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Reflexión agraria a candidatos
presidenciales
2.022 – 2.026
Por: Ivan R. Pulido
A escasos 64 días para definir quien ocupara el solio de Bolívar, un
importante grupo de profesionales del agro Colombiano, pretende
mediante el presente escrito promover a debate público, los
problemas que ha enfrentado el descuido estatal en referencia a: la
tenencia de tierras, desbalance rural y urbano, la ganadería
extensiva nociva, la deforestación acelerada, los créditos de
fomento, los gastos agrarios no saludables, las desmedidas
importaciones, la carestía de los insumos, resultado de políticas
agrarias poco convincentes por tantos gobiernos, impuestas desde
1.990, bases de polémicas fórmulas impulsadas por organismos
financieros internacionales, recopiladas en el denominado Consenso
de Washington, cuyo propósito era superar el receso económico de
1.989, superando la productividad y competitividad agraria, con
temas que incluían reducción del proteccionismo estatal, crecimiento
económico, liberalización de importaciones y exportaciones,
orientación de la moneda hacia la competencia internacional,
diversificación de las exportaciones, reducción del gasto público,
atracción de la inversión extranjera y favorecimiento de la empresa
privada.
Cambios profundos que correspondieron a la emergencia de un nuevo
modelo de desarrollo, caracterizado por menor intervención del
Estado, reestructuración y políticas de ajuste estructural aplicadas
al medio rural, dictamen originador de profundas reformas
económicas, infortunadamente llenas de resultados que no
significaron transito al desarrollo económico de la nación, más si,
inequidad en la distribución del ingreso y ranking como país más
desigual de la región.
Veredicto de obligante cumplimiento que ajustado al Plan Nacional de
Desarrollo de la Ley 1450 de 2.011, obligaba a delegados gremios de
la producción agraria colombiana, a la generación de empleo,
reducción de la desigualdad regional, al desarrollo de bioeconomía
sostenible y a la prosperidad del pueblo colombiano, organizaciones
en gran parte indebidamente preparadas para el complejo manejo de la
extensión y desarrollo rural a gran escala, con resultados poco
satisfactorios, que hoy invitan al análisis para su
repotencialización y eficiencia.
Menor intervención del estado sobre el sector primario que, derivo
en serios coletazos en especial a pequeños y medianos productores de
pocos recursos y tierras marginales, limitados al acceso de
créditos, a la tenencia de tierras, a la asistencia técnica, a los
mercados, a los centros de acopio, a la generación de tecnología,
extensión y al desarrollo rural apropiado.
Frente a lo relacionado causa verdadera extrañeza, el que tras
tantos debates realizados en las recientes elecciones legislativas
del 13 de marzo, el tema agrario haya sido tan superficialmente
nombrado, e insignificantemente analizado, situación que invita a
pensar que la clase política colombiana desconoce o no le interesa,
ni el esencial tema
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de la producción de alimentos, ni los aproximados
15 millones de productores y 300.000 entre profesionales y técnicos
agrarios que perimetralmente rodean ese sector productivo básico que
a nuestro criterio, es el motor para la reactivación económica y
base del equilibrio para lo rural y urbano, que hoy infortunadamente
ronda en su gran mayoría en la improductividad, por causas de
políticas no bien estructuradas a futuro, que tras tantos años de
evolución, no han resultado significativas para el desarrollo rural
nacional.
Realidad por la cual, consideramos urgente emprender un inteligente
giro, que promueva a la reflexión de quienes ostentan el poder
presidencial para reconstruir el sistema productivo nacional
agrario, empeñados en el progreso económico colombiano, habida
cuenta de las siguientes hipótesis:
1.- Censo nacional agrario. -
De urgente necesidad el conocimiento actualizado de la estructura
del sector rural, que integre la superficie de las explotaciones,
tenencia y uso de la tierra, estructuras productivas tecnificadas,
recursos naturales implicados, acceso a la extensión y desarrollo
rural, asistencia técnica y en general las cifras que requieran para
planear, tomar decisiones y formular políticas coherentes en favor
del desarrollo y progreso colombiano.
Un inventario real y sus soportes se constituyen en las herramientas
esenciales para el establecimiento de las estructuras tecnológicas
que determinen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
en cualquier proyecto productivo que se requiera implementar.
2.- Reforma agraria. -
Colombia es el país latinoamericano mayormente afectado por
conflictos y guerras, que ponen en riesgo los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales de su comunidad campesina.
Por ello muy importante para el restablecimiento de la paz, la
distribución equitativa de la tierra, hoy caracterizada por alta
concentración en pocas manos, que en su razón implica la necesidad
de reparto para la comunidad campesina, acompañado de asesoría
técnica, créditos blandos y venta asegurada de cosechas con
contratos forward.
