Pereira, Colombia - Edición: 12.928-508

Fecha: Sábado 28-05-2022

COLUMNISTA

Por: Carlos Alberto Ricchetti

La penosa noticia de que las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo no tendrán auditoria internacional, curiosamente no acabó de prender las alarmas sobre la altísima posibilidad de fraude electoral, si se tienen en cuenta los antecedentes previos.

El triunfalismo de las agrupaciones de izquierda que piensan es casi un hecho el triunfo del aspirante del Pacto Histórico, Gustavo Petro, se suma al silencio indiferente del resto de la clase política. En cuanto a los demás candidatos, inconformes con hacer “oídos sordos” al llamado, se dedicaron a refutarlo como si dicha situación de producirse dejara de atentar contra la democracia y los derechos ya bastante socavados de la inmensa mayoría de los colombianos.

Si bien es un principio fundamental de participación popular, la facultad de votar desgraciadamente se encuentra muy distante de representar la libertad, la mínima garantía en la consolidación de índices de justicia social aceptables, salud, empleo o educación. Por ello el empeño del establecimiento del mantener el espejismo de la existencia de estado de derecho. El problema, sería que incluso pueda prescindir de esa necesidad de aparentarlo.

¿Consumación?
La noticia de la prohibición de las autoridades de ingresar al país a los observadores electorales Teri Mattson (Estados Unidos), Alejandro Rusconi (Argentina) y Paule – Emile Dupret (Bélgica), invitados por la CNE, permiten suponer que lo peor estaría por pasar.

Colombia asiste a la elección más importante en trascendencia de los últimos cincuenta años. No a causa del riesgo de elegir entre mantener el modelo capitalista neoliberal de mercado o reemplazarlo por otro socialista, como se cansaron de difundir los sectores aliados del continuismo.

Lo que está realmente en juego es la permanencia de una clase política todopoderosa, corrupta e ineficiente y la opción de cambiarla por otra, proclive al desarrollo con inclusión social, capaz de promover el genuino ejercicio de las libertades hasta hoy apenas en el papel.

Por dicha razón el aparato del Estado vuelve a quitarse el disfraz de demócrata, dejando evidenciar el de dictadura encubierta para poder seguir existiendo, en beneficio de quienes desde siempre desangraron los recursos del país a expensas del esfuerzo de la mayoría, asfixiado del reclamo popular.
 
Terreno abonado

Frente a las denuncias de Gustavo Petro sobre las irregularidades presentada en los comicios parlamentarios, personajes polémicos y cuestionados como el ex presidente, Andrés Pastrana Arango, salieron a la luz pública hablando de “golpe de Estado”, al reclamarle al presidente Iván Duque intervenir en los manejos de la Registraduría.

Por supuesto, el concepto de asegurar la democracia estaba perfectamente en segundo plano. Se trataba de “dar vuelta la tortilla”, haciendo aparecer a la izquierda como la verdadera culpable de alterar los resultados de la pasada contienda electoral, cuando fue el Gobierno el sorprendido en flagrancia pretendiendo consumar un monumental fraude.

Hacer pasar a la víctima, como victimario. Cumpliendo con el mismo deber, la senadora ultra uribista, María Fernanda Cabal, ficha política en el Senado de la República del ganadero José Félix Lafaurie Rivera, vinculado con grupos