Hospitales garantizarán urgencias a risaraldenses trasladados de Medimás

La Gobernación de Risaralda a través de la Secretaría de Salud trabaja para que se continúe garantizando la prestación de servicios a los afiliados a Medimás en liquidación que son alrededor de 203 mil personas en el departamento y que desde el pasado 17 de marzo los usuarios fueron trasladados a ocho EPS.

En el momento, las EPS aún no han contratado a los hospitales de primer, segundo y tercer nivel de atención, pero la red pública atenderá a pacientes que requieran servicios de urgencias, mientras que los demás servicios se prestarán cuando la contratación esté firmada.

“Frente a los usuarios trasladados hemos venido trabajando fuertemente, lo primero que se realizó es una reunión con presencia de Superintendente de Salud y autoridades, luego otra con los gerentes y dos más con los municipios y se plantean varias inquietudes donde lo más importante para todos es la atención de los usuarios, que no tengan interrupción de los tratamientos, la entrega de medicamentos y que el paso a las EPS receptoras, seis de ellas existentes en el departamento y dos nuevas, sea sin ningún tipo de tropiezos y barreras en el acceso”, aseguró Javier Darío Marulanda, secretario de Salud de Risaralda.

El funcionario agregó que ese es el principal rol de las Secretarías de Salud tanto del departamento, los municipios y Direcciones Locales.

“Con los hospitales estamos buscando que se garantice la contratación con la red pública porque si no sería un golpe fatal para esta red que tanto nos ha servido durante muchos años y a los usuarios como tal”, agregó el Médico Marulanda.

Posición de los hospitales

La preocupación generalizada de las Empresas Sociales del Estado es que hasta el momento no se ha firmado la contratación con las EPS receptoras, pese a que los hospitales atendían la población de Medimás en los municipios.

“La salida de Medimás que tenía contratos y población en todo el departamento nos afecta a los hospitales de manera significativa, ya que los usuarios migraron a ocho EPS diferentes y algunas que no son de la región como es el caso de Comfenalco Valle y con todas ha habido muchas dificultades en el proceso de negociación”, dijo Fabian Hurtado, gerente Hospital Cristo Rey de Balboa.

Para los gerentes de los hospitales, las condiciones contractuales que están ofreciendo las EPS son muy desfavorables y pondría en riesgo las finanzas de la red pública.

“Para nosotros es una carga bastante pesada porque lo primero que debemos tener en cuenta es garantizar la atención en salud porque es un servicio básico de obligatoria prestación, en este momento estamos garantizando la atención de urgencias y esperamos prontamente llegar a acuerdos. Los hospitales aspiramos a nada diferentes a la contratación en iguales condiciones”, agregó el gerente.

“Preocupación porque se liquida una EPS que deja deudas y qué va a pasar de aquí adelante y con quién se concilia y quién paga. Hoy se fue Medimás y los usuarios que tiene la IPS de Marsella son muchos y no sabemos quién va a cubrir a los usuarios”, afirmó Alberto Rivera, alcalde de Marsella.

De acuerdo al Ministerio de Salud la garantía en la prestación de los servicios de salud está asegurada para la población objeto de traslado, y las EPS receptoras desde el 17 de marzo deben iniciar los trámites para ajustar su red, analizar la caracterización de la población y los datos de cada usuario para dar continuidad a la prestación de servicios de salud de los mismos.
 

La secretaría de Infraestructura prepara a los comunales Por las vías de la Paz

Con una serie de encuentros entre los presidentes de Juntas de Acción Comunal y el equipo social de la Secretaría de Infraestructura, se inició la socialización del proyecto Comunales por las Vías de la Paz, el cual contrata el mantenimiento rutinario de vías de tercer orden con las JAC y son las mismas comunidades. Estas invierten los recursos del convenio en necesidades identificadas por los mismos habitantes.

El coordinador del equipo social de la Secretaría de Infraestructura, Elkin Mauricio Ávila Osorio, les explicó a los asistentes que, debido a la Ley de Garantías que rige en todo el país, los convenios del presente año no se han firmado. Adicionalmente, en noviembre del 2021 se eligieron nuevos directivos y dignatarios de acción comunal en Colombia, cuyo periodo comenzó el 1 de febrero de 2022.

“En este momento la Secretaría de Gobierno de Caldas está emitiendo los autos de reconocimiento, con el fin de que tengan la documentación en regla para que puedan suscribir convenios solidarios con la Secretaría de Infraestructura a través del Secop II”, subrayó Ávila Osorio. Los recursos para esta vigencia serán de aproximadamente 1.800 millones de pesos.

Temas principales

Pácora, Aguadas, Supía y Aranzazu ya participaron en la socialización del proyecto, en el cual se explica detalladamente el funcionamiento del convenio solidario, documentos que deben ir tramitando para hacer parte del mismo. Además, se presentaron formalmente los funcionarios de zona que actúan como enlace entre la Secretaría de Infraestructura y la JAC para aclarar cualquier duda en la ejecución del contrato.

Federico Ospina Murillo, presidente electo de la JAC Palosanto de Salamina, indicó que su interés es “gestionar proyectos para mejorar la 

calidad de vida de los campesinos con unas vías adecuadas para sacar sus productos. También porque quiero una nueva formación a las generaciones de la vereda”.

Quienes por primera vez liderarán esta actividad en sus poblaciones estarán encargados de coordinar varias tareas en vías terciarias, entre ellas:

Rocería o descumbrada de árboles.
Limpieza de cunetas laterales.
Limpieza de alcantarillas.
Limpieza de bateas.
Limpieza de pontones y puentes.
Mantenimiento de muros secos.
Encauzamiento de pequeños cursos de agua.
Construcción de cunetas.

Incautan 13 celulares en uno de los patios de la cárcel Las Mercedes de Montería

Tras las denuncias registradas en el departamento de Córdoba por casos de extorsión, las autoridades realizaron una intervención conjunta en el patio quinto de la cárcel Las Mercedes de Montería, pues inteligencia policial ha advertido que la mayoría de situaciones registradas en esta sección del país provienen del penal.


“Esta intervención fue ejecutada mediante orden de registro y allanamiento, emanada por la Fiscalía 1ª Especializada delegada ante el Gaula, específicamente en el patio quinto del establecimiento penitenciario y carcelario Las Mercedes de la ciudad de Montería, teniendo en cuenta la información brindada por fuentes humanas que informaron que desde este patio, algunos internos se encontraban realizando llamadas telefónicas de carácter extorsivo a comerciantes, empresarios y comunidad en general de diferentes municipios del departamento de Córdoba y también a diferentes municipios del territorio Nacional”, informó la Policía.

“Durante las diligencias se logró la incautación de 13 teléfonos celulares, 13 sim card, 45 dosis de cocaína, 44 dosis de marihuana y 05 armas cortopunzantes. Cabe resaltar el hallazgo de un cuaderno en el que los internos tenían un 'libreto' para intimidar a las personas por medio de llamadas telefónicas y exigir cuotas extorsivas”, agregó la Policía.

Finalmente, las autoridades sostuvieron que “los teléfonos y demás accesorios incautados serán sometidos a análisis y extracción de datos, para establecer su relación con llamadas extorsivas y la comisión de otros delitos que afectan la seguridad ciudadana”.

La Policía indicó que en lo que va corrido del año se han realizado más de 10 denuncias por casos de extorsión en los 30 municipios del departamento de Córdoba.