Edgar Cabezas

La educación consiste en criar y formar el criterio y carácter con el ejemplo como acción metódica ejercida con la intención de desarrollar el conjunto de actitudes físicas, mentales y cualidades éticas de las personas a lo largo de la vida.  Resulta ello en que las personas adquieren el dominio de sí mismas, la autonomía, el sentido de los valores, los derechos y deberes que les corresponden para adaptarse al medio ambiente, al Estado político y social, para que a través de sus sentidos agudicen la percepción del mundo que los rodea y de manera critica, actúan para transformar las condiciones de inequidad y de injusticia por un mundo más equitativo, afectivo y con justicia social y climática para todos y la naturaleza.      

Uno de los principales objetivos de la educación es la construcción de una sociedad solidaria sustentada en la concepción dialógica, que es, en esencia, el intercambio intercultural como algo enriquecedor sin que una cultura en particular se imponga a otras.  En una sociedad, la producción del saber-hacer y actuar para el buen vivir como praxis política y ética consiste en el respeto de los saberes y la identidad de las naciones y sus culturas como un proceso de descolonización ante la agresividad del capitalismo que ha impuesto el interés privado sobre el interés público. 

La autentica educación se da cuando en la práctica la realidad constituye una unidad dinámica con la teoría para la transformación de la misma, reduciendo la distancia entre lo que se dice y lo que se hace, es decir, logrando la coherencia entre la teoría y la práctica para limitar los excesos autoritarios que anulan la libertad, para una apertura a la diversidad, para abrirse al pensar de los otros y no perecer en el aislamiento.

El ABC relacionado con la alfabetización política consiste en dar respuesta a los problemas estructurales que enfrenta el país y que generan la protesta ciudadana. Tales problemas tienen relación con la desigualdad de los ingresos, la seguridad social, la efectividad de las políticas gubernamentales, la tenencia de la tierra, la soberanía alimentaria, la corrupción, el empleo juvenil, la contaminación ambiental, la deforestación, la perdida de la biodiversidad y la represión que ejerce el Estado y los grupos armados contra la sociedad civil organizada.  

Lo que se nos ha enseñado desde la ideología dominante  y que algunos repiten como loros, es la naturalización de la desigualdad y su sentir-pensar inmovilizador en cuanto que manifiesta que no hay nada que podamos hacer para cambiar las cosas existentes, puesto que la realidad electoral se caracteriza en Colombia, por la imposición inamovible  de que el que escruta , elige y que, por lo tanto , la brutal desigualdad entre los seres humanos, el reparto inequitativo de la riqueza y la asimetría en el acceso a los bienes del saber científico, técnico y espiritual se mantendrán porque somos una estirpe condenada a la impotencia.

Si queremos cambiar la enseñanza tenemos que cambiar a los legisladores que desde el Congreso de la República promulgan la política educativa con el objetivo que los educandos sean simples depositarios de contenidos domesticadores, conformistas, de hábitos pasivos y de arribista indiferencia. La enseñanza tiene que ser impartida de manera pública por el Estado y que tenga por objetivo la formación de una ciudadanía humilde, de buen juicio, tolerante, alegre, curiosa, creativa, productiva y solidaria dedicada a la humanidad, la esperanza, la dignidad y la utopía de una Colombia mejor.      

Guillermo Navarrete Hernández

Esta semana el país registró, como tantas veces, un desastre en el barrio La Esneda, ubicado en límites con los municipios de Dosquebradas y Pereira, departamento de Risaralda. Una remoción en masa, fenómeno que se presenta habitualmente en zonas montañosas en donde procesos erosivos provocan deslizamientos de tierra, fue lo que ocurrió en este sector urbano, construido en zona de ladera, el cual hace parte de la Operación Urbana Integral del Río Otún, de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial de Dosquebradas.

El balance no deja de ser lamentable. Según la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres [UNGRD], fallecieron 16 personas, 36 resultaron heridas y 3 desaparecidas, al mismo tiempo que 68 viviendas tuvieron que ser evacuadas ante el riesgo de nuevos deslizamientos que pueden ocurrir en el sector.

El barrio en mención, localizado en la comuna 1 de Dosquebradas, se constituyó por el loteo, la venta cada uno de estos y la construcción de viviendas, desde el año 1958 hasta 1981, cuando fue legalizado, algunas de las cuales fueron ocupadas por un proceso de invasión. (Plan de Desarrollo del Barrio La Esneda, 2010).

Esta es una de muchas otras tragedias anunciadas a las que el Estado se hace el de la vista gorda. El Plan de Ordenamiento Territorial de Dosquebradas del año 2015 había establecido que dicho asentamiento, debía ser reubicado por el riesgo de encontrarse cerca de la montaña y por ocurrencia de “avenidas torrenciales”, es decir inundación, por su colindancia con el río Otún, el cual se desbordó por las intensas lluvias que se desataron por estos días en la región, además de las actividades que, según habitantes del sector, se realizaban en la parte alta del cerro y que hubieran podido ser suspendidas por las autoridades competentes. Lo paradójico es que en el año 1976 había ocurrido un evento similar con el fallecimiento de 71 personas (Infobae, 2022).

Los mensajes de condolencia y de solidaridad, al igual que los anuncios de inversiones millonarias para obras de mitigación y de reubicación de viviendas, ayudas a los damnificados -temporales claro está- no se dejan esperar, tal como sucedió en Mocoa, San Andrés y otras más que pudiera mencionar, de los que aún las víctimas se encuentran a la espera de que se les dé cumplimiento. Sin embargo, la retórica pasa a un segundo plano en relación con la materialidad de los acontecimientos, debido a que existen instrumentos normativos como los Planes de Ordenamiento Territorial, que cuentan con un diagnóstico preciso de las circunstancias que vive el territorio y obligan a las administraciones municipales para que a través de la identificación de proyectos adelanten acciones orientadas a generar bienestar a la población, particularmente la que se encuentra en alto grado de vulnerabilidad. Es el caso de las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo y del que hace referencia el presente escrito.

Es decir, que no es necesario esperar para que las inversiones se realicen postragedia, sino que en una acción preventiva de los actores estatales a los que les corresponde tomar decisiones técnicas, políticas, administrativas y presupuestales obren en un marco de responsabilidad y ética pública. Lo contrario es, ni más ni menos, la expresión del desastre de la desidia.