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Pereira, Colombia -Edición: 12.902 - 482

Fecha: Martes 29 - 03 -2022

Columnista

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Reflexión agraria a candidatos presidenciales

2.022 – 2.026

 

Por: Ivan R. Pulido


A escasos 64 días para definir quien ocupara el solio de Bolívar, un importante grupo de profesionales del agro Colombiano, pretende mediante el presente escrito promover a debate público, los problemas que ha enfrentado el descuido estatal en referencia a: la tenencia de tierras, desbalance rural y urbano, la ganadería extensiva nociva, la deforestación acelerada, los créditos de fomento, los gastos agrarios no saludables, las desmedidas importaciones, la carestía de los insumos, resultado de políticas agrarias poco convincentes por tantos gobiernos, impuestas desde 1.990, bases de polémicas fórmulas impulsadas por organismos financieros internacionales, recopiladas en el denominado Consenso de Washington, cuyo propósito era superar el receso económico de 1.989, superando la productividad y competitividad agraria, con temas que incluían reducción del proteccionismo estatal, crecimiento económico, liberalización de importaciones y exportaciones, orientación de la moneda hacia la competencia internacional, diversificación de las exportaciones, reducción del gasto público, atracción de la inversión extranjera y favorecimiento de la empresa privada.

Cambios profundos que correspondieron a la emergencia de un nuevo modelo de desarrollo, caracterizado por menor intervención del Estado, reestructuración y políticas de ajuste estructural aplicadas al medio rural, dictamen originador de profundas reformas económicas, infortunadamente llenas de resultados que no significaron transito al desarrollo económico de la nación, más si, inequidad en la distribución del ingreso y ranking como país más desigual de la región.


Veredicto de obligante cumplimiento que ajustado al Plan Nacional de Desarrollo de la Ley 1450 de 2.011, obligaba a delegados gremios de la producción agraria colombiana, a la generación de empleo, reducción de la desigualdad regional, al desarrollo de bioeconomía sostenible y a la prosperidad del pueblo colombiano, organizaciones en gran parte indebidamente preparadas para el complejo manejo de la extensión y desarrollo rural a gran escala, con resultados poco satisfactorios, que hoy invitan al análisis para su repotencialización y eficiencia.


Menor intervención del estado sobre el sector primario que, derivo en serios coletazos en especial a pequeños y medianos productores de pocos recursos y tierras marginales, limitados al acceso de créditos, a la tenencia de tierras, a la asistencia técnica, a los mercados, a los centros de acopio, a la generación de tecnología, extensión y al desarrollo rural apropiado.


Frente a lo relacionado causa verdadera extrañeza, el que tras tantos debates realizados en las recientes elecciones legislativas del 13 de marzo, el tema agrario haya sido tan superficialmente nombrado, e insignificantemente analizado, situación que invita a pensar que la clase política colombiana desconoce o no le interesa, ni el esencial tema

 

 

de la producción de alimentos, ni los aproximados 15 millones de productores y 300.000 entre profesionales y técnicos agrarios que perimetralmente rodean ese sector productivo básico que a nuestro criterio, es el motor para la reactivación económica y base del equilibrio para lo rural y urbano, que hoy infortunadamente ronda en su gran mayoría en la improductividad, por causas de políticas no bien estructuradas a futuro, que tras tantos años de evolución, no han resultado significativas para el desarrollo rural nacional.


Realidad por la cual, consideramos urgente emprender un inteligente giro, que promueva a la reflexión de quienes ostentan el poder presidencial para reconstruir el sistema productivo nacional agrario, empeñados en el progreso económico colombiano, habida cuenta de las siguientes hipótesis:


1.- Censo nacional agrario. -
De urgente necesidad el conocimiento actualizado de la estructura del sector rural, que integre la superficie de las explotaciones, tenencia y uso de la tierra, estructuras productivas tecnificadas, recursos naturales implicados, acceso a la extensión y desarrollo rural, asistencia técnica y en general las cifras que requieran para planear, tomar decisiones y formular políticas coherentes en favor del desarrollo y progreso colombiano.


Un inventario real y sus soportes se constituyen en las herramientas esenciales para el establecimiento de las estructuras tecnológicas que determinen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en cualquier proyecto productivo que se requiera implementar.


2.- Reforma agraria. -
Colombia es el país latinoamericano mayormente afectado por conflictos y guerras, que ponen en riesgo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de su comunidad campesina.

