Ordenan desalojar inmueble donde funciona un centro de salud en Cartagena

Nueva situación se presenta en torno al puesto de salud del barrio Canapote, el cual ya no es es por tema de infraestructura.

Ahora es un lío legal por el predio donde se encuentra ubicado, puesto que, el Juzgado Décimo Civil Municipal ordenó el desalojo por una deuda de más de 270 millones de pesos por canon de arrendamiento.

El fallo establece que debe de restituirse el bien inmueble a los propietarios, quienes se han visto afectados por el no pago del arriendo desde el año 2016 a la fecha.

“Tenemos la documentación y la sentencia del juez, la cual ordena el desalojo de la vivienda, Esto preocupa porque los más de dos mil usuarios dejarán de ser atendidos y más de 20 trabajadores se quedarán sin empleo”, señaló Andrés Ochoa, director de la Veeduría en Salud Color Esperanza.

“No es posible que el auditor que se estableció por parte del alcalde William Dau, no se haya percatado de que a la hora y fecha la inmobiliaria que le están debiendo este dinero, es inaudito, lo triste es que pagan los platos rotos los usuarios de la salud”, dijo Ochoa.

El veedor en salud sostuvo que desde el Distrito se le giraron los dineros a la constructora Coinses S.A.S, encargada de cancelar el arriendo a la Inmobiliaria Cartagena.

“Dicha constructora no canceló el canon arrendatario, por consiguiente el dinero no ha llegado al dueño del predio, por eso entablaron un proceso legal, el cual un juez ordenó el desalojo”, detalló Ochoa.

Desde la Veeduría en Salud Color Esperanza hicieron un llamado a las autoridades para citar mesas de trabajo, donde se organicen ideas para la solución inmediata al desalojo del centro asistencial.

Este 15 de junio el Tribunal Superior de Bogotá ordenó que se realice un debate obligatorio entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro antes de la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de junio.

Desde un primer momento, el candidato del Pacto Histórico aseguró que asistirá al debate contra el exalcalde de Bucaramanga. El fallo del juzgado dice que los candidatos tienen 48 horas para ponerse de acuerdo con lo que respecta a la organización del encuentro entre quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño.

Una vez conocida la decisión, la campaña de la izquierda colombiana le hizo un llamado al sistema de medios públicos RTCV para que se encargue de la organización del encuentro. El jefe de debate del Pacto Histórico, Alfonso Prada, le expresó al canal que: ”Nos ponemos a su disposición para asistir a las reuniones que ustedes estimen pertinentes a fin de acordar las reglas de juego”, aseguró Prada en la carta enviada.

Aunque por el momento, Hernández no se ha manifestado sobre su presencia en el debate, Ángel Beccassino, su principal asesor, le aseguró a la Revista Semana que están analizando detalladamente el fallo del tribunal. Asimismo, no descartó que el exalcalde de Bucaramanga se presente en el mencionado debate.

“La campaña de Rodolfo está tratando de ponerse de acuerdo para cuadrar todos los detalles con el equipo de Gustavo Petro. Realmente, el fallo de tutela no especifica nada. Solo indica que se deben poner de acuerdo y que hagan el debate”, indicó inicialmente el argentino.

Anteriormente, el argentino fue asesor político del excomandante de la guerrilla del M-19 y candidato presidencial, Carlos Pizarro, en su proceso de paz; del líder sindical y exministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, en su aspiración por alcanzar la Alcaldía de Bogotá en 2004; del expresidente Juan Manuel Santos en su reelección de 2014 y del senador de izquierdas, Gustavo Petro, en su consolidación como líder de la oposición, en la campaña presidencial de 2018.
 

Pero en esta campaña electoral, el hombre de 76 años de edad, dio un saltó a la vereda

contraria y se convirtió en el principal asesor de Rodolfo Hernández. Antes de terminar su entrevista con el medio de comunicación, se volvió a referir al fallo del Tribunal de Bogotá.

Líder de la Primera Línea irá a prisión

Juez del Circuito con función de Conocimiento Transitorio, decidió revocar el beneficio de prisión domiciliaria que se les había concedido a cinco integrantes de la denominada ‘Primera Línea’ de Bogotá y los envió a la cárcel.

Los procesados que ahora tendrán que ir a prisión tras esta decisión de juez fueron identificados como: Jonathan Stiven Cortes Aldana, Andrés Felipe Rodríguez Chaves, Karina Yurley Cepeda Andrade, Maura Valentina Díaz Flórez y Julián Andrés Moreno Otero.

Cortés, considerado el líder del autodenominado grupo de la 'Primera Línea', fue capturado en octubre de 2021 por la Policía Nacional en el marco de la investigación que se adelanta por los actos vandálicos y ataques contra agentes de al Fuerza Pública en el desarrollo de las manifestaciones registradas en la localidad de Suba en Bogotá durante el Paro Nacional.

Fuentes cercanas al caso señalaron que en la investigación se pudo identificar plenamente al joven por liderar ataques contra el Portal de TransMilenio de Suba y acciones contra los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que llegaron a la zona a atender la situación.

Después de que se conociera que este joven, junto a sus compañeros, tendrán que ir a prisión, se viralizó un video de su reacción al