Gobierno decidió suspender decreto del cese al fuego con ELN

Desde la Casa de Nariño, el ministro del Interior Alfonso Prada, anunció que el Gobierno suspendió el decreto de cese el fuego bilateral anunciado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), después de que la guerrilla indicara que nunca hubo acuerdo y que la decisión se tomó de forma unilateral.

“Hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto 2657 del 31 diciembre de 2022 y en el siguiente ciclo se reactivaría el diálogo sobre este particular”, aseguró el ministro.

Ante esto, Prada pidió al ELN una tregua para suspender las hostilidades contra la población: “Dada la voluntad de paz expresada por el ELN y mientras se estudia en la mesa de diálogo el protocolo del cese bilateral invitamos a esta organización a declarar una tregua verificable en respuesta al imperativo llamado de las comunidades étnicoterritoriales y campesinas a mantener el cese bilateral y la no violencia en sus territorios”, dijo Prada.

El ministro manifestó que el Gobierno Nacional no renunciará a su búsqueda del respeto por la vida para construir la Paz Total, seguirán los decretos de cese al fuego con otras organizaciones como la FARC-EP, Segunda Marquetalia, que ha manifestado su compromiso con la construcción de la paz y por eso, como estaba previsto, se realizarán reuniones con esta organización para avanzar en la definición de los asuntos metodológicos y temáticos de la mesa de conversaciones de paz. De la misma forma, AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada ratifican su compromiso con el cese bilateral.

Definen cobertura de servicios de salud con cargo al SOAT

Con la definición de 14 categorías de automóviles, que van desde ciclomotores hasta vehículos de servicio público intermunicipal, incluidos en el artículo 1º del  Decreto 2497, los Ministerios de Salud

variables de generación en que estas incurran, y así, para el caso específico de la generación hidroeléctrica deberán obedecer al costo de oportunidad del agua al momento de generar”.

Superservicios estableció que el comportamiento irregular correspondió a la planta hidroeléctrica de Betania, propiedad de Enel Colombia, que durante varios días, pese a que estaba vertiendo agua (botando), tenía un precio de oferta de energía cercano a los 900 COP1 por kilovatio, comportamiento que no obedeció al precepto regulatorio mencionado anteriormente. Al respecto, el  superintendente encargado, Orlando Velandia, recordó que: “si una hidroeléctrica está botando agua tendrá un costo de oportunidad mínimo y por ende, sus precios de oferta de energía deben ser bajos y no como lo hizo Enel Colombia”.

La mesa de concertación de la Procuraduría sirvió como escenario para que representantes de la administración y empresas operadoras como GIT Masivo, Unimetro, Blanco y Negro y, ETM expusieran sus diferencias y alternativas de solución y dio lugar al pago realizado por la Alcaldía, como un principio de acercamiento entre las partes. De esta manera, la actuación preventiva del organismo de control mitigó, para el mes de diciembre, la posibilidad de que los operadores del sistema dejaran de prestar el servicio de transporte, por ausencia de caja para su operación, garantizando con ello los derechos colectivos de acceso al servicio público de transporte.