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Corte Constitucional
estudiará las medidas de protección de líderes sociales
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para agilizar también los actos de levantamiento urgentes pues
hasta el momento los cuerpos permanecen en el lugar", indicó el personero
municipal.
Las personas fallecidas son oriundas de la zona, "son campesinos reconocidos en
la zona, dedicados a cuidar fincas", puntualizó Villate.
Las otras cinco personas, fueron trasladados al hospital San Antonio de Tame,
entre ellos, un hombre con impactos de arma de fuego en la espalda, quien fue
remitido al hospital de Saravena, además, dos mujeres y dos menores de edad,
quienes presentan algunas laceraciones producto del ataque armado.
Estas personas se trasladaban a bordo de un vehículo Vitara color gris y según
se pudo conocer, el ataque habría sido perpetrado por presuntos integrantes de
las disidencias de las Farc que delinquen en esta zona del departamento de
Arauca.
Grupo armado deja abandonado un vehículo
Salida del casco urbano del municipio de Hacarí fue interceptado un bus de
transporte público por varios hombres armados, quienes obligaron a los pasajeros
a bajarse y al parecer instalaron explosivos.
"Este incidente se registró muy cerca del hogar juvenil campesino en donde
varios hombres armados con brazaletes de las disidencias de las Farc
interceptaron el bus de la empresa Cootransunidos que había salido de Hacarí con
destino a Ocaña", dijo Carlos Contreras pasajero del vehículo.
Ante lo registrado el alcalde del municipio de Hacarí, Dimar Barbosa, dijo a RCN
Mundo que se espera la llegada de las autoridades con el objetivo de corroborar,
sí se trata realmente de un carro bomba.
"Es muy compleja esta situación que vivimos en la zona del Catatumbo, por las
acciones violentas de los diversos grupos armados que lograr crear traumatismo
en la movilidad vía y pánico en la población", dijo el alcalde de Deiby Bayona.
Agregó el mandatario que la instalación del posible carro bomba impide el paso
normal de vehículos que viajan con destino a Ocaña, afectando a estudiantes,
docentes, trabajadores, pacientes que son movilizados a través de ambulancias.
"Es una situación preocupante porque fue ubicado en una vía que comunica con el
hogar campesino, un centro educativo a donde acuden aproximadamente 100 niños y
adolescentes a estudiar que viven en diversas veredas de Hacarí", dio Bayona.
Igualmente, el mandatario realizó un llamado a los diversos grupos armados, para
no involucrar a la población civil, pues señala que la gente está cansada de
diversas acciones violentas que originan desplazamiento masivo de familias
campesinas.
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Con el objetivo de estudiar las medidas que protegen a los
activistas de derechos humanos del país, la Corte Constitucional
citó a una audiencia pública para evaluar la situación. Se indicó
que, en especial, se revisarán nueve tutelas interpuestas por 18
ciudadanos que aseguran que el Estado está permitiendo que se
vulneren sus derechos. El espacio se realizará desde las 8: 00 a. m.
del jueves 28 de abril de forma virtual.
“La Corte Constitucional, mediante Auto 538 de 2022, convocó a una
audiencia pública dentro del proceso de tutela T-8.018.193 y
acumulados. La sesión técnica se realizará de manera virtual el
jueves 28 de abril de 2022, a partir de las ocho de la mañana, y
será transmitida por todos los canales y redes sociales de la
corporación judicial. El asunto versa sobre nueve acciones de tutela
presentadas por 18 ciudadanos que se identifican como población
líder y defensora de derechos humanos contra varias autoridades
estatales”, indicó la Corte.
Las entidades del Estado que están bajo la lupa de la Corte son la
Presidencia de la República, el Ministerio del Interior (MinInterior),
la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa (MinDefensa),
la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Procuraduría General de
la Nación. Según los accionantes, estas dependencias no han cumplido
con fallos emitidos previamente que buscaban proteger la vida de los
defensores.
Los 18 líderes sociales que interpusieron las tutelas aseguraron que
su integridad se está viendo afectada por varios motivos, entre
ellos que la UNP no le ha proporcionado a todos el esquema de
protección, y otros, aunque el Estado sí les ha brindado el esquema,
afirmaron que esto no ha sido suficiente. Señalaron que los planes
de seguridad no han sido eficaces y no tienen enfoque diferencial de
género, étnico racial, cultural, ni territorial.
Este último señalamiento, a su vez, representa otro problema para
los activistas, pues ha afectado la representación de las
colectividades y contribuye a la estigmatización sistemática de la
cual son víctimas. Señalan que para esta problemática no hay
políticas concretas.
Así las cosas, la Corte Constitucional indicó que en la audiencia
abarcará cuatro ejes temáticos:
1. La situación actual de protección a la vida y la integridad de la
población líder y defensora de derechos humanos.
2. Las medidas legislativas, administrativas y presupuestales
adoptadas por el Estado para efectos de implementar una política
pública de protección la población líder y defensora de derechos
humanos.
3. La efectividad de las rutas de protección y de las medidas para
garantizar la vida y la integridad de la población líder y defensora
de derechos humanos y de grupos, colectivos y/o comunidades que
tienen por objeto la defensa de los derechos humanos en Colombia.
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4. La garantía de protección a la vida y a la integridad de la
población líder y defensora de derechos humanos acorde con el
Acuerdo Final para la Paz.
Para exponer su versión acerca de cada uno de los problemas que
inquietan a la Corte, las entidades del Estado que figuran en las
demandas y otras como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de
Hacienda (MinHacienda), la Federación Colombiana de Municipios y la
Gobernación del Cauca deberán participar en la audiencia.
Además, los representantes legales de los accionantes y algunas
organizaciones de derechos humanos como la Consultoría para los
derechos humanos y el desplazamiento (Codhes), la ONG SOMOS
Defensores, la Misión de Verificación de Naciones Unidas, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONG Human Rights
Watch también están citados. Incluso, el negociador del Acuerdo
Final de Paz y congresista electo Humberto de la Calle Lombana,
también deberá participar.
Masacre en Tame, Arauca, dejó cuatro
muertos
Sin tregua el nuevo hecho de violencia se registró en el
departamento de Arauca, se trata de una masacre en la que perdieron
la vida dos adultos y dos menores de edad pertenecientes a una misma
familia.
De acuerdo con lo confirmado por el personero del municipio de Tame,
Juan Carlos Villate, los hechos se registraron aproximadamente a las
10 de la noche de este domingo, en la vía que comunica a Santo
Domingo con Puerto Rondón muy cerca a un caserío.
En esa zona se transportaban nueve personas, entre las que estaban
varios niños, cuando fueron víctimas de un ataque con armas de fuego
de largo alcance. El hecho dejó como saldo la muerte de dos adultos
y dos menores (una niña de 5 años y un niño de 8 años).
"La situación es crítica se trata de una familia que se trasladaba
al municipio de Puerto Rondón y en el tránsito fueron atacados por
hombres armados, cuyas balas alcanzaron a una niña de 5 y un niño de
11 años y dos adultos. Hay cinco personas heridas, estamos
acompañando a los familiares
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