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100 días
Por: Guillermo Navarrete Hernández
La evaluación de los primeros 100 de gobierno es
una práctica que deviene del Estado Francés en los albores de 1815
cuando se evaluara el retorno al poder de Napoleón Bonaparte, luego
de su exilio en Elba (Alpizar, 2014) -una isla italiana situada en
el mar Tirreno en donde existe el Museo Nacional de Residencias
Napoleónicas-. El objetivo fue precisar los cambios surtidos
respecto de su primer gobierno. En 1933, Franklin D. Roosevelt usó
la denominada estrategia de 100 días para adoptar decisiones
públicas en medio de la “Gran Depresión” que sufría el occidente del
planeta y que con el paso del tiempo terminarían siendo asertivas.
Pese a ser un lapso muy corto para determinar
cuál va a ser el resultado de la gestión de un mandatario y de su
cuerpo de colaboradores, si permite mostrar algunas señales de lo
que podría ser su desempeño. Coloquialmente: “como se presente el
desayuno muy seguramente así va a ser el almuerzo”.
En dicho marco, las victorias tempranas son,
entre otros, uno de los aspectos que miden la efectiva interacción
que se tiene con las diversas instancias con las que debe
desarrollarse la gestión estatal y que crea sustentos para la
implementación de planes, políticas, programas y proyectos, los
cuales indefectiblemente requieren de recursos monetarios para su
ejecución, pero también de voluntad política y capacidad
administrativa.
El 14 de noviembre de 2022, el gobierno
presidido por Gustavo Petro Urrego, cumplió los primeros 100 días y
desde las diferentes miradas se hacen análisis de lo bueno, lo malo
y lo feo. Por tanto, es fundamental, revisar aquellos hechos
relevantes que como victorias tempranas pueden significar un cambio
de rumbo de la política en Colombia.
Lograr una coalición que apoye sus propuestas de gobierno, no
obstante, varias de las colectividades hubieran sido férreas
opositoras durante su trasegar como congresista y candidato
presidencial; la aprobación de la ampliación de las facultades para
negociar con grupos armados ilegales que otorga la Ley 418 a los
diferentes mandatarios que ocuparon el solio de Bolívar desde el año
1997 y que permitió la negociación con los grupos paramilitares en
el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el tratado de paz de Juan Manuel
Santos con las extintas Farc-Ep; la aquiescencia de los ganaderos
para enajenar 3 millones de hectáreas de tierra para la
implementación de la Reforma Rural Integral, contenida en el punto
número 1 de los Acuerdos previamente mencionados; la escrituración
de 681.372 hectáreas a campesinos, indígenas y afrodescendientes; la
aprobación en el Congreso de la República del Presupuesto General de
Regalías para el bienio 2023-2024, una fuente importante de recursos
para la financiación de proyectos de infraestructura y sociales, que
asciende a la suma de $31,3 billones, así como del Presupuesto
General de la Nación por un monto de $405,6 billones y de la reforma
tributaria que permitirá el recaudo de aproximadamente $20 billones
para la financiación de programas sociales; la masiva participación
en los diálogos vinculantes para la construcción del Plan Nacional
de Desarrollo y la aceptación de José Félix Lafaurie para integrar
el equipo negociador del gobierno para el proceso que se revivió con
el ELN.
Empero, la marcada inseguridad,
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especialmente en las ciudades, el persistenteasesinato de líderes
sociales, la inflación de dos dígitos, la negociación con el
anacrónico ELN, la transición energética, la iniciativa de censura
contra la Ministra de Minas y Energía por atreverse a hablar de la
Teoría de la Tendencia del Decrecimiento de la Cuota de Ganancia
expuesta por Marx en el libro de El Capital, la inestabilidad del
precio del dólar en el mercado cambiario, son retos que aún
requieren de un enorme esfuerzo para alcanzar los síntomas de la PAZ
TOTAL, que se alcanzará con la solución de problemas estructurales
que padece la sociedad colombiana.
Ardua polémica al rojo vivo por el tema pensional
Por:
editorpereira@pereira.com
La necesidad de una reforma al sistema pensional en Colombia nadie
la niega. Múltiples informes públicos y privados advierten falencias
en cobertura, sostenibilidad financiera y la estructura misma del
modelo para garantizar una jubilación segura y estable, no solo a
las personas que tienen ese derecho adquirido por haber cotizado
durante su vida laboral, sino también a los adultos mayores que por
distintas circunstancias no cumplen los requisitos mínimos para
acceder a una mesada o a cualquiera de los mecanismos asistenciales
vigentes.
De hecho, la pensional es una de las reformas más analizadas de las
últimas dos décadas sin que la reingeniería se haya podido
concretar. Distintos gobiernos han prometido ajustes de fondo pero,
al final, no llevaron los respectivos proyectos al Congreso o en
este las iniciativas terminaron hundiéndose. Quizá, por lo mismo,
buena parte de los ajustes al modelo de jubilación se han
viabilizado a partir de jurisprudencia de las altas cortes o por
decisiones administrativas, que tienden a ser de corto alcance.
