Y a este respecto añadió que “los empresarios pequeños no están logrando vender las motos porque para sacar la moto se necesita el SOAT. Esto ha generado el cierre de muchas empresas y la disminución de la nómina. El SOAT se debe revisar desde su creación pues por una moto que vale $4 millones el seguro está valiendo más del 10%”, dijo el presidente de Asomocol.

El gremio de los motociclistas se ha vuelto a referir a la necesidad de que el Gobierno arregle la malla vial, causante de buena parte de los accidentes viales que, junto a otros factores, han puesto en riesgo la vida de los motociclistas.

“Hay pólizas muy caras y los conductores salen sin saber conducir. A eso súmele el mal estado de la malla vial. No se dice nada con respecto a la muerte de varios motociclistas por huecos, pues estos son mortales, al punto que en el caso de Bogotá hay un grupo de motociclistas que está tapando huecos” por cuenta propia, añadió Alejandro Rubio.

La situación más preocupante en cuanto a presuntos incumplimientos en la ejecución de estos proyectos se presenta en La Guajira, donde además del exsecretario de Planeación y hoy Representante a la Cámara, están siendo investigados nueve exgobernadores, una exalcaldesa de Riohacha, cuatro exfuncionarios de los gobiernos departamental y municipal y dos interventores de obra.

Piden a gobernadores revisar condiciones de contratos del PAE

La Procuradora Margarita Cabello Blanco instó a los mandatarios departamentales a verificar la idoneidad de los contratistas que administrarán el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en 2023 y evitar que se presenten los retrasos e irregularidades vividos durante 2022, que generaron al menos 245 denuncias ciudadanas y llevaron a la Procuraduría a abrir 80 actuaciones preventivas, 28 disciplinarias e interponer acciones de tutela contra las gobernaciones de Guaviare, Chocó y Sucre; las alcaldías de Cartagena, Neiva, Sincelejo y seis municipios de Boyacá.

La jefe del Ministerio Público relató cómo desde 2015 la Entidad ha encontrado dificultades que impiden que niños, niñas y adolescentes reciban oportunamente y con calidad las raciones alimentarias que requieren para garantizar su acceso y permanencia en el sistema escolar.

"Estamos hablando de que hoy hay 5,464,689 beneficiarios de este programa. No estamos ante un desafío cualquiera. Gran parte del desarrollo del país depende de que ellos sigan cursando sus estudios y se les garanticen unos mínimos nutricionales​", aseguró la Procuradora.

La alta funcionaria reveló que la Procuraduría ha emitido alertas sobre entrega de raciones por un periodo inferior a las 40 semanas del calendario escolar, demoras para gestionar la contratación de operadores, malas condiciones de los alimentos y reporte tardío de los recursos ejecutados y de la población beneficiada.

Explicó además que las zonas que han presentado mayores dificultades en la operación y prestación del servicio son, el departamento de Magdalena y los municipios de Cúcuta, Buenaventura y Malambo, cuyos procesos de contratación han sido declarados desiertos en varias ocasiones y que a raíz de esto se está estudiando la posibilidad de establecer un pliego tipo para los servicios de alimentación, que permita la pluralidad de oferentes, la libre concurrencia y una competencia sana.