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Perú sigue en
vilo con Castillo
Un hecho inédito por la figura utilizada (demanda constitucional) y acusar a un
presidente en ejercicio de delitos diferentes a los que la Constitución
establece debido a su fuero, es lo que enfrenta el mandatario izquierdista,
Pedro Castillo, con la reciente decisión de la Fiscalía peruana.
“Presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de
organización criminal agravada por su condición de líder", es la fundamentación
de la mencionada demanda que el ente acusador entregó al Congreso, una acción
que puede llevar a la suspensión en el cargo de Castillo, tras surtir un proceso
que se vislumbra inmediato y, a diferencia de los dos intentos anteriores, de
negativo desenlace para el maestro rural convertido en Presidente.
Con seis investigaciones en curso por “indicios graves de la presunta existencia
de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad
de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener
ganancias ilícitas”, la fiscal general Patricia Benavides decidió acudir a este
procedimiento especial que permite determinar si personas que tienen inmunidad
(como el Jefe de Estado y los parlamentarios) cometieron delitos en el ejercicio
de sus funciones, tales como abuso de autoridad, corrupción, tráfico de
influencias y colusión agravada, como los que actualmente endilga a Castillo.
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No hay antecedentes de que la Fiscalía haya denunciado a un presidente en
ejercicio y, de allí que la misma abre un nuevo capítulo la crisis política que
vive ese país andino desde el mismo momento en que llegó a la Casa de Pizarro
este hombre, representante del llamado “Perú profundo”, la improvisada carta del
izquierdista partido Perú Libre ante la frustrada aspiración de su fundador,
Vladimir Cerrón, por sentencias judiciales.
Vale recordar que el presidente de Perú solo puede ser acusado por traición a la
patria, impedir elecciones, disolver el Congreso indebidamente o impedir su
actividad, al igual que de los órganos electorales. De allí, que la denuncia
constitucional presentada por la Fiscal General sea considerada por el gobierno
como “no ha lugar” y calificada por el propio mandatario como “una nueva
modalidad de golpe de Estado orquestada con libretos del Ministerio Público”.
La decisión del ente acusador se extiende a dos exministros, uno de Transporte y
otro de Vivienda, carteras donde se habrían escenificado los delitos mencionados
por órdenes directas del Palacio presidencial, con Castillo a la cabeza y en la
que habrían intervenido también la primera dama Lilia Paredes y varios miembros
del entorno familiar.
La denuncia constitucional pone de nuevo en manos del Congreso el futuro de
Castillo, tras haber intentado destituirlo en dos ocasiones. La primera de ellas
fue antes de que cumpliera los cinco meses en el cargo cuando su mayoría
parlamentaria (Perú Libre y otras pequeñas formaciones) impidieron con 76 votos
dar trámite a la misma.
La otra fue tres meses después, cuando la derecha esgrimió “incapacidad moral
-del mandatario- para ejercer el cargo”, que se hundió ante la cantidad de
abstenciones, evitando que los opositores lograran los votos requeridos.
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Desde entonces se ha estado pedaleando una nueva moción, la que no tomó forma a
la espera de las investigaciones penales que abrió la Fiscalía, que este martes
dio el sorpresivo paso mencionado.
"Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la
República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de
la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", aseguró la fiscal
Benavides.
El paso a seguir es la evaluación de la denuncia constitucional por la
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la expresidenta del
Congreso, la derechista líder del Partido Alianza por el Progreso, Lady Camones
(APP), quien deberá nombrar a un congresista para que evalúe la denuncia y
presente un informe inicial.
Si encuentra mérito seguirá su curso en la Comisión Permanente que convocará a
una audiencia para escuchar a las partes y redactar las conclusiones, que serán
sometidas al pleno del Parlamento, donde requerirá 66 de los 130 votos para
suspender a Castillo de la jefatura del Estado. Si ello ocurre, la Fiscal
General podrá formularle una demanda penal ante la Corte Suprema de Justicia.
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