Incluso bien podría decirse que la crisis pensional es una de las
más diagnosticadas. Son innegables las dificultades para acompasar
el funcionamiento del llamado Régimen de Prima Media -de carácter
marcadamente público, con el mayor porcentaje de jubilados y
cotizantes, en cabeza de Colpensiones- y el de Ahorro Individual con
Solidaridad (RAIS) -que corresponde a los fondos privados, los
cuales tienen un volumen menor de afiliados y pueden realizar
inversiones con los recursos que administran-.
De igual manera, son muchos los estudios que advierten el bajo
porcentaje de empleados y trabajadores independientes que cotizan de
forma permanente al sistema pensional. A este fenómeno, que tiene
como principal causa la alta informalidad del mercado laboral, debe
sumarse un creciente número de personas que no tienen asegurado un
ingreso para una vejez digna.
Hay otras problemáticas inocultables como el peso cada vez mayor en
el presupuesto público del rubro de pago de jubilaciones; la
insostenible fórmula que permite que en el Régimen de Prima Media
las mesadas más altas tengan que ser subsidiadas por el grueso de
los aportantes, pese a tener ingresos menores; las polémicas por el
mecanismo de cálculo para fijar el monto de los pagos mensuales; el
impacto del aumento de la expectativa de vida de los colombianos en
la sostenibilidad financiera del sistema a mediano plazo; la
inflexibilidad de la jurisprudencia sobre los derechos adquiridos y
cómo dicha circunstancia limita el alcance de las reformas; la
deficiencia del actual sistema para acomodarse a las nuevas
realidades de un mercado laboral, lo que al final se convierte en
una barrera para ampliar la cobertura; y la urgencia de encontrar
mecanismos que permitan afiliar y cotizar a millones de personas que
devengan menos de un salario mínimo mensual…
Frente a todo ello el gobierno Petro acaba de presentar las bases de
su propuesta de reforma pensional, que se sustenta en tres pilares:
el primero, de carácter solidario, implicaría una especie de renta
básica correspondiente a medio salario mínimo para personas que no
alcanzan a obtener una pensión. El segundo eje sería el
contributivo, que cobijaría a los trabajadores que devengan hasta
cuatro salarios mínimos y aportarán obligatoriamente a Colpensiones.
Y una tercera modalidad, en la que estarían los empleados o
independientes que ganen más de cuatro sueldos básicos que harían
aportes adicionales a los fondos privados.
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Como era apenas obvio, de inmediato se generó una
polémica por el alcance de esta reforma, que apenas si fue delineada.
Exministros, centros de estudios económicos, expertos nacionales e
internacionales, sindicatos, congresistas y todos los actores del sistema dieron
sus primeras opiniones, muchas de ellas abiertamente contradictorias y críticas
El Gobierno debe brindar todas las garantías necesarias al estudiantado
colombiano
Por: Rubén Darío Varela Ayudas emergentes por la crisis que
están viviendo todos los universitarios colombianos en todo el país se han
venido consolidando en diferentes alcaldías de Colombia, no obstante, es viable
indicar que estas ayudas no deben de ser temporales, sino permanentes.
Es una realidad que hoy por hoy estudiantes universitarios de todo el país cada
vez más se ilusionan con la posibilidad de tener mucho más acceso para adelantar
sus estudios en universidades del país teniendo en cuenta que cada vez se hace
cada vez más difícil poder estudiar, teniendo en cuenta los obstáculos
académicos que presentan muchos jóvenes con motivo de la crisis económica
generalizada.
Y es precisamente por estos motivos que nuevos anuncios realizados desde el
Gobierno Nacional como por ejemplo el avance de la ley que busca limitar los
precios de los derechos que cobran las universidades por distintos servicios
adicionales a la matrícula semestral se constituye como una muy buena
oportunidad para que muchos jóvenes del país no deserten de sus estudios
académicos.
También es de rescatar el hecho que en la Cámara de Representantes está en
marcha la discusión del proyecto de ley con el que se espera prohibir tanto a
universidades públicas como privadas del país la posibilidad de realizar altos
cobros a los estudiantes en temas como derechos de grados, las matrículas
extemporáneas, certificados, entre otros cobros anexos.
No cabe duda alguna que se trata de una iniciativa que va por muy buen camino y
que representa un alivio de esperanza para muchos jóvenes en un país en el que
la mayoría de los jóvenes especialmente de zonas vulnerables ven frustradas sus
intenciones de ingresar a estudiar una carrera universitaria debido a la
situación económica de muchas familias colombianas.
Es más; todos estos beneficios para los estudiantes ya se debieron haber tomado
con mucho tiempo de anterioridad, porque son ellos el futuro de Colombia y
quienes tomarán las riendas
del país en los años venideros.
En este ámbito educativo, Colombia debería tomar ejemplo de otras naciones
latinoamericanas mucho más avanzadas como lo es por ejemplo el caso de
Argentina, un país con un modelo educativo ejemplar en todo Latinoamérica y que
se debe de constituir como un punto de referencia para otros países como
Colombia en donde a decir verdad hace mucha pero mucha falta una política
pública educativa de calidad para que los jóvenes del país tengan muchas más
oportunidades de salir adelante. |
