Así, las autoridades de sanidad plantearon una primera postergación de la exigencia del carnet, hasta el 26 de enero, bajo el argumento de evitar aglomeraciones en los puntos de vacunación.

El ministro de Salud mencionó que la exigencia del documento “ha cumplido su objetivo” y que desde inicios de año “se han aplicado más de un millón de dosis de vacunas” puesto que se ha registrado un aumento del 160,5% en las tareas de inmunización.

Sin embargo, en la víspera se produjeron fricciones entre los grupos sociales contrarios a la vacunación y la Policía en ciudades como El Alto, vecina de La Paz, y en el sur de Cochabamba, en la que inclusive las fuerzas de seguridad tuvieron que utilizar gases lacrimógenos.

Auza, que hasta hace poco se había mostrado firme contra esos grupos que incluso exigieron su renuncia, remarcó que la suspensión del carnet es “para preservar la seguridad de la población frente a ciertos grupos que no aceptan vacunarse creando focos de contagio”.

Bolivia atraviesa por una cuarta ola de contagios que ha superado los registros históricos diarios de transmisiones llegando a superar los 14.000 casos aunque con una tasa de letalidad de 0,6 por ciento.

Daniel Ortega somete a los presos políticos

Desde el 22 de octubre pasado, los jueces nicaragüenses comenzaron a detener unos tras otro los juicios a los presos políticos encarcelados durante el 2021 alegando “fuerza mayor” por “exceso de carga laboral”, una figura que deja en prisión indefinida y sin sentencia a los acusados. Juristas independientes la consideran “ilegal y arbitraria”.

“Es totalmente ilegal. La interrupción del proceso solo puede producirse por tres razones: por solicitud de la defensa, y yo entiendo que ningún defensor lo ha solicitado, o por fuerza mayor o caso fortuito”, explica Eylin Cruz, abogada del grupo independiente Acción Penal. “Caso fortuito o fuerza mayor es que ocurra un terremoto, que se quemen o inunden los juzgados y que yo sepa no ha ocurrido eso”.

Entre junio y noviembre del año pasado, el régimen de Daniel Ortega encarceló a 43 líderes opositores, empresarios, periodistas y críticos del gobierno con la intención de anular la oposición política en Nicaragua para evitar su participación en las elecciones que se realizaron en noviembre de ese año. Siete de los apresados eran personas que manifestaron su intención de competir como candidatos presidenciales opositores en las elecciones de noviembre.

Cortesía

Es así como la Corte Penal Internacional (CPI) le dio esté nuevo beneficio de un lapso de tres meses al régimen de Nicolás Maduro

La prórroga otorgada por el nuevo fiscal de la Corte, Karim Khan, para responder por crímenes contra la oposición y la sociedad civil venezolana, parece ser que cada vez que se lo proponen encuentran un oxigeno internacional y le dan la vuelta a las causas, todo vuelve como un boomerang, pero en contra de la población venezolana

Es así como la Corte Penal Internacional (CPI) le dio esté nuevo beneficio de un lapso de tres meses al régimen de Nicolás Maduro para que informe sobre crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su régimen en Venezuela, pare que no bastan los artículos periodísticos, las estadísticas, videos, marchas y los datos de muertes de las épocas de las protestas masivas en las calles de Venezuela, se ve está decisión como un espaldarazo de quienes supuestamente ejercen la Justicia Internacional.

La prórroga otorgada por el nuevo fiscal de la Corte, Karim Khan, para responder por crímenes contra la oposición y la sociedad civil venezolana hasta el 16 de abril de 2022, que consideran o esperan por parte de la defensa especial de los actores del gobierno venezolano, como justificar; muertes en la calles, presos polìticos y desacatos a las propias leyes naturales.

Ómicron empiezan a descender en EE.UU.

AFP

Estados Unidos parece empezar a salir de la ola de coronavirus causada por la variante ómicron, revelaron los datos del miércoles.

No obstante, el número de casos sigue siendo mucho más alto que durante cualquier ola previa de contagios y las hospitalizaciones por covid están en su punto máximo, reseñó AFP.