Por ello muy importante para el restablecimiento de la paz, la distribución equitativa de la tierra, hoy caracterizada por alta concentración en pocas manos, que en su razón implica la necesidad de reparto para la comunidad campesina, acompañado de asesoría técnica, créditos blandos y venta asegurada de cosechas con contratos forward.

Que por otro lado, en honor a la justicia les retorne las tierras usurpadas, blindadas con la seguridad estatal requerida para su regreso pacifico a la productividad, situación de urgente reevaluación para políticas de estado del nuevo gobierno, que promuevan arraigo y el retorno campesino a sus tierras de origen, en favor de la tan hoy amenazada soberanía alimentaría Colombiana.

3- Investigación, ciencia, innovación y tecnología. -
La productividad y competitividad agraria, fundamentalmente materializa su logro, con la implementación de ciencia, innovación y actualización tecnológica, herramientas básicas para la eficiencia, que a nuestro criterio, debe financiar y desarrollar el estado.


Un estado sin ciencia está condenado a fracasar, desafortunadamente los Institutos de Investigación hoy, se ven relegados a mendigar los escasos fondos para la experimentación, por la burocratización y politización estatal que pretende reducirla a su mínima expresión.


Muy en especial demostrada dicha disminución presupuestal de la Nación para los servicios de extensión rural, la asignación de las UMATAS a los municipios, clientelistas y fallidas en sus objetivos por los reducidos presupuestos municipales, que les impiden su desarrollo.

 

 


4.- Reestructuración del instituto colombiano agropecuario – ica. -


El ICA único ente de investigación, tras el modelo de privatización estatal, fue reestructurado en 1.991, para transferir a particulares la generación de la tecnología agropecuaria, reasignando la planificación, generación de tecnología agraria y distribución presupuestal a CORPOICA, corporación mixta de derecho privado, entidad en camino a la crisis, por no haber logrado el sector privado cumplir con el rol asignado, obligándola al rebusque de escasos presupuestos en Colciencias y Ministerio de Agricultura; quedando solo el ICA con labores de regulación, prevención y control sanitario.


Vale mencionar el significativo desequilibrio de competitividad entre Colombia y los países suscriptores de los TLC, ocasionado por el descuido de la inversión en ciencia, innovación, tecnología y capacitación del talento humano en ciencias agrarias para competir, culpa del escaso presupuesto estatal anual para el sector productivo nacional delegado, situación palpable a la fecha, tras la aprobación estatal de 1,6 billones de pesos como presupuesto para la totalidad de la actividad agropecuaria colombiana de 2.022, cifra que se traduce en solo un 0,45% del PIB.

 


5.- Tratados de libre comercio y nefastos efectos. -


Cumplidos varios años del inicio formal del TLC entre Colombia y Estados Unidos, a simple vista, se reflejan los profundos abismos que han enfrentado los productos agropecuarios colombianos, al nunca haber superado los indicadores de su atraso tecnológico, resultados que finalizaron en la conducción de la agricultura colombiana a la improductividad, ostentada hoy por más de siete millones de hectáreas en ocio, tendencia a perdurar y a generar mayor retroceso, por la afectación significativa de la canasta familiar colombiana al incremento de los insumos agropecuarios que en algunos casos rondan los 150%, que junto al valor del dólar por los $3.800 pesos, igualmente están afectado la inflación colombiana por los pagos en esa moneda de los productos que importamos, redundando el encarecimiento de los costos de vida en algunos casos mayores al 30%.


Vale reflexionar la flexibilidad y tolerancia de los negociadores del gobierno colombiano en su época de los acuerdos, que permitieron el ingreso de miles de toneladas de productos sin aranceles, provocando menores ingresos a la balanza por ello y simultanea competencia desleal a nuestros desmotivados productores locales.


Inconcebible, el que en plena negociación los asesores colombianos no se hubiesen percatado de la solidez de la economía estadounidense y detectado las desigualdades de nuestro vulnerable sector agropecuario en precoz crecimiento y sin miras de apoyo por parte de nuestros gobernantes a promover su competitividad.


Se concluye previa a la negociación Colombia mártir de los TLC, con nefastas consecuencias para los productores de cultivos semestrales de algodón, sorgo, soya, maní, ajonjolí, cebada, trigo, maíz, borrados del panorama unos totalmente y otros en forma parcial desde 1.990.
Circunstancias de desigualdad que desestabilizaron la producción, desmotivaron a los productores, disminuyeron las siembras, redujeron el empleo, se desplazaron a las ciudades, ingresaron a siembras ilegales, y otro sin fin de coletazos sociales que agrandaron el problema, aun en vilo, sin soluciones reparadoras.

 

 

 

      

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