Estados Unidos certificó el trabajo en derechos humanos de Colombia

La buena actuación en la defensa humanitaria le permitiría al país recibir un 20% más de los recursos que recibe de Norteamérica para fortalecer las fuerzas militares



Una de las prioridades del Gobierno nacional es la defensa de los derechos humanos. Recientemente, Estados Unidos certificó el progreso que ha logrado el país en este ámbito. Este avance podría resultar en un incremento del 20% en los recursos provenientes de Norteamérica destinados a fortalecer las Fuerzas Armadas.

La posible ampliación de fondos se atribuye a la Enmienda Leahy, aprobada en 1997, que modifica la Ley de Asistencia Exterior de 1961. Dicha enmienda prohíbe a Estados Unidos ofrecer asistencia militar o logística a unidades de fuerzas de seguridad de países extranjeros si el Departamento de Estado cuenta con informes creíbles que indiquen violaciones graves a los derechos humanos por parte de esas unidades.
Este certificado podría incrementar en el presupuesto unos 7,6 millones de dólares, recursos que serían claves para fortalecer las fuerzas de seguridad nacionales.



De acuerdo con el embajador de Colombia

en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, “la  estrecha colaboración en seguridad entre Colombia y los Estados Unidos es esencial para abordar los desafíos que enfrentamos y transformar el enfoque de seguridad hacia la seguridad humana multidimensional”.

Las acciones adecuadas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con respecto a los responsables de violaciones de derechos humanos, así como la protección de las comunidades afro e indígenas, junto con las condenas a militares y policías implicados en agresiones y delitos contra la población civil son elementos que podrían llevar al Gobierno de Estados Unidos a certificar los esfuerzos humanitarios en el territorio nacional.



Con 3.154 casos, la JEP inicia el macrocaso por violencia sexual y de género contra las FARC y la fuerza pública

Como uno de los últimos avances en el esclarecimiento de la verdad en el conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició con la indagación de más de 3.000 casos de violencia sexual, de género y reproductiva, además de crímenes por prejuicio contra personas con orientación sexual, expresión o identidad de género diversa, perpetrados por miembros de las extintas FARC y militantes de la fuerza pública colombiana.

Según determinó la JEP, inicialmente se trabajarán sobre 3.154 casos que ha establecido la corporación y que son de su completa injerencia. De los datos preliminares, 2.051 hechos serían atribuibles a los excombatientes de las FARC; mientras que otros 1.103 casos están vinculados a miembros de la fuerza pública del país. Sin embargo, resaltan que el tema es de tal sensibilidad en la población, que podrían existir subregistros no identificados que hacen pensar a los magistrados sobre la existencia de más casos, que no han sido
 

denunciados por miedo o pena.

“Llegó la guerrilla y me violó porque el Ejército había caminado ese sector. Según ellos, me violaban para demostrar que eran los que estaban mandando en la zona. Yo no tuve a quién decirle ni cómo pedir auxilio porque mientras unos me violaban, los otros me encañonaban y me decían que me callara o me mataban ahí mismo”, es uno de los testimonios de las afectadas por estos crímenes.

Los crímenes sexuales no se limitaron a una región específica de Colombia, sino que se extendieron por todo el país. Algunos de los departamentos que concentran más casos fueron Antioquia, Magdalena, Nariño, Bolívar y Cauca.