Que por otro lado, en honor a la justicia les retorne las tierras
usurpadas, blindadas con la seguridad estatal requerida para su
regreso pacifico a la productividad, situación de urgente
reevaluación para políticas de estado del nuevo gobierno, que
promuevan arraigo y el retorno campesino a sus tierras de origen, en
favor de la tan hoy amenazada soberanía alimentaría Colombiana.
3- Investigación, ciencia, innovación y tecnología. -
La productividad y competitividad agraria, fundamentalmente
materializa su logro, con la implementación de ciencia, innovación y
actualización tecnológica, herramientas básicas para la eficiencia,
que a nuestro criterio, debe financiar y desarrollar el estado.
Un estado sin ciencia está condenado a fracasar, desafortunadamente
los Institutos de Investigación hoy, se ven relegados a mendigar los
escasos fondos para la experimentación, por la burocratización y
politización estatal que pretende reducirla a su mínima expresión.
Muy en especial demostrada dicha disminución presupuestal de la
Nación para los servicios de extensión rural, la asignación de las
UMATAS a los municipios, clientelistas y fallidas en sus objetivos
por los reducidos presupuestos municipales, que les impiden su
desarrollo.
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4.- Reestructuración del instituto colombiano agropecuario – ica.
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El ICA único ente de investigación, tras el modelo de privatización
estatal, fue reestructurado en 1.991, para transferir a particulares
la generación de la tecnología agropecuaria, reasignando la
planificación, generación de tecnología agraria y distribución
presupuestal a CORPOICA, corporación mixta de derecho privado,
entidad en camino a la crisis, por no haber logrado el sector
privado cumplir con el rol asignado, obligándola al rebusque de
escasos presupuestos en Colciencias y Ministerio de Agricultura;
quedando solo el ICA con labores de regulación, prevención y control
sanitario.
Vale mencionar el significativo desequilibrio de competitividad
entre Colombia y los países suscriptores de los TLC, ocasionado por
el descuido de la inversión en ciencia, innovación, tecnología y
capacitación del talento humano en ciencias agrarias para competir,
culpa del escaso presupuesto estatal anual para el sector productivo
nacional delegado, situación palpable a la fecha, tras la aprobación
estatal de 1,6 billones de pesos como presupuesto para la totalidad
de la actividad agropecuaria colombiana de 2.022, cifra que se
traduce en solo un 0,45% del PIB.
5.- Tratados de libre comercio y nefastos efectos. -
Cumplidos varios años del inicio formal del TLC entre Colombia y
Estados Unidos, a simple vista, se reflejan los profundos abismos
que han enfrentado los productos agropecuarios colombianos, al nunca
haber superado los indicadores de su atraso tecnológico, resultados
que finalizaron en la conducción de la agricultura colombiana a la
improductividad, ostentada hoy por más de siete millones de
hectáreas en ocio, tendencia a perdurar y a generar mayor retroceso,
por la afectación significativa de la canasta familiar colombiana al
incremento de los insumos agropecuarios que en algunos casos rondan
los 150%, que junto al valor del dólar por los $3.800 pesos,
igualmente están afectado la inflación colombiana por los pagos en
esa moneda de los productos que importamos, redundando el
encarecimiento de los costos de vida en algunos casos mayores al
30%.
Vale reflexionar la flexibilidad y tolerancia de los negociadores
del gobierno colombiano en su época de los acuerdos, que permitieron
el ingreso de miles de toneladas de productos sin aranceles,
provocando menores ingresos a la balanza por ello y simultanea
competencia desleal a nuestros desmotivados productores locales.
Inconcebible, el que en plena negociación los asesores colombianos
no se hubiesen percatado de la solidez de la economía estadounidense
y detectado las desigualdades de nuestro vulnerable sector
agropecuario en precoz crecimiento y sin miras de apoyo por parte de
nuestros gobernantes a promover su competitividad.
Se concluye previa a la negociación Colombia mártir de los TLC, con
nefastas consecuencias para los productores de cultivos semestrales
de algodón, sorgo, soya, maní, ajonjolí, cebada, trigo, maíz,
borrados del panorama unos totalmente y otros en forma parcial desde
1.990.
Circunstancias de desigualdad que desestabilizaron la producción,
desmotivaron a los productores, disminuyeron las siembras, redujeron
el empleo, se desplazaron a las ciudades, ingresaron a siembras
ilegales, y otro sin fin de coletazos sociales que agrandaron el
problema, aun en vilo, sin soluciones reparadoras.
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