El gráfico de picos pronunciados (aumento y caída rápidos) podría seguir el mismo patrón observado en otros países afectados por esta cepa, como Sudáfrica, Gran Bretaña y Francia.

Un promedio de siete días de nuevos casos diarios alcanzó un máximo de alrededor de 795.000 el 13 de enero, de acuerdo al monitoreo realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Pese a que las cifras durante el fin de semana y los días festivos, como el lunes 17 de enero, muestran una menor tasa de informes de casos y deben leerse con cautela, los números ya venían descendiendo el viernes.

Los descensos fueron más pronunciados en los estados golpeados primero por la ola de ómicron, particularmente en el noreste, como Nueva York, Nueva Jersey y Maryland.

Por otro lado, los casos seguían aumentando aceleradamente en zonas del oeste, incluidos Nuevo México, Arizona y Utah.

Aunque ómicron se muestra más leve en la mayoría de los casos que la variante delta, anteriormente dominante, las hospitalizaciones se mantienen en un máximo de poco menos de 160.000 pacientes, en parte debido a la gran cantidad de personas afectadas y en parte debido a infecciones coincidentes.

En cuanto al rumbo que tomará la pandemia, muchos expertos, entre ellos la máxima autoridad de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, tienen la esperanza de que el virus pueda continuar evolucionando hacia un patógeno más frecuente pero menos grave.

El texto del fiscal Karim Khan indica que “en un espíritu de cooperación, de diálogo y de equidad, el Fiscal aceptó además conceder a Venezuela una prórroga de tres meses, a saber, hasta el 16 de abril de 2022″, dado que el plazo inicial expiraba el pasado domingo.

“Esta prórroga es adecuada y está justificada debido a varias circunstancias, que deben considerarse excepcionales”, añadió.
 

La Sala de Cuestiones Preliminares consideró justificada esta prórroga para que el fiscal de la CPI pueda viajar de nuevo a Venezuela antes del vencimiento del plazo, para “entablar un diálogo significativo con el Gobierno de Venezuela sobre cuestiones de admisibilidad con miras a evaluar, entre otras cosas, el alcance y necesidad de recurrir a posibles procedimientos del artículo 18″.
 

La CPI, abrió un examen preliminar en 2018 por la acción de efectivos de seguridad en las protestas que dejaron un centenar de muertos en 2017, y en diciembre se conoció que resolvió avanzar en su investigación contra Nicolás Maduro y el régimen chavista.

Bolivia suspendió la exigencia del pase sanitario en lugares públicos

Reuters

El gobierno de Bolivia determinó ayer miércoles suspender la exigencia del carnet de vacunación para evitar “medidas innecesarias de violencia” ante las protestas de los grupos contrarios a la inmunización, que en gran medida son sectores afines al oficialismo.

“Se determina la suspensión de la presentación del carnet de vacunación o prueba PCR negativa mientras dure la declaratoria de Emergencia Sanitaria”, anunció el ministro de Salud, Jeyson Auza, en una comparecencia ante los medios en La Paz.

Auza señaló que se trata de una medida que asumió el Consejo Nacional Estratégico de Emergencia Sanitaria, integrado por 11 ministros de Estado, “precautelando la salud” de los grupos movilizados contra la vacunación y la “del pueblo boliviano”.

La determinación también dispone que “una vez finalizada la declaratoria de Emergencia Sanitaria se va nuevamente a pedir la presentación de ese carnet” así como la prueba PCR negativa.

Sin embargo, la exigencia del documento no se aplicará para la atención en salud, educación, acceso a mercados y transporte interprovincial, tampoco para trámites en servicios de identificación, policiales, judiciales, financieros además del reclutamiento militar.

El Gobierno declaró Emergencia Sanitaria a finales del año pasado cuando la cuarta ola mostraba un ascenso de casos y dispuso que desde el 1 de enero el carnet de vacunación era un requisito para la realización de trámites además del ingreso a sitios públicos y privados.

Esto causó las primeras protestas de algunos sectores sociales afines al oficialismo y otros religiosos que consideraron que la exigencia obligatoria del carnet atentaba a su derecho a no vacunarse con aseveraciones que a su juicio validaban su postura.