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Por inundaciones, declaran calamidad pública en Puerto Berrio
Fuertes lluvias en la zona de Puerto Berrio han obligado a las
autoridades a declarar calamidad pública, varias zonas de
agricultura, así como casas se encuentran bajo el agua. De acuerdo a
algunos censos, cerca de 500 personas se han visto afectadas, es
decir el 80% de la población se está viendo damnificada.
“Se decidió decretar calamidad pública para atender la emergencia
por la inundación asociada a las fuertes lluvias que se presentaron
el 16 de mayo”, afirmó el Dagran.
Los corregimientos de Estación Cocorná, Las Mercedes y Doradal son
las zonas más afectadas por las precipitaciones. “Un puente
vehicular con colapso estructural y afectaciones en acueductos
veredales, cultivos, ganado y varios animales domésticos
desaparecidos”, afirman los Organismos de Socorro.
Las autoridades han iniciado con las evacuaciones de familias a
zonas establecidas estratégicamente mientras se traza una línea de
ruta para atender del todo la emergencia.
Procuraduría alerta el estado de las personas privadas de la
libertad en URI de Bogotá
La Procuraduría General de la Nación verificó las condiciones
mínimas de infraestructura, acceso a servicios básicos (salud,
alimentación y agua potable) y trato digno para las Personas
Privadas de la
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Libertad (PPL) en ocho estaciones de policía, tres Unidades de
Reacción Inmediata (URI) y el Instituto penitenciario y carcelario
de la Picota en Bogotá D.C. De esta manera, la entidad constató la
capacidad y el porcentaje de hacinamiento, el estado de la
infraestructura y el acceso a los servicios de la salud, agua,
alimentación y algunos otros aspectos relevantes.
No más señalaron que en la estación de policía La Candelaria el
número de personas sindicadas son 63 pero hay un porcentaje de
hacinamiento del 270% y en la de Kennedy del 540%.
La Procuraduría identificó así mismo que el servicio de alimentación
es entregado en cantidades insuficientes y que, además, puede
representar un riesgo a la salud de los PPL; y se comprobó, a su
vez, que algunos alimentos son entregados en estado de
descomposición. También, el acceso al sistema de salud es precario e
insuficiente para los reclusos, no hay acceso a los medicamentos y a
los tratamientos que se suma a las condiciones insalubres en las
están a diario; por lo que, algunas de las enfermedades que sufren
como tuberculosis y leptospirosis son contraídas en estos sitios.
Sigue alerta por desplazamiento masivo de familias de El Pato,
Caquetá
La noche del miércoles, un total de 11 familias procedentes de El
Pato, una zona rural del municipio de San Vicente del Caguán,
tuvieron que abandonar sus viviendas y parcelas debido a los
enfrentamientos por el control territorial en esta área de la
Reserva Campesina, entre presuntos integrantes del Estado Mayor de
las FARC y miembros de la Segunda Marquetalia.
Esta situación ya había sido alertada desde el pasado 13 de mayo por
la Asociación Municipal de Colonos de El Pato, quienes, a través de
un comunicado de prensa, denunciaron que los campesinos de la zona
quedaban atrapados en los duros enfrentamientos entre grupos de
disidentes.
Amenazas directas y violaciones de los Derechos Humanos habrían
provocado este
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desplazamiento masivo hacia la capital del Huila.
"El desplazamiento forzado que experimentamos la noche del
miércoles, conformado por 11 familias procedentes de la zona de
reserva campesina de El Pato, Balsillas, en el municipio de San
Vicente del Caguán, se considera un desplazamiento masivo, ya que
cumple con los parámetros establecidos por la normativa", indicó
Esmith Duarte Cano, Secretaria de Paz y Derechos Humanos de Neiva.
Investigan a prestadores de salud y exgobernadores de San Andrés
por malos manejos de recursos
La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción, imputó
responsabilidad fiscal por más de $202.767 millones contra dos EPS,
el representante legal de una IPS Pública, tres uniones temporales
prestadoras de servicios y tres exgobernadores de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
De acuerdo con el ente de control, en uno de los casos, los
investigados habrían incurrido en irregularidades al recibir
recursos del Adres por más de 94.000 millones de pesos, los cuales
no se vieron representados en servicios de salud para sus usuarios
en las islas y a su turno las EPS giraron a las uniones temporales
prestadoras de servicios $2.905.830.271, los cuales tampoco se
vieron representados en prestación de servicios de salud durante
esas vigencias.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, señaló que no se
puede ser condescendiente frente a las dificultades de atención de
los pacientes.
“Esta es una cifra inaudita, incluso para nosotros en la
Procuraduría, hablar de una cifra cercana a los 203.000 millones es
una cifra muy fuerte para San Andrés y no es compasible ni
condescendiente frente a las dificultades que se han venido
presentando y, por esta razón, queremos anunciar que este ejercicio
que estamos haciendo lo vamos a continuar haciendo en todo el
territorio nacional”, indicó el contralor.
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