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Chile presentó la candidatura al Consejo de DD. HH.
de la ONU
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Tanto Ortega como Murillo se han referido a los sacerdotes
con calificativos de “fariseos”, “diablos con sotana” y
“terroristas”, entre otros.
Hasta ahora, la jerarquía católica de Nicaragua no ha hecho
comentarios a la iniciativa legislativa del régimen.
La presidenta de la Comisión de Justicia del parlamento, diputada
sandinista María Auxiliadora Martínez aseguró que hay “consenso”
para reformar el Código Penal y justificó la mención explícita de
los religiosos y defensores de derechos humanos en el informe porque
“el carácter en que cometieron los delitos no fue como pastores, ni
representantes de Cristo, tampoco buscando cómo proteger y defender
los derechos humanos sino con saña y odio a la militancia sandinista
y a toda persona relacionada con el Gobierno de Unidad y
Reconciliación Nacional”.
El informe propone un incremento de 15 a 20 años de privación de
libertad para la pena por el delito “menoscabo a la integridad
nacional” e introduce la figura jurídica de “extinción de dominio”
que significaría confiscar los bienes de los acusados.
La Constitución Política de Nicaragua prohíbe expresamente la
confiscación de bienes. “Se prohíbe la confiscación de bienes. Los
funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus
bienes en todo tiempo por los daños inferidos”, dice en su artículo
44.
“Con esta reforma están reviviendo la figura de la confiscación,
nada más que de manera disimulada”, afirma Pablo Cuevas, director
global de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, que
trabaja desde el exilio. “Mediante artimañas están reformando el
Código Penal lo cual es involución con respecto a los derechos
humanos con el objeto de castigar a quienes critican, señalan o
cuestionan la autoridad el partido sandinista o de la autoridad
presidencial”.
Argentina detectó el
primer caso de hepatitis de origen desconocido
Referencial
La enfermedad ha causado la muerte de cuatro niños, según el balance
de la OMS sobre 228 casos informados hasta el 1 de mayo.
Argentina reportó el primer caso de un niño diagnosticado con una
misteriosa hepatitis cuyo origen está bajo estudio de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) tras registrarse en al menos
209 países, informó la cartera sanitaria.
El caso corresponde a un niño de 8 años "con un cuadro de hepatitis
aguda grave de origen desconocido" internado en el Hospital de Niños
de la la ciudad de Rosario, a 340 km al norte de Buenos Aires.
Esta hepatitis produce ictericia, diarrea, vómitos y dolores
abdominales y en los casos severos ha requerido un trasplante de
hígado.
La enfermedad ha causado la muerte de cuatro niños, según el balance
de la OMS sobre 228 casos informados hasta el 1 de mayo.
La mayoría de los casos han sido reportados en Europa, sobre todo en
el Reino Unido, que informó sobre 74 niños con esa enfermedad
hepática.
Autoridades sanitarias de Estados Unidos analizan si el origen puede
ser un patógeno llamado adenovirus 41. |
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La canciller de Chile, Antonia Urrejola, presentó este jueves de
forma oficial la candidatura del país para formar parte del Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para el periodo
2023-2025.
La titular de Exteriores destacó que es una muestra "del interés que
tiene el presidente (Gabriel) Boric de que Chile vuelva a ejercer un
liderazgo en los foros internacionales", con énfasis, entre otras
temáticas, en derechos humanos.
"Todos los países violan los derechos humanos, el tema es cómo los
países enfrentan esas violaciones, y me parece que Chile en este
nuevo gobierno está absolutamente comprometido con enfrentar las
violaciones a los derechos humanos", dijo Urrejola durante la
presentación oficial de la candidatura chilena.
"Desde el punto de vista internacional (Chile) es un país que está
completamente abierto al escrutinio internacional, lo que creo que
da al final un ejemplo frente a la comunidad internacional", agregó
la canciller.
La elección para el Consejo de DD. HH. de la ONU, compuesto por 47
Estados miembros, se realizará en octubre y estará a cargo de la
Asamblea General del organismo internacional.
Urrejola señaló que el gobierno está "muy confiado" de su capacidad
de ser elegido, aunque destacó que "no es fácil" porque "hay muchas
razones en las votaciones obviamente que más allá también de las
causas de los derechos humanos".
"Es una elección que va a estar marcada también por razones
geopolíticas (...) Por eso queremos hacer énfasis en el compromiso
que tenemos en derechos humanos", indicó la ministra.
También afirmó que Chile es consciente de los problemas internos que
tiene el país en esta materia, como los problemas del Estado con los
pueblos originarios y temas de "memoria y justicia" con víctimas de
la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
También las violaciones a los derechos humanos acusadas por
organismos y organizaciones internacionales durante las protestas
sociales originadas el 18 de octubre de 2019 en todo el país. Al
menos 34 personas murieron, miles resultaron heridos y hubo decenas
de denuncias por detenciones ilegales, abuso policial y torturas.
"Como país estamos conscientes absolutamente que tenemos nuestros
propios problemas en cuestión de derechos humanos", dijo Urrejola al
respecto.
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Ortega busca enjuiciar a sacerdotes
y confiscar los bienes
EFE
Gobierno de Daniel Ortega se encamina a enjuiciar sacerdotes y
confiscar los bienes de los opositores acusados de “traición a la
patria” a través de reformas al Código Penal que buscan, según el
abogado Pablo Cuevas, defensor de derechos humanos, “instalar más
miedo, más persecución y más acciones abusivas” en Nicaragua.
Este miércoles, el parlamento nicaragüense, controlado por el
gobernante partido sandinista, aprobó un informe de trabajo de las
comisiones de Justicia y Gobernación para endurecer las penas a las
personas condenadas por el delito de “menoscabo a la integridad
nacional” también llamada “traición a la patria”, la figura más
recurrente del régimen para apresar y procesar opositores.
En el último año, unos 50 líderes opositores, empresarios,
periodistas y críticos del régimen fueron detenidos y condenados en
una ola represiva a través de la cual Ortega buscaba eliminar a la
oposición y llegar a las elecciones generales de noviembre 2021 sin
competencia alguna. La gran mayoría de ellos fueron condenados por
el delito de “menoscabo a la integridad nacional”. Siete de los
presos políticos son personas que intentaron ser candidatos
presidenciales para enfrentar a Ortega.
El informe, denominado “Análisis de las normas jurídicas aplicables
a las personas que cometen delitos de menoscabo a la integridad
nacional, crímenes de odio, entre otros”, fue aprobado por los
diputados con 77 votos a favor, 11 abstenciones y tres presentes, y
propone judicializar a sacerdotes, directores de organizaciones de
derechos humanos y confiscar bienes a quienes se involucran en las
protestas contra el régimen de Daniel Ortega, que en el documento
llaman “aventura golpista”.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha responsabilizado a
la iglesia católica de la rebelión ciudadana de 2018, por la actitud
crítica que mantuvo hacia su gestión y la protección que brindaron
algunas iglesias a las personas que protestaban.
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