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Red
Social X investigada en España por publicidad fraudulenta
El regulador bursátil español (CNMV) anunció el miércoles que abrió
una investigación a la red social X, antigua Twitter, acusada de no
haber respetado presuntamente el reglamento referente a la
publicidad de productos financieros como las criptomonedas.
"En los últimos días hemos detectado anuncios publicitarios, en la
red social X promocionados por un chiringuito financiero", en
referencia a entidades no autorizadas, afirmó el presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo
Buenaventura, en un discurso frente a agentes económicos españoles.
Estas publicidades utilizan "ilícitamente la imagen de algunos
actores españoles y suplantan el diseño y la identidad de un medio
de comunicación nacional para tratar de obtener datos y dinero de
inversores", precisó.
Según una portavoz de la CNMV, las publicidades investigadas
realizaban promoción de criptomonedas.
El hecho de haber difundido estos anuncios incumple una normativa
adoptada en marzo, que obliga a las páginas de internet, a los
medios y las redes sociales a tomar medidas para regular mejor la
publicidad de los productos financieros, recordó Buenaventura.
Según esta normativa, las páginas y las plataformas de internet
tienen "la obligación legal de comprobar que los anunciantes no
figuran en la lista de entidades pirata", y que "cuentan con la
correspondiente autorización para prestar servicios financieros",
detalló.
"Les aseguro que vamos a ejercitar escrupulosamente todas nuestras
capacidades, poderes de supervisión y de sanción", avisó, recordando
que "la proliferación de esos intentos de fraude daña la confianza
de los inversores y la reputación" del sistema financiero español.
Según el artículo referente a la publicidad de las criptomonedas
adoptado en marzo, X se podría enfrentar a una multa de al menos 5
millones de euros por los hechos que se le reprochan.
Bloqueos en protesta antiminera aumentan la tensión en Panamá
"Es una tragedia lo que está ocurriendo
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aquí, algo muy duro, algo que no se
lo deseo a nadie", dice el transportista de 42 años, cuyo vehículo es uno de los
más de 300 camiones bloqueados en la ruta Interamericana cerca
de Silimín, 450 km al oeste de la capital, en Chiriquí, provincia
fronteriza con Costa Rica.
Panamá vive su tercera semana de protestas luego de que el Congreso aprobara un
polémico contrato entre el Estado y la compañía canadiense First Quantum
Minerals (FQM), que opera la mina de cobre más grande de Centroamérica en el
Caribe panameño.
"Necesitamos a nuestras familias, necesitamos nuestros trabajos, estamos pasando
un mal momento", sostiene Martínez, de pie junto a su furgón rojo.
"Aquí al gobierno no lo están molestando, están molestando al mismo pueblo.
Deberían protestar donde están ellos en la Asamblea [Nacional] por lo menos, o
en la casa de los diputados o el presidente", agrega.
Los bloqueos han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible en
Chiriquí, que produce el 80% de los vegetales que consume el país. Además, han
provocado desabastecimiento de hortalizas y frutas en la capital y otras
ciudades.
La tensión aumentó el martes cuando un hombre de 77 años mató a tiros a dos
manifestantes en un bloqueo de ruta cerca de la capital. La semana pasada, en
Chiriquí, otro falleció atropellado, en circunstancias confusas. Varias marchas
y vigilias fueron convocadas para este miércoles en su memoria.
Estados Unidos amenaza con el regreso de las sanciones si Venezuela
incumple acuerdo de Barbados
Si no se cumplen esa y otras condiciones a las que el Gobierno de
Nicolás Maduro se comprometió en la mesa de diálogos el 17 de
octubre en Barbados, Estados Unidos estaría listo para restituir las
sanciones petroleras que levantó temporalmente en esa ocasión.
"Tenemos que ver resultados para demostrar que este primer paso sea
exitoso”, aseguró González, agregando que si Venezuela no ha honrado
sus compromisos para el 30 de noviembre, “vamos a tener que tomar
pasos para desmontar ese alivio de sanciones que hemos dado”.
"Antes de fines de noviembre tenemos que ver un proceso para la
rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas, incluida
María Corina Machado, (...) Deben ser los venezolanos los que
decidan quiénes van a ser sus líderes", agregó González.
EE.
UU.: el estado conservador de Ohio protege en las urnas el derecho
al aborto
Los votantes de Ohio apoyaron el martes 7
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de noviembre, en un referendo, consagrar el aborto como un derecho
constitucional, según las proyecciones electorales anticipados por medios
nacionales.
El resultado de las elecciones en este estado conservador, que dio ventaja al
republicano Donald Trump por 8 puntos en las elecciones presidenciales de 2020,
es considerado como una victoria por los movimientos a favor del aborto en EE.UU.
Cuatro estados de Estados Unidos acudieron el martes 7 de noviembre a las urnas.
Ohio, Kentucky, Virginia y Misisipi buscaron definir diferentes cuestiones
electorales, pero hay una que tienen en común: el derecho al aborto. En algunos
de estos estados, como Ohio o Virginia, se incluyeron preguntas respecto al
aborto directamente en las papeletas.
En los otros, Kentucky o Mississipi, la elección de senadores y legisladores
plantean la hoja de ruta al respecto. Es decir, que si el triunfo es para los
representantes del Partido Republicano, se traducirá en normas más restrictivas
respecto al derecho reproductivo y, si lo hacen los representantes del Partido
Demócrata, se darán más garantías para proteger la interrupción voluntaria del
embarazo.
En el caso de Kentucky, el demócrata Andy Beshear fue reelegido este martes como
gobernador del estado, donde el partido republicano domina por lo general en las
elecciones presidenciales.
El aborto ha estado en el centro del debate en el país desde junio de 2022,
cuando el Tribunal Supremo decidió anular la histórica ley Roe vs Wade, que
garantizaba el acceso a ese derecho. Desde entonces, casi la mitad de los 50
estados de la nación han suprimido el acceso a la interrupción del embarazo.
Todo a pesar de que las encuestas demuestran que esta no es la voluntad de la
mayoría de los estadounidenses. Un sondeo de la empresa Gallup, publicado el
pasado mayo, apunta que solo el 13% de los ciudadanos creen que el aborto
debería ser ilegal. Según la encuesta, el 51% considera que debería ser legal
bajo algunas circunstancias y el 34% en todos los casos.
"Las encuestas nos dicen que la mayoría de las personas están a favor del aborto
seguro y ilegal (…) pero los políticos insisten en querer arrebatarnos esa
autonomía corporal, ese derecho al aborto, yendo en contra de sus votantes",
apunta Alejandra Soto, portavoz de la organización Planned Parenthood Action
Fund.
No obstante, las encuestas no garantizan la protección del aborto en los
estados, pero los gobernantes electos sí. Por ello, los comicios estatales de
este martes son cruciales para el futuro del derecho.
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