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Financiación de campaña Petro bajo
múltiples lupas
Una semana después de haberse conocido los audios del exembajador de
Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en donde afirmó haber
conseguido más de 15 mil millones de pesos para financiar la campaña
electoral de Gustavo Petro en la costa Atlántica, hay tres
conclusiones sobre este grave escándalo.
La primera es que si bien el Gobierno primero guardó silencio y
luego sí decidió salir a negar anomalías en la financiación
proselitista, no pudo evitar que tanto las cuentas de la campaña
terminaran bajo la lupa del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la
Fiscalía General de la Nación, ni que el propio jefe de Estado fuera
denunciado por partida triple ante la Comisión de Investigación y
Acusación de la Cámara de Representantes.
En cuanto al alto tribunal electoral, allí se decidió ampliar las
tres denuncias que ya cursaban por las cuentas de la campaña
presidencial de Petro en 2022. Por ahora están en los despachos de
los magistrados Cristian Ricardo Quiroz, Benjamín Ortiz y Álvaro
Hernán Prada. De hecho, mientras se define si se pueden acumular
esas causas o es posible designar una subcomisión que asuma todo el
proceso, se decidió, en la sesión del miércoles, aplazar la citación
que ya estaba fijada para el próximo martes tanto a Benedetti como a
la exjefe de gabinete, Laura Sarabia, que era la interlocutora del
exembajador en los audios que fueron filtrados y publicados por la
revista Semana.
Crecen alertas por financiación de
las campañas para elecciones de octubre
La financiación de la campaña de cara a las elecciones regionales de
octubre se convirtió en tema de discusión, tras las alertas
lanzadas por la organización Transparencia Colombia,
las cuales fueron relacionadas a la alta dependencia
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de recursos privados, el escaso apoyo del sector
público, obstáculos a las mujeres para acceder a los fondos de
campaña, riesgo en la opacidad en información de ingresos y egresos,
y gasto excesivo en propaganda electoral.
Pero lo que más preocupa a las instituciones es la posibilidad de
que entre dinero ilegal, proveniente de grupos al margen de la ley,
para favorecer candidaturas específicas o para lavar dinero. Así lo
informó en conversación con la directora de la Misión de
Observatorio Electoral (MOE), Alejandra Barrios.
“Vamos a un proceso electoral local en algunos territorios cruzados
por economías ilegales, por necesidad de hacer lavados de activos, y
los partidos políticos no pueden desatender esto”, manifestó a este
medio de comunicación, al que también informó sobre la importancia
de los partidos políticos en el control y vigilancia de los recursos
utilizados por sus candidatos para hacer campaña.
El panorama
gris para las reformas sociales del Gobierno
Con el sol a las espaldas, es incierta la suerte de las reformas a
la salud, pensiones y laboral. Estas reformas sociales, al parecer,
no podrán superar esta legislatura debido a que solo quedan 15 días
del periodo a este Congreso y es más la incertidumbre que la
claridad sobre su rumbo.
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Y aunque instituciones como el Consejo Gremial han pedido al
Gobierno un estimativo del impacto de los tres proyectos, son varios los
cálculos independientes.
La salud
Sin duda de los proyectos que más adelantado se encuentra es el de
la salud, que fue radicado el 13 de febrero, pero solo hasta el 18
de abril comenzó su discusión. Sin la salud es el proyecto que más
críticas ha recibido por parte de los gremios de la salud, como
Gertarsalud y Acemi, entre otros, pero también por centros de
estudios como Fedesarrollo y hasta por políticos cercanos al
Gobierno.
Surgen dudas sobre el
anuncio de un cese el fuego con el ELN
El expresidente Álvaro Uribe cuestionó los acuerdos a los que
llegaron el Eln y el Gobierno, especialmente porque dicha guerrilla
no dejará de cometer delitos como secuestro y extorsión.
Para el exmandatario y líder de la oposición, que la Fuerza Pública
entre en un cese al fuego bilateral con la guerrilla del Eln implica
“igualarlo con quienes delinquen” lo que, a su juicio, termina
haciéndole “un gran daño a la institucionalidad democrática”.
“La institución del Ejército no delinque, por ende, no se entiende
que lo pongan a la par del grupo que delinque”, agregó el también
exsenador en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.
El acuerdo de cese el fuego firmado en La Habana, Cuba, por el
presidente Gustavo Petro y el comandante de esa guerrilla, alias
'Antonio García', será inicialmente por un periodo de 180 días, pero
no se declaró de inmediato. Hasta el próximo miércoles 5 de julio se
desarrollará lo que se denominó como una fase de alistamiento. Un
mes después, el 3 de agosto, comenzará a regir el cese de forma
oficial.
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