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Petro explica la
razón de sus siete días de ausencia en eventos públicos
Por varios días estuvo ausente el presidente Gustavo Petro en varios
eventos públicos, según explicó el mismo Jefe de Estado la razón fue
por una caída que tuvo en Cartagena el lunes.
A través de un trino, el primer mandatario publicó una fotografía de
su rodilla con morados y raspaduras manifestando que se encontraba
muy adolorido, por lo que decidió guardar reposo.
"El lunes en la mañana tuve una caída en Cartagena, ayer estaba muy
adolorido y decidí tomar reposo. Hoy ya me he restablecido y entró
en actividad. Reprogramamos la reunión del Chocó", dijo el
presidente en redes.
Cabe recordar que el ministro de las Tecnologías y la Información,
Mauricio Lizcano, el martes señaló que la ausencia del presidente al
evento en Chocó había sido porque Petro se encontraba "atendiendo
asuntos de carácter internacional", haciendo referencia a la tensa
relación diplomática que hay con Israel por la postura que tomó el
Jefe de Estado en torno al conflicto con el grupo terrorista Hamás.
"En este momento hay un conflicto entre Palestina e Israel y al
Presidente le tocó quedarse en Bogotá resolviendo cosas de carácter
de relaciones internacionales que seguramente más tarde se enterarán
por medios de comunicación", sostuvo Lizcano.
Por otro lado, el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco,
aseguró que ha estado con el Jefe de Estado en varias reuniones.
"Estuve con él esta semana en dos reuniones. Por eso me extraña que
digan que no aparece en la agenda pública. Mire, el lunes estuvimos
muy larga, entre otras cosas, se prolongó bastante. La habíamos
previsto de hora y media y terminamos alargándola, no sé, tal vez
cuatro horas, sobre seguridad, todo el tema de las elecciones. Está
bien de salud el señor presidente", indicó el titular de la cartera
del Interior al medio.
Es importante mencionar que no es la primera vez que el presidente
Petro no llega a los eventos donde previamente su equipo de prensa
ha confirmado su presencia.
Indagan posibles anomalías
en convenios entre Gobierno e indígenas
Por presuntas irregularidades en la firma de dos convenios suscritos
con organizaciones indígenas, que contaban con
un presupuesto cercano a los 30 mil millones de pesos, la
Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra
funcionarios por determinar de los ministerios del Interior y de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de la Corporación
Autónoma Regional del Cauca -CRC-.
La indagación fue iniciada contra funcionarios del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la CRC, por la suscripción de un
acuerdo, por un poco más de 4.900
millones de pesos, para adelantar acciones de
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conservación, mitigación y adaptación al cambio
climático en territorios indígenas adscritos el Consejo Regional
Indígena del Cauca -CRIC-.
Por otra parte, se indagan servidores por establecer del Ministerio
del Interior, por la firma de un contrato por 25 mil millones de
pesos con la Organización Nacional Indígena de Colombia -Onic-, que
tenía como objeto fortalecer los saberes políticos, culturales y
espirituales de los pueblos y organizaciones indígenas que hacen
parte de la Mesa Permanente de Concertación -MPC-.
Al parecer se habrían presentado posibles irregularidades en la
selección del personal que debía ejecutar las actividades, ya que en
la definición de los perfiles se fijaron requisitos específicos
cuyos costos aparentemente serían desproporcionados.
Igual situación pudo presentarse en algunas actividades puntuales, a
las cuales se les habría asignado un presupuesto elevado para las
acciones que se debían desarrollar.
Entre otras pruebas, el Ministerio Público solicitó copia de los
convenios suscritos, así como información de los funcionarios de las
entidades vinculadas que tuvieron relación con la elaboración de los
documentos.
Con la apertura de la indagación previa, la Procuraduría busca
establecer si se cometieron irregularidades que constituyan faltas
disciplinarias e identificar a los posibles responsables.
Vladimir Fernández fue elegido como
magistrado de la Corte Constitucional
Los senadores en el marco de la plenaria eligieron el martes al
abogado Vladimir Fernández Andrade como nuevo magistrado de la Corte
Constitucional, en reemplazo del saliente togado Alejandro Linares
quien termina su periodo al inicio de diciembre próximo.
Fernández, se desempeñaba como el secretario jurídico de la
Presidencia de la República. En su hoja de vida se destaca que es
egresado de la Universidad Externado, ha ejercido como procurador
primero delegado ante el Consejo de Estado, ha trabajado en la
docencia. El nuevo magistrado compitió junto a los otros dos
ternados por el presidente Gustavo Petro, los también abogados,
Cielo Elainne Rusinque Urrego y Gerardo Vega Medina.
Partidos rechazan informe
presidencial sobre candidatos que estarían inhabilitados
Un problema se ganó el Gobierno después de que el secretario de
Transparencia, Andrés Idárraga, reveló con nombre 526 aspirantes a
concejos y 27 para alcaldías
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estarían inhabilitados para
los comicios de este mes por firmar contratos públicos desde el 30 de octubre de
2022 a la fecha, en ciudades y distritos donde inscribieron su candidatura. Sin
embargo, los partidos que los avalan reprobaron que desde la Presidencia asumen
una competencia que es del Consejo Electoral.
Fue tal la molestia por esta situación expresada por los partidos Centro
Democrático, Liberal, Colombia Renaciente, Conservador, Alianza Verde y ASI, que
el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se autorizó al secretario de
Transparencia y calificó su proceder como imprudente. Enfatizó que Idárraga
debió entregar la información que tiene al Consejo Nacional Electoral, y no
hacerla pública.
Idárraga dijo que, para el caso de los aspirantes a concejos municipales, los
primeros cinco partidos o movimientos políticos que más avalaron candidaturas,
supuestamente, inhabilitadas suman 146 aspirantes, de las 526 identificadas, con
la suscripción de 214 contratos públicos en periodos inhabilitantes, los cuales
sumaron $32.842 millones.
Añadió el secretario de Transparencia que los 27 postulantes a alcaldías que
podrían estar incursos en inhabilidad están ubicados en Tolima, Valle del Cauca,
Antioquia, Arauca, Sucre, Quindío, Nariño, Cauca, Meta, Cundinamarca, Bolívar y
Santander. Además, los cinco primeros candidatos y los partidos políticos que
los avalan concentran el mayor monto en contratación suscrita en periodo
inhabilitante.
“Esto tiene que ver fundamentalmente con un asunto de transparencia, un interés
público de la igualdad de condiciones de las candidaturas, sobre todo pensando
en la probidad, pensando en que efectivamente estos recursos no terminen en las
campañas, que reitero, es un asunto que la Secretaría de Transparencia seguirá
indagando", añadió Idárraga.
El secretario aseguró que será la autoridad electoral quien
determine alguna revocatoria de la inscripción de candidaturas, “en
suma, estamos poniendo en conocimiento público, en conocimiento de
la autoridad electoral, del Consejo Nacional Electoral, de la
Procuraduría General de la Nación, estas situaciones con el
respectivo fundamento jurídico y técnico".
Por su parte el ministro del Interior mencionó que “la declaración
que ha dado un funcionario de la Presidencia no es conveniente ni
prudente, porque cualquier ciudadano puede tener una opinión
constitucional y legal sobre quién o no está inhabilitado, pero
quienes ostentamos cargos de alta dignidad, debemos entender que si
nuestra opinión va en contra de más de 500 candidatos, el camino más
expedito que debemos transitar es de llevar esa opinión
respetuosamente ante el CNE y que sea esa entidad quien tenga que
decirnos quién está habilitado o inhabilitado”.
Agregó Velasco que “la posición del Gobierno frente a esas
afirmaciones es que quien puede definir quién está o no habilitado
es el órgano que la Constitución y la ley define y nosotros que
ostentamos altas posiciones en el Estado, debemos ser respetuosos de
esas decisiones y no correr el riesgo de abrir un debate político”,
indicó.
Enfatizó el ministro que “no hay desde la Presidencia una policía
política persiguiendo a nadie, puede haber una mala percepción de la
función que debe adelantar un funcionario, pero no es la política de
este Gobierno”.
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