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'Bajo la lupa' contrato de construcción del acueducto de Santa Marta
La Procuraduría le puso el ojo al contrato para la construcción del
sistema de acueducto - El Curval, para la zona urbana y rural de
Santa Marta, del que advirtió posibles inconsistencias para su
selección, celebración y ejecución.
Para el Ministerio Público, los diseños, estudios, planes
presupuestales y pliego de condiciones del proyecto merecen especial
atención, ya que, en su concepto, presentan algunas falencias que a
futuro podrían generar inconvenientes para la ejecución del
contrato.
Entre otras observaciones, el ente de control asegura que se podrían
dar vicios en el proceso licitatorio si no se esclarecen ciertos
puntos para la participación de proponentes.
En el mismo sentido, la Procuraduría Primera Delegada para la
Vigilancia de la Función Pública advierte que no se evidencian
criterios técnicos ni financieros en ciertos requisitos planteados,
como la carta de cupo de crédito, el sustento del presupuesto
oficial, el análisis de alternativas contractuales, riesgos
previsibles, forma de pago y posible alteración del documento tipo
aplicable. De igual manera, los documentos del proceso contractual
tampoco especifican cuáles son las autorizaciones, permisos y
licencias necesarias para ejecutar los trabajos del sistema de
acueducto.
Las observaciones hechas por el Ministerio Público adquieren mayor
relevancia ya que el valor del contrato de las obras para la
construcción del acueducto de Santa Marta asciende a
$1.642.317.567.721.
Ante estas eventualidades, el ente de control emitió las alertas que
permitan corregir lo planteado y requirió información a la alcaldía
distrital sobre estos puntos.
¿Puerta cerrada a consenso para aumento del salario mínimo de
2024?
Con las reformas a la salud, la laboral y la de pensiones estando en
curso en el Congreso de la República, y con una inflación alta y un
desempleo que todavía no baja lo suficiente, el panorama sobre el
incremento salarial para el 2024 es incierto.
Y según las primeras previsiones del sector privado y las primeras
iniciativas del Gobierno al respecto, todo indica que también
este año se decidirá por decreto el incremento, tal como sucedió el
año pasado con el del 2023.
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Aunque todavía se espera que se instale la mesa de concertación
laboral y salarial para finales de noviembre y en el que
tradicionalmente se reúnen empresarios, sindicatos y gobierno, todo
indica que, dadas las perspectivas y las posiciones conocidas, es
complicado llegar a un consenso.
No en vano, el gremio de las MiPymes, Acopi, aseguró que a los
factores ya mencionados de la negociación se tienen que sumar el
impacto fiscal de la reforma laboral. Según estimaciones del gremio,
en caso de aprobarse este articulado, los costos no salariales
aumentarían entre 17% y 34%, lo que podría llevar a un alza en la
tasa de desempleo en un margen entre 1,7% al 3,4%. “Cualquier
incremento sustancial del salario mínimo, sumado a las implicaciones
de la reforma, podría ejercer presión sobre los indicadores del
mercado laboral”, dijo la presidenta del gremio, Rosmery Quintero.
Hidroituango: EPM adjudica contrato para obras civiles de segunda
etapa
EPM anunció la adjudicación de un contrato por más de $1 billón para
la construcción de la segunda etapa de Hidroituango. El consorcio
CYS, conformado por las empresas Yellow River y Schrader Camargo, se
hará cargo de las obras civiles de las unidades de generación 5 a 8,
un proyecto crucial para el suministro de energía en Colombia.
Las unidades de generación 5 a 8, tienen una capacidad instalada de
300 megavatios de energía cada una, lo que representa un aporte
significativo al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y al
suministro energético del país.
Esta adjudicación es un hito importante para el proyecto, ya que
garantiza que el cronograma no se vea afectado, lo que permitirá una
mayor eficiencia económica y un mejor control de los costos. EPM
optó por un esquema de precios unitarios, similar al utilizado antes
de la contingencia ocurrida en 2018. Esta decisión fue tomada con el
acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación en su función
preventiva, asegurando la transparencia y el cumplimiento de los
requisitos necesarios.
El proceso de adjudicación no estuvo exento de desafíos.
Inicialmente, 12 empresas constructoras nacionales e internacionales
manifestaron interés en participar en la solicitud pública de
ofertas, pero al final, solo tres presentaron propuestas. El
Consorcio CYS fue seleccionado, mientras que Todini Costruzioni
Generali S.P.A. y China Gezhouba Group Company Limited no cumplieron
con los requisitos de participación y sus ofertas fueron rechazadas.
El proyecto Hidroituango se concibió en dos etapas, cada una
compuesta por cuatro unidades de generación de energía. La
finalización del contrato con el Consorcio CCC Ituango, que estuvo a
cargo de la construcción de la primera etapa, llevó a la necesidad
de un nuevo contrato para las unidades 5 a 8.
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Schrader Camargo S.A.S. Se encargó de las obras civiles
faltantes para las unidades de generación 3 y 4, mostrando un
desempeño sólido.
Este contrato adjudicado a CYS representa un paso crucial para el
desarrollo energético en Colombia y asegura que el Proyecto
Hidroeléctrico Ituango continúe avanzando según lo planeado,
contribuyendo significativamente al suministro de energía del país.
“Firmaría carta de excancilleres si prohíbe ocupación de
Palestina”
"Firmaría tu carta de inmediato si dijeras, sin ocultarlo detrás de
números de resoluciones de Naciones Unidas, que dicen lo mismo, que
se prohibe la ocupación de Palestina", fue la respuesta del
presidente Gustavo Petro a la misiva enviada por 12 excancilleres
colombianos por el hecho de no condenar los ataques de la
organización terrorista Hamás en territorio israelí, el pasado fin
de semana.
A través de un trino, el Jefe de Estado le respondió a la profesora
e investigadora de la Universidad de los Andes, Sandra Borda, quien
compartió la misiva de los cancilleres, donde también agregó que "el
apartheid entre el pueblo palestino e israelí, y se reivindica el
derecho del pueblo palestino a ser una nación, tal como Bolívar nos
enseñó a ser una nación libre y libres de una mentalidad
colonizada".
Los exministros Noemí Sanín, Rodrigo Pardo, Camilo Reyes, Guillermo
Fernández de Soto, Carolina Barco, María Consuelo Araujo, Fernando
Araujo, Jaime Bermúdez, María Ángela Holguín, Claudia Blum, Marta
Lucía Ramírez y María Emma Mejía aseguraron, a través de un
documento, que los acontecimientos en Israel (que han dejado más de
1000 personas asesinadas y decenas de secuestradas), requieren el
más contundente rechazo de las autoridades colombianas.
Los cancilleres cuestionaron la posición asumida por el ministro de
Relaciones Exteriores del Gobierno Petro, Álvaro Leyva, en torno a
este conflicto desatado en Medio Oriente.
“La preocupante y lamentable situación que se vive entre Israel y
Palestina merece consideración y acción de toda la comunidad
internacional. No hay justificación alguna para los ataques de Hamás
ni para los secuestros y asesinatos de civiles”, señalaron los
exfuncionarios, a través de la misiva.
También resaltaron la importancia de las actuaciones de las
autoridades internacionales para lograr la paz y tranquilidad en el
mundo. “La censura de estas acciones debe también exigir el
cumplimiento por parte de los dos países de las resoluciones de las
Naciones Unidas sobre el conflicto entre los estados, así como la
acción inmediata del Consejo de Seguridad para velar por la
seguridad y la paz internacionales”, aseveró.
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