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Judicializan
a exalcalde y exfuncionarios de Atlántico por corrupción
La Fiscalía obtuvo abundante material de pruebas que dan cuenta de la posible
responsabilidad del exalcalde de Juan de Acosta (Atlántico), Iván de Jesús
Vargas Molina; el ex auxiliar administrativo de la Secretaría de Hacienda,
Nellyd Cariaga Ferrer; y el exmensajero del despacho, Román Ramón Rada Molina,
en la presunta apropiación de cerca de 1.000 millones de pesos.
Entre 2016 y 2019, los exfuncionarios se habrían articulado para cobrar por
ventanilla 106 cheques que superaban en valor los 999 millones de pesos. En su
mayoría estos desembolsos no superaban los 10 millones de pesos.
La salida del dinero, al parecer, fue soportada con 13 contratos o convenios
suscritos con fundaciones y pago de acreencias y obligaciones laborales
ficticias. Se acreditó que, para darles apariencia de legalidad a estos pagos,
falsificaron documentos públicos y privados, en particular se alteraron las
firmas y números de cedulas de los endosos que figuraban o aparecían en los
títulos valores (cheques) utilizados para el cobro de estos recursos, entre
otras anomalías.
La evidencia recopilada indica que los representantes de las fundaciones
involucradas, presuntamente, fueron presionados y amenazados para que accedieran
a la celebración de los contratos y firmas de los soportes.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción
imputó a los investigados por los delitos de peculado por apropiación y falsedad
en documento privado. Adicionalmente, al exalcalde le fueron formulados, además,
los cargos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad
ideológica en documento público.
Judicializan a guardias del INPEC por supuesta
extorsión a presos en La Modelo
En una audiencia pública celebrada el 12 de octubre, la Fiscalía imputó a seis
funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC) que prestaban servicio en la Cárcel Modelo de Barranquilla.
Los delitos que se les atribuyen incluyen
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concierto para
delinquir, concusión, prevaricato por omisión y enriquecimiento ilícito de
particulares.
Estos cargos surgieron a raíz de un presunto esquema de
corrupción que habría estado en funcionamiento desde junio de 2021 hasta abril
de 2022 en ese centro penitenciario de la capital del Atlántico.
La Fiscalía sostiene que durante este período, los funcionarios del INPEC
habrían conformado lo que describen como una “sociedad criminal”. Dentro de esta
organización delictiva, se presume que obtuvieron al menos $300 millones
producto de los sobornos exigidos a reclusos del patio 2 de la Cárcel Modelo de
Barranquilla.
Los reclusos también habrían sido víctimas de extorsión por otros internos,
posiblemente en connivencia con el personal del INPEC que se encuentra bajo
arresto.
Las investigaciones se iniciaron tras las denuncias de dos reclusos que
afirmaron que los funcionarios del INPEC les solicitaban dinero a cambio de
diversos favores, que iban desde el acceso a habitaciones, hasta la posibilidad
de mantener elementos de aseo y, aún más alarmante, permitirles el ingreso de
armas y drogas.
Además de los cargos imputados, los acusados habrían obstruido activamente
cualquier investigación en su contra. Se alega que trasladaron a los reclusos
que denunciaron estas actividades ilícitas y los amenazaron de muerte para
forzarlos a cambiar sus testimonios.
Ninguno de los acusados se declaró culpable durante la audiencia de imputación
de cargos. La audiencia de medida de aseguramiento fue aplazada y se programó
para el miércoles 18 de octubre.
Capturaron a hombre que abuso y mató a
su hijastro en Bogotá
Luego de valorar el material probatorio presentado por la Fiscalía, un juez de
Control de Garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en
centro carcelario a un hombre, de 25 años, señalado de torturar, abusar
sexualmente y causarle la muerte a su hijastro, de 17 meses de nacido.
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El 19 de enero de este año, al bebé lo ingresaron en grave estado
de salud al Hospital Jorge Eliécer Gaitán, en la localidad La Candelaria, en el
centro de Bogotá. La abuela de la víctima indicó que la madre y el padrastro le
entregaron al niño envuelto, y le
aseguraron que se había caído. Sin embargo, tenía lesiones de
gravedad y un cuadro clínico que no superó.
Con el dictamen, funcionarios del CTI profundizaron en lo ocurrido y obtuvieron
evidencias que dan cuenta de la posible responsabilidad del padrastro. Al
parecer, el hombre no soportaba que el menor de edad llorara, y una noche le
propinó patadas indiscriminadamente, con el cable de un cargador de celular lo
golpeó en diferentes partes del cuerpo, y le infringió dolor y sufrimiento
físico de múltiples maneras.
Al sentir que había sido descubierto, el señalado agresor presuntamente contactó
a una red criminal y escapó por el ‘Tapón del Darién’ hacia Panamá, por lo que
Interpol emitió una notificación azul en su contra. Luego de tres meses de
travesía por Centroamérica, se conoció que esta persona habría entrado
irregularmente a Estados Unidos.
A su llegada al aeropuerto El Dorado, de Bogotá, fue capturado. Un fiscal de la
Seccional Bogotá lo presentó ante un juez de Garantías y le imputó los delitos
de homicidio agravado, acceso carnal violento agravado y tortura agravada. El
procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento
privativa de la libertad en centro carcelario.
Capturaron al exalcalde y a dos
exsecretarios de Santuario, Risaralda
La Fiscalía General de la Nación confirmó que fue capturado el exalcalde del
municipio de Santuario, Risaralda, Everardo Ochoa Pareja, por presuntos hechos
de corrupción que se habrían presentado en materia contractual.
Según se conoció en el mismo operativo, fueron también capturados los
exsecretarios de Planeación y de Gobierno, al parecer habrían suscrito contratos
por más de 1.400 millones de pesos en medio de irregularidades contractuales.
Tanto el exalcalde como los exfuncionarios estarían siendo investigados por los
delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por
apropiación, fraude procesal y violación de datos personales.
Ante un juez de Control de Garantías se adelantan las audiencias de
legalización, imputación de cargos e imposición de medidas de aseguramiento
contra los detenidos.
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