las pruebas
que soportaran tal afirmación.
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Se presenta la disyuntiva de todos los años, la discusión de un aumento en el
salario mínimo que se diluye antes de hacerse efectivo, donde los que dan la
última voz, son los empresarios y comerciantes, es así como el presidente de la
Central Unitaria de Trabajadores, (CUT) Francisco Maltés, anunció que de forma
conjunta con Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de
Trabajadores de Colombia (CTC) y la Confederación Democrática de Pensionados,
propusieron un aumento del 11 % para el salario mínimo de 2022, que lo fijaría
aproximadamente en $1'125.000 pesos incluido el subsidio de transporte.
Sin embargo la canasta básica ya se encuentra por encima de esté monto y la
inflación sigue en aumento; salud, estudios y transporte se elevan de manera
desmesurada.
En el marco del Foro Salario Mínimo 2022, el líder sindical precisó que la
propuesta de las centrales obreras de incrementar el salario mínimo en un 11 %,
significaría un aumento de $99.937, más lo que suba el subsidio de transporte.
“Tenemos una peticiones especiales como que las pensiones se incrementen en
igual porcentaje al aumento del salario mínimo. También, que el Gobierno cumpla
con los acuerdos con la misión de concertación a partir del primeros de enero
con el pago del 4 % de salud para los pensionados", dijo.
Agregó que "que el Gobierno no puede incrementar el precios de los regulados más
allá de la inflación y se debe derogar el decreto 1174 que nunca fue concertado
con el movimiento sindical”, indicó.
Las centrales obreras se declararon a la expectativa de esta negociación del
salario mínimo, razón por la cual el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera
citó esta misma tarde a una reunión conjunta, para definir detalles de lo que
sería un acuerdo anticipado.
“Con lo que se refiere al millón de pesos estamos de acuerdo tanto empresarios,
como las centrales obreras y el Gobierno Nacional. Se inicia una discusión con
el auxilio de transporte que hoy está en 108 mil pesos y la propuesta de ellos
es 125 mil pesos, ese es el primer punto", señaló.
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Acusada de corrupción
ex-mandatario Cielo Redondo
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada
contra la Corrupción, imputó a la exalcaldesa de Uribia, Cielo Beatriz
Redondo Mindiola, como presunta responsable de los delitos de peculado por
apropiación y falsedad ideológica en documento público. Además, fueron
relacionados e imputados, el exjefe de recursos físicos de la Alcaldía de
Uribia, Camilo Manuel Polo González; el exsecretario de Gobierno de Uribia,
Víctor Manuel Mejía; y la contratista, Dailineth Torres Iguarán.
De acuerdo con información de la W Radio, los hechos investigados están
relacionados con presuntas irregularidades en las fases precontractual,
ejecución y liquidación del contrato 053 del 3 de diciembre de 2010, fijado
en casi $50′000.000, cuyo objeto era el suministro de víveres, alimentos y
enseres para atender a la población Wayuu afectada por la temporada de
lluvias.
Mediante el proyecto que nunca tuvo efecto en las comunidades, se buscaba
mitigar las necesidades de las comunidades de 21 corregimientos que quedaron
incomunicados por vía terrestre. De acuerdo con pruebas del ente acusador
las irregularidades comenzaron por el censo para saber cuántas familias
debían beneficiarse, pero nunca se llevo acabo. Posteriormente se habría
certificado el ingreso de las ayudas al almacén de la Alcaldía de Uribia y
la entrega de los mercados a las comunidades indígenas, algo que no sucedió
y se pudo comprobar porque las familias tuvieron que pasar necesidad en esa
época agudizando los problemas de desnutrición y hambre de la zona.
Después de que se conociera un informe de la Defensoría del Pueblo, en el
mes de septiembre, que expone los graves casos de desnutrición en menores de
edad, la Organización No
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