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Nevado del Ruiz sigue liberando gran cantidad de dióxido de
azufre
Continúa la alerta naranja en el Volcán Nevado del Ruiz por cuenta
del aumento de la actividad sísmica, que registró un leve incremento
en comparación con el martes, según informó el Servicio Geológico
Colombiano (SGC). El instituto también reportó que también sigue la
desgasificación de dióxido de azufre a la atmósfera y de vapor de
agua en el volcán y el registro anomalías térmicas en el fondo del
cráter, las cuales se observan desde las plataformas de monitoreo
satelital.
En cuanto a los niveles de sismicidad, el SGC expresó que estas
fueron localizadas en los flancos nororiental y suroccidental del
volcán, a una distancia promedio del cráter de 1,0 y 3,0 km
respectivamente.
Así como en días anteriores, también se reportó que la altura máxima
de la columna de gases fue de 1800 m, medidos desde la cima del
volcán, la cual estuvo asociada a una emisión de ceniza registrada
el 19 de abril a las 22:35 p.m.Ante esta situación, el Servicio
Geológico manifestó que todos estos indicadores ratifican que la
actividad del Volcán Nevado del Ruiz "sigue siendo muy inestable."
Asimismo, el instituto recalcó que si "si bien la sismicidad de
fractura puede variar y cambiar de localización, la presencia de
anomalías térmicas en el fondo del cráter mayores a las presentadas
en meses anteriores, asociadas con la salida -en ocasiones continúa-
de ceniza, son parámetros que indican un nivel mayor de actividad de
este con respecto a semanas anteriores, los cuales deben ser
monitoreados de manera permanente y especial".
Abogado del 'Clan del Golfo' afirma que no se someterán
El abogado del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, ha dicho este jueves
de que el grupo no está dispuesto a "someterse" a los criterios de
la justicia tradicionales, un mes después de que el Gobierno de
Colombia presentara ante el Congreso
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su propuesta para poner ante la ley a este tipo de estructuras
sin estatus político.
"Ellos no están dispuestos a someterse bajo los criterios de esa
ley", ha dicho Giraldo en una entrevista para Caracol Radio, en la
que ha señalado que si bien "es un problema" que no se les haya
concedido estatus político, el punto de partido que proponen es al
menos empezar a negociar esa particularidad.
"A muchos de la comunidad les da temor llamarlos actores políticos y
es un hecho notorio que así lo son si vamos a los criterios de que
traen incluso dispositivos internacionales", ha explicado Giraldo,
para quien una "justicia transicional" --como la que se aplicó con
las FARC-- "podría acercarse a una verdadera paz total".
Giraldo ha informado de que el grupo armado ya ha puesto en marcha
sus propios protocolos de verificación para un próximo alto el fuego
bilateral, que el Gobierno de Colombia decidió suspender después de
acusar al Clan del Golfo de instigar los hechos violentos del paro
minero en el Bajo Cauca hace ya más de un mes.
"Desde que se suspende el cese bilateral al fuego hemos estado en
permanente comunicación con la oficina del Alto Comisionado para
avanzar hacia un nuevo decreto (...) estamos mirando a ver cómo
avanzamos rápido, porque la comunidad y las víctimas son las que
están pidiendo a gritos este cese bilateral", ha dicho.
Piden al ICBF acciones contra la mutilación genital en niñas
Frente al grave caso registrado en el departamento de Risaralda,
donde a una bebé indígena de la comunidad Embera Chamí le fue
practicado un procedimiento de ablación (mutilación genital), la
Procuraduría General de la Nación requirió al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar –ICBF-, un reporte sobre las gestiones para el
restablecimiento de los derechos de la bebé indígena y su madre
adolescente de 15 años de edad, informe que deberá incluir las
acciones adelantadas por el ICBF, para combatir y prevenir esta
práctica en niñas y adolescentes del país.
El Ministerio Público requirió a la Directora General, informar las
acciones para el restablecimiento de derechos de las menores de
edad, en el caso reportado por el Hospital Universitario San Jorge
de Pereira, donde fue atendida la niña de quince días de nacida “con
diagnóstico de desnutrición severa, gastroenteritis y amputación
traumática de los genitales”. El ICBF también deberá confirmarle a
la Procuraduría si se han adelantado escenarios de diálogo o
sensibilización con las autoridades del resguardo Gito Dokabu de
Pueblo Rico (Risaralda) y con las comunidades y pueblos indígenas en
los que se ha identificado este flagelo.
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Finalmente, atendiendo a que la mutilación genital femenina corresponde a una
forma de violencia sexual y en cumplimiento de las funciones preventivas y de
control, el ICBF deberá reportar al Ministerio Público el número de Procesos
Administrativos de Restablecimiento de Derechos – PARD, abiertos desde el año
2018 a la fecha por violencia sexual, relacionado con hechos de mutilación
genital femenina en niñas y adolescentes.
Para el ente de control, es de suma importancia que el ICBF, como ente rector
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, propicie espacios de sensibilización
y diálogo con las autoridades indígenas y la comunidad, así como la articulación
con otras entidades para prevenir que se vuelvan a presentar estas prácticas que
atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y las
adolescentes indígenas.
ANLA apelará falló que reversó multa a Hidroituango
Cumpliendo las vías y os términos legales establecidos, la Agencia
Nacional de Licencias Ambientales, Anla, apelará el fallo del
Tribunal Administrativo de Antioquia que decretó la nulidad de la
multa que en diciembre de 2019 se impuso a la sociedad Hidroituango
S.A. E.S.P., por haber iniciado actividades relacionadas con la
construcción de un túnel sin haber tramitado el respectivo permiso
ambiental.
Los hechos hacen referencia a cuando dicha sociedad realizó las
obras del Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) y su infraestructura
asociada, sin cumplir tales requerimientos, y que contempló un túnel
que colapsó en el año 2018, generando una grave contingencia del
proyecto.
La sanción impuesta en la fecha antes reseñada fue recurrida en su
momento y posteriormente confirmada en su integridad por la
Autoridad Nacional.
Ante lo anterior, EPM S.A. E.S.P. acudió a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, con el fin que se declarase la nulidad
de los actos administrativos mediante los cuales se impuso y
confirmó dicha multa, teniendo como resultado que el pasado 10 de
abril de 2023, la Sala Quinta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia emitió sentencia de primera instancia,
en la cual accedió a las pretensiones solicitadas, decretando la
nulidad de las resoluciones mencionadas, con base en aspectos
procedimentales de la actuación administrativa.
Dicha decisión judicial fue notificada a la Anla y por ello,
ejerciendo las actuaciones judiciales pertinentes, apelará ante el
Consejo de Estado para la protección del patrimonio público y de los
derechos ambientales protegidos en la Constitución y la ley. Dicha
Corporación resolverá la segunda instancia de este trámite judicial,
para emitir una decisión definitiva.
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