Cuatro fallos de Corte Constitucional que quitan sueño al Gobierno

Está cerca la Corte Constitucional de pronunciarse sobre algunos actos administrativos y leyes que son de la entraña del Gobierno por la importancia que tienen para su gestión y los propósitos que se ha trazado: la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira; la reforma tributaria; la llamada Ley de Paz Total y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Emergencia para La Guajira



Se conoció que el próximo lunes, la Sala Plena de la Corte tomará una decisión acerca de si es constitucional o no el Decreto 1085 de 2023, por medio del cual el presidente Petro declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para La Guajira, con el propósito de enfrentar la crisis humanitaria, la situación de cosas inconstitucionales que vive, y para mitigar los fenómenos climáticos de alto impacto que se esperan en la región.

El pasado 7 de septiembre, la magistrada ponente Natalia Ángel radicó ante la Sala Plena el proyecto de fallo, para el que tuvo en cuenta las pruebas que decretó; lo dicho en una audiencia pública por distintos actores, en la cual participó el presidente Petro para justificar la medida que adoptó; y el concepto de la procuradora General, Margarita Cabello.

En ese concepto la jefa del Ministerio Público pidió declarar inexequible el Decreto 1085 de 2023 por considerar que la crisis humanitaria en La Guajira, la situación de cosas inconstitucionales y la necesidad de tomar medidas por la fuerte sequía que se espera por el fenómeno de ‘El Niño’ son hechos sobrevinientes.
 

"Resulta inadmisible la pretensión del presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia”, señala Cabello en su concepto.

Se ha conocido que hay división entre los nueve magistrados sobre si hay fundamentos o no para declarar esta emergencia. En caso de que se caiga, lo mismo pasará con 11 decretos legislativos que expida el presidente con medidas para La Guajira.

Reforma tributaria

Están pendientes de fallo 26 demandas que

admitió la Corte, de las 61 que se han radicado contra Ley 2277 del 13 de diciembre de 2022, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social.

Con esta norma, el Gobierno recaudará $19,7 billones en 2023 y un promedio de $20 billones en los siguientes tres años. Dichos recursos, según sostiene, se destinarán, en su mayoría, al gasto social, por lo que se priorizará la lucha contra el hambre y la pobreza, la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la transición energética, el desarrollo productivo y la economía popular.

La Corte tiene en el orden del día para el próximo lunes tomar una decisión sobre una de las demandas a la reforma tributaria, en la que los demandantes atacan disposiciones que tienen que ver con usuarios de zonas francas, así como el impuesto sobre la renta.

Sobre esta demanda la Sala Plena discutirá el proyecto de fallo que presentó la magistrada Diana Fajardo Rivera. El alto Tribunal tiene plazo para tomar una decisión en este caso hasta el 10 de octubre próximo.
Las otras acciones contra la reforma tributaria avanzan en los despachos de distintos magistrados y se espera que en las próximas semanas se tomen decisiones.
 

418 de 1997, adicionando como uno de los propósitos fundamentales para los propósitos de paz del Gobierno, es que le permite entablar acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que demuestren voluntad para someterse a la justicia.

De la supervivencia de esta Ley depende que el Gobierno se pueda sentar a dialogar con grupos como el ‘Clan del Golfo’ ‒la mayor banda criminal del país‒, y los ‘Pachenca’, entre otros.

En junio pasado fue radicada ante la Sala Plena una ponencia pidiendo hundir la Ley 2272 de 2022 por vicios en su trámite en el Legislativo, entre otras porque no se solicitó concepto del Consejo de Política Criminal.

Este presunto vicio de trámite del proyecto en el Congreso, fue mencionado por la procuradora Margarita Cabello en el concepto que hizo llegar a la Corte por las demandas a la Ley de Paz Total. Por lo que, entre otros argumentos, solicitó declarar inconstitucional la norma.
“Las deliberaciones no fueron ilustradas con el concepto del Consejo de Política Criminal, pues no se remitió el dictamen sobre el impacto de las disposiciones propuestas en el sistema de justicia penal, aunque algunos congresistas manifestaron sus inquietudes en torno al contenido de la iniciativa y solicitaron la suspensión de las deliberaciones mientras este era allegado”, indica la Procuraduría en su concepto.

Plan Nacional de Desarrollo



Una decena de demandas contra artículos clave del Plan Nacional de Desarrollo estudia la Corte, que es la ley más importante para el Gobierno porque define las metas a cumplir a corto mediano y largo plazo durante el cuatrienio en aspectos como ordenamiento territorial; seguridad humana; derecho humano a la alimentación; economía productiva; lucha contra el cambio climático; y convergencia regional.

Varias de las demandas contra disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo han sido presentadas por parlamentarios de la oposición. Una de ellas por congresistas del Centro Democrático contra el artículo 233 sobre la transición energética, el cual incrementa las transferencias del sector eléctrico del 1% al 6%.
Los demandantes argumentan que con ello se genera inseguridad jurídica a los proyectos de energía renovable no convencionales.

En los próximos días la Corte tomará decisiones sobre la primera de las demandas al Plan Nacional de Desarrollo.