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Senador Iván Cepeda dice que
reescribirá proyecto sobre paz
Volverá a redactar su propuesta del Proyecto de Ley contra la
'obstrucción de paz', fue lo que dijo el senador del Pacto Histórico
Iván Cepeda en una entrevista con La W, ante la clara polémica e
incomodidades que creó esta iniciativa en varios sectores políticos.
Al parecer, Cepeda busca claridad en sus ideas y lo que quiere
proponer en el Congreso de la República, donde explicó: "se
constituye como obstrucción a la paz cuando se atenta contra
firmantes, contra personas desmovilizadas, contra líderes y
lideresas sociales que participan en un proceso de paz o contra
cualquier persona que trabaje en un proceso de paz y sea objeto de
asesinato, amenazas o lesiones personales".
Y es que este documento plantea penas de entre 10 y 15 años de
prisión a quienes “impidan o restrinjan” el desarrollo de los
procesos que el Gobierno adelante en torno a sus políticas de paz.
"En Colombia hacer la paz a veces se enfrenta a obstáculos muy
complejos y graves, entonces quienes firman un acuerdo de paz y
dejan las armas son asesinados. Desde que se firmó el acuerdo de paz
en 2016 han sido asesinadas 400 personas", fue lo que dijo el
parlamentario en argumento a su propuesta.
Por otro lado, destacó que "quien ataca a un firmante de paz no solo
está cegando una vida, también está causando un daño inmenso al
proceso de paz. Están causando temor y desconfianza".
Asimismo, la propuesta no tiene limitaciones ni restricciones, es
decir tanto personas naturales como funcionarios públicos pueden ser
sancionados gravemente si impiden un trámite de paz.
"A todo servidor público le está prohibido obstruir, impedir o
restringir la exploración, inicio, desarrollo o finalización de
proceso de paz", se lee en el documento.
Los ajustes que deberían hacerse a
reforma pensional
En el marco del foro sobre la reforma pensional: “Garanticemos el
derecho de la fuerza laboral”, el presidente
del Congreso, Iván Name Vásquez, en su intervención indicó que se
pretende hacer una reforma pensional que garantice los derechos de
los actuales afiliados y las generaciones futuras las cuales
requieren de un debate técnico que atenúe discusiones sobre el
modelo pensional que sería el más adecuado para solucionar los
problemas de baja cobertura, inequidad e inestabilidad financiera.
También resaltó que estos encuentros no son sólo
escenarios de discusión, sino espacios donde las reformas se debaten
y se moldean con el calor de la empatía mutua.
Aunque al foro estaban invitados la ministra de Trabajo, el ministro
de Hacienda y Crédito Público, el ministro de Salud y Protección
Social y el presidente del Comité autónomo