Gobernación lideró compromisos con líderes indígenas



 

En cumplimiento de un compromiso adquirido tras la realización del Comité de Justicia Transicional desarrollado en Pueblo Rico, se realizó el sábado 11 de junio la Mesa Técnica de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas de Pueblo Rico ampliado a Gitó Dokabú y Bajo Gidó, Bajo, en Santa Cecilia.

El secretario de gobierno de Risaralda, Israel Alberto Londoño, quien hizo presencia en Santa Cecilia, explicó que se acordó que los indígenas regresen a sus resguardos, que presenten dos proyectos al Ministerio del Interior, para fortalecer la guardia indígena, fortalecer el gobierno indígena y el Plan de Vida Indígena.

“La idea es que los seguimos acompañando y la fuerza pública va a ingresar a los territorios indígenas donde ellos lo permitan para poder de la mano del Ejército y la Guardia Indígena, garantizarles la seguridad. La meta del gobierno de nuestro gobernador Victor Manuel Tamayo Vargas es garantizarle la vida y los bienes a toda nuestra población indígena asentada en Risaralda”, dijo el Secretario de Gobierno.

A la reunión que contó con la presencia en territorio de las autoridades indígenas, los alcaldes de Pueblo Rico y Bagadó y de manera virtual del viceministro del Interior Carlos Alberto Baena, que por razones climáticas no logró llegar, tuvo como fin principal tratar el tema del desplazamiento de 300 familias de sus resguardos para el casco urbano y municipios como Cartago, Bagadó en Chocó, Pereira y Bogotá.

El líder Uriel Queragama Cheché, autoridad mayor de un resguardo Embera Katío Gitó Dokabú, dijo que llevan unos 20 días en desplazamiento y están en Santa Cecilia, y en Bajo Gitó hay unas 300 familias, “queremos en esta reunión se solucione la situación”.

Julio Alberto Nayasa, Restrepo Autoridad Mayor Resguardo Unificado Embera Chami, Pueblo Rico Risaralda, indicó que su resguardo está compuesto 36 comunidades y 7200 personas.

“Este dialogo formal busca evitar el desplazamiento por conflicto armado, en la zona 4 Marruecos, Bichubara, unos en Pereira y otros en Cartago.

“Agradezco a la Unidad de Víctimas, a la Gobernación, la Alcaldía de Pueblo Rico, quienes han estado pendientes y buscando soluciones”.

A su turno Victor Miguel Campaña, representante legal del Consejo Comunitario de las comunidades negras de Pueblo Rico explicó finalmente que las negritudes están afectados por desplazamiento de las comunidades indígenas, por la inseguridad, y hacinamiento. “Las autoridades siempre han estado presentes, pero como el desplazamiento se ha vuelto constante, se necesita el acompañamiento definitivo, que se involucre la Fiscalía y autoridades competentes para ver qué pasa realmente o si se investigue el por qué; o si es suspicacia de las mismas comunidades.
    

Otro grupo de emberas retornó desde Bogotá a sus territorios


 

Tras confirmar con las autoridades indígenas y las autoridades locales que las condiciones de seguridad en el territorio risaraldense están garantizadas, 66 núcleos de familias indígenas otorgaron el aval para su regreso al territorio.

Los emberas proceden de los albergues temporales ubicados en la Florida y la Rioja en la capital del país donde permanecían desde hace varios meses. Son en total 217 personas, entre niños y adultos, las que retornaron de la mano de la Unidad para las Víctimas y de la Alcaldía de Bogotá a sus territorios ancestrales.

Gitó Dokabú, Alto Andágueda, La Furia, Kanchidó, fueron algunas de las poblaciones originarias de estos grupos familiares emberá que permanecieron en Bogotá, algunos de ellos durante casi un año.

Este es el cuarto proceso de retorno que llevan a cabo la Unidad y demás entidades del orden nacional y territorial, en seis meses, tratando de mitigar el sufrimiento de estas familias que en muchas ocasiones afrontan difíciles condiciones alimenticias y problemas de salubridad en las grandes ciudades.

“Hemos logrado retornar a más de 2.000 indígenas a sus territorios ancestrales desde el mes de diciembre. La Unidad, cumpliendo los compromisos, entregó ayudas humanitarias, kits de alimentos, hábitat, dinero para sostenibilidad y transporte en mulas para los enseres, con el objetivo de brindar mejores condiciones de vida a la población en su entorno original”, dijo Jhonatan Forero, coordinador de retornos y reubicaciones de la entidad.

Las familias estuvieron acompañadas de funcionarios de las alcaldías de Bogotá y Pueblo Rico y de la Policía Nacional, el SENA, el ICBF y servicio médico. Viajaron durante más de doce horas desde la capital del país hasta el sitio de desembarque en el instituto Intercultural Dokabú, en donde recibieron sus enseres y ayudas para emprender camino hacia sus resguardos.

Toldillos, cobijas, juego de cama, colchonetas, tejas de zinc, machetes, puntillas, recatones, azadones, amarras y mercado para por lo menos un mes, además de dinero en efectivo, fueron algunos de los elementos recibidos por las familias retornadas al territorio.

“Estamos muy contentos y agradecidos de tener nuevamente las familias en sus resguardos, esto es un acuerdo entre las comunidades y las instituciones en especial la Unidad para las Víctimas, esperamos que las familias permanezcan en el territorio y que nos apoyen con proyectos para seguir viviendo en paz y de los cultivos, que es lo que sabemos hacer”, acotó Julio Alberto Nayazá, gobernador del resguardo Unificado.

Indemnizan a víctimas de falsos positivos


 

Después de sacrificios y en medio de grandes temores, 28 de septiembre de 2003 es una fecha que nunca se borrará en la memoria de 126 personas que fueron capturadas en el municipio de Quinchía sindicadas por la Fiscalía como auxiliadores del extinguido frente ‘Óscar William Calvo’, una disidencia de la otrora guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Luego de que los capturados demostrarán su inocencia, vinieron unas demandas contra el estado, algunas de estas personas fueron indemnizadas en 2013 con el 50 % del dinero que les correspondía, y ahora en este 2022 hubo otras que lograron recibir el 100 %.

Jorge Alberto Uribe, exalcalde de Quinchía, y una de las víctimas de estos hechos, explicó que ha pasado.

"De estas indemnizaciones del 100 % que acaban de entregar, hay que aclarar que el 40 % va para el abogado, el 19 % se va en IVA, más el cuatro por mil por retención, así que haciendo cuentas más del 60 % de estos recursos van para terceros. Creería que nos fue mejor a los que negociamos en el 2014, porque en esa época se recibió el 50 % de la indemnización y lo invertimos en los gastos, deudas y demás que nos dejó estar en la cárcel", dijo Jorge Alberto Uribe.

"Hoy reciben estas personas solo un 40 % lo que me parece injusto, porque existen unas normas que dice que no se puede pasar del 50% entre pago a los abogados e impuestos, y en esta ocasión está pasando el 60 %. Sería bueno que revisarán está situación, y que las personas que recibieron la indemnización reciban lo justo. A buena hora se hizo justicia con la gente de mi pueblo y yo sé que ellos van a pagar sus deudas y van hacer un ahorrito para que lo puedan utilizar en lo que estimen conveniente”, agregó el ex alcalde.

Uribe indicó que han sido unos años muy dolorosos y de resiliencia, y que ahora las personas con las indemnizaciones están rehaciendo sus caminos. Cabe recordar, que el exalcalde pasó 2 años de su vida en la cárcel por esta situación.
 

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