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NACIONAL

 Pereira, Colombia -Edición: 12.871 - 451

Fecha: Sábado  15 - 01 -2022

 

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Capturan a la presidenta del Concejo de Cartagena con un kilo de cocaína

 


El informe del medio señala que desde la posesión de Quintero como secretario jurídico en enero de 2021, Montealegre ha cerrado nueve contratos por $653.357.444 con entidades estatales para brindar asesorías legales.

Las entidades que han contratado los servicios de Montealegre son la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Cultura, Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales y la Alcaldía de Armenia.

Montealegre, al igual que su esposo, es abogada especialista en derecho administrativo y a diferencia del caso Mayorquín y Vaquiro, tiene experiencia trabajando con el gobierno, pues fue asesora del Ministerio de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Así mismo, de acuerdo con la investigación, desde abril de 2020, Montealegre ha contratado en 16 ocasiones con el Estado (nueve de ellas desde que su esposo es secretario jurídico). Del mismo modo, el informe aclara que la mujer nunca ocultó su relación con Germán Quintero y, por el contrario, sí reportó su vínculo matrimonial en su declaración de conflicto de interés.
 

 

Irregularidades en el hospital Rosario Pumarejo de López

 

 

Superintendencia Nacional de Salud anunció la intervención del hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar (Cesar).

De acuerdo con esa entidad, se evidenció el incumplimiento del Plan de Mejoramiento que se había establecido, además de 72 deficiencias en sus indicadores administrativos, asistenciales, jurídicos y financieros.

Igualmente, la Supersalud ordenó la separación de la gerencia y de los miembros de la Junta Directiva del hospital y designó al economista y especialista en administración en salud, Duver Vargas Rojas, como agente especial interventor para desarrollar un plan de acción que permita garantizar la prestación de los servicios de salud; trabajar en subsanar las graves deficiencias encontradas y procurar la estabilización de los principales indicadores de gestión.

“Es tan crítica la situación encontrada en la gestión del hospital, que se estaba poniendo en riesgo la adecuada y oportuna prestación del servicio de salud a los usuarios en condiciones de calidad, accesibilidad y seguridad”, aseguró el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel.

La entidad informó que el hospital incurrió en prácticas no autorizadas como el inadecuado funcionamiento de los equipos biomédicos; falta de seguridad para la atención de los pacientes y el incumplimiento de las disposiciones que regulan el flujo de recursos y de los bienes públicos que administra.
 

 

 

Cortesía

De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades, en medio del operativa también incautaron un arma de fuego.


Autoridades de Cartagena confirmaron la captura de la presidenta del Concejo de esa ciudad, Gloria Estrada, quien transportaba un kilo de cocaína y $8 millones en efectivo.

De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades, en medio del operativa también incautaron un arma de fuego.

Entre tanto, cadena informativa nacional conoció por fuentes de la Fiscalía General de la Nación, que la concejal Gloria Estrada se encuentra bajo custodia de la Policía y que en las próximas horas sería presentada ante un juez de control de garantías para su respectiva judicialización.
 

Por su parte, el general Nicolás Zapata, comandante de la Policía en Cartagena, indicó

 

 

Irregularidades en la entrega de dinero para una campaña del Pacto Histórico

 



Se trata de cerca de $100 millones para la carrera política del expresidente de la colectividad.

Ante ese panorama, Ariel Corzo, Fiscal USO Nacional, reveló que se trata de una situación particular. “No está definido que se destinen recursos para apoyar candidatos de ningún tipo ni a ningún movimiento. Lo máximo que se ha realizado fue $10 millones para Freddy Pulecio”, indicó.

Por su parte, Edwin Palma, expresidente USO y candidato al Congreso por el Pacto Histórico, indicó que no se trataría de una situación irregular. Por el contrario está en sus lineamientos la posibilidad de apoyar candidatos con ideas afines al sindicato.

“Es totalmente normal que un sindicato haga aportes a las campañas de sus aliados políticos. Los recursos, cuando entran al sindicato, son de naturaleza particular y se puede destinar en obras sociales o en obras políticas”, resaltó Palma.

Ante ese panorama, Corzo respondió que en los estatutos del sindicato no están dispuestas o especificadas las ayudas para candidatos.
 

 

 

que la detención de la concejal se produjo en el sector de Manga, en medio de un puesto de control.

"Se realizó un puesto de control y al interior del vehículo encontramos tres personas, al revisar nos encontramos con lo que sería un kilo de clorhidrato de cocaína", dijo el oficial.

"Igualmente se incauta en este caso un arma de fuego, adicionalmente se encuentran ocho millones de pesos en efectivo y en este momento las tres personas se encuentran en proceso de judicialización. Estamos a la espera de una prueba covid-19 y posteriormente para la URI. En el vehículo había dos hombres y una mujer", agregó.

 

 

 

 


Javier Almanza, director del Área Laboral del Consultorio Jurídico de la Universidad de Rosario confirmó que la situación no es correcta a menos que se establezca por el sindicato. “Es una prohibición entregar dineros que no están establecidos en los estatutos de la organización sindical”, dijo.

 

Esposa de otro funcionario de la Presidencia también tiene contratos con el Estado

 


Millonarios contratos firmó Karen Vaquiro, esposa de Andrés Mayorquin, quien hasta esta semana fue asesor de la jefe de Gabinete de la Presidencia, María Paula Correa, ahora se suma un nuevo caso que también involucraría a un alto funcionario del Gobierno y a su pareja.

Una investigación de Caracol Radio reveló que Germán Quintero, secretario jurídico de la Presidencia y su esposa, la abogada y contratista Claudia Marcela Montealegre, habrían tenido un comportamiento similar al de Mayorquin y Vaquiro en temas de contratación con diferentes entidades del Estado.

Sin embargo, el Gobierno salió a aclarar los hechos este viernes asegurando que la situación no es la misma que la de Mayorquin y Vaquiro y que no existe ningún tipo de inhabilidad ni incompatibilidad.
 

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