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Extradición a EE.UU.
de alias Otoniel, exjefe del Clan del Golfo
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esto, la próxima semana se hará
otra mesa de seguimiento y preventiva para saber en qué va y qué decisiones se
pueden tomar”, informó la secretaria.
Finalmente, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, puso
sus esperanzas en los organismos de control para solucionar las dificultades y
hacerle control al operador.
Diego Molano, seguirá en su cargo
Por tercera vez, el ministro de Defensa, Diego Molano, salió bien librado de una
moción de censura convocado por la Cámara de Representantes. Con 28 votos a
favor y 116 en contra, el funcionario seguirá en su cargo.
Molano fue citado a moción de censura por el presunto caso de ejecuciones
extrajudiciales, también conocidas como ‘falsos positivos’, que habría ocurrido
a finales de marzo en Putumayo.
El presidente, Iván Duque, informó el pasado 28 de marzo que 11 disidentes de
las FARC murieron en una operación de las Fuerzas Militares en Puerto Leguízamo
(Putumayo), en la que fueron detenidas cuatro personas más, incluida una mujer
embarazada.
Sin embargo, con el paso de los días salieron a la luz testimonios de familiares
y miembros de la comunidad en investigaciones periodísticas publicadas en El
Espectador, la Revista Cambio y el medio Vorágine que constatan que algunos de
los muertos no eran guerrilleros de las disidencias de las FARC.
Durante el debate de moción de censura celebrado la semana pasada, la
representante Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, cargó contra Molano
al que le dijo: "¿cuántos hombres, mujeres, embarazadas y niños asesinados
necesita usted en su hoja de vida para que asuma la responsabilidad y renuncie a
su cargo?".
La congresista le recordó al ministro que este fue el tercer debate de moción de
censura por sus posibles violaciones a los derechos humanos y que según
investigaciones solamente una de las 11 personas muertas en el operativo militar
tenía relación con actividades ilícitas.
Por otra parte y ante el aplazamiento por segunda vez del debate de moción de
censura en el Senado, los congresistas opositores Iván Cepeda, Angélica Lozano y
Antonio Sanguino anunciaron en una rueda de prensa que denunciarán al ministro
de Defensa ante el relator especial de Naciones Unidas por ejecuciones de
civiles cometidas por el Ejército bajo su liderazgo.
En esa línea, denunciaron hoy nuevos supuestos casos de "falsos positivos", como
se conocen estas ejecuciones en el país.
Los senadores revelaron un video en el que se ve a soldados manipular el cadáver
de un líder campesino que salió a protestar contra la presencia militar en una
operación contra la deforestación en el departamento de Caquetá (sur), algo que
solo puede hacer la Fiscalía que es la autoridad competente.
La comunidad señaló que el Ejército disparó contra el campesino, identificado
como Julián Suárez, porque supuestamente iba armado, algo que la comunidad
califica de falso.
El otro caso sucedió en el departamento caribeño de Bolívar (norte), donde,
dicen los denunciantes, un campesino de 77 años murió en una operación militar y
fue presentado por las autoridades como miembro del Clan del Golfo, la principal
banda criminal del país. |
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Después de varias semanas en una diatriba con respecto al peligroso
narcojefe, es requerido por una Corte de la Florida por los delitos
de narcotráfico, tráfico de armas y homicidio selectivo. Trató de
evitar su envío con movidas judiciales como acciones de tutela que
dilataron por meses el trámite.
Pareciera que ha llegado el momento de rendirle cuentas a la
justicia y recordarle sus crímenes a Dairo Antonio Úsuga David,
alias Otoniel. El excomandante del Clan del Golfo se montará en
próximas horas a un avión rumbo a los Estados Unidos donde deberá
responder en juicio ante la Corte del Distrito Sur de la Florida,
por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas y homicidio
selectivo.
En el indictment (escrito de acusación) la Corte señala que
‘Otoniel’ lideró una extensa guerra con otros narcotraficantes con
el fin de controlar las rutas para el envío de cocaína y el control
territorial. Estas acciones delictivas se presentaron en el Urabá
antioqueño.
En esta guerra varios narcotraficantes fueron asesinados por orden
de ‘Otoniel’ quien quería imponer un régimen de terror. Para
aumentar su poder creó nexos con organizaciones delincuenciales en
Venezuela, Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica,
Nicaragua, México y Estados Unidos.
En uno de los apartes del escrito de hace referencia al hecho que el
narcotraficante se expone a una cadena perpetua, sin embargo, esto
está prohibido por el tratado de extradición formado entre los
Estados Unidos y Colombia.
Otoniel, quien fue capturado el 25 de octubre de 2021, había
utilizado todo tipo de recursos judiciales para entorpecer su
extradición. Entre estos se encontraban recusaciones al magistrado
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que
estudiaban el requerimiento y un sometimiento ante la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP).
Justamente, este martes el equipo jurídico del narcotraficante había
presentado una reposición alegando la vulneración de sus derechos al
debido proceso y a la defensa. Esto al considerar que se le iba a
juzgar dos veces por un mismo hecho, lo cual está prohibido por la
Constitución Política y la ley.
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Quindío cancelará contrato de
proveedores de alimentos
Se dejo escuchar que la secretaria de Educación departamental,
Liliana María Sánchez Villada, manifestó su preocupación por lo que
implicaría una nueva licitación del Programa de Alimentación
Escolar, PAE, en caso de llegar a cancelarse el contrato al actual
operador, la unión temporal ‘Unidos somos más Quindío’.
“Todos sabemos lo demorado que puede llegar a ser una licitación y
los perjudicados serían nuestros estudiantes —30.730 en total—,
serían, más o menos, 40 a 45 días en los que no habría alimentación
en 11 de los 12 municipios quindianos —Armenia no está incluida—”,
indicó la funcionaria.
El gobierno departamental convocó ayer a una mesa preventiva a la
Contraloría General de la República, CGR, y a la Procuraduría
General de la Nación, PGN, para que actúen ante las supuestas
irregularidades por parte del operador de este programa.
“Las autoridades recibieron el informe, pero no sabemos qué
decisiones vayan a tomar el procurador y la contralora; este es el
debido proceso que nosotros como ente territorial tenemos que
realizar para darle el curso al convenio adquirido por licitación
pública, no se trata de una suspensión unilateral por parte de la
secretaría de Educación o el gobernador o de terminarlo, no, esta no
es nuestra competencia y eso amerita el procedimiento estatal que
como funcionarios debemos respetar”, señaló Sánchez Villada.
La jefe de la cartera educativa aseguró que el monto del contrato,
por $9.000 millones, no se ha desembolsado al operador porque el
sistema solo permite un pago por lo hecho a cabalidad y en
cumplimiento con todos los requerimientos.
La secretaria de Educación dio a conocer las conclusiones de la mesa
preventiva que se hizo ayer con la Contraloría y la Procuraduría, el
operador y el gobierno seccional.
“El operador se comprometió a que mañana estaría cumpliendo a la
perfección con su objeto de contrato que es el entregar a tiempo los
insumos del PAE a las instituciones educativas del departamento. Él
justificó su incumplimiento en la falta de proveedores, en el
invierno y las dificultades terrestres por las vías y lluvias que
afectan el tránsito de los vehículos y, después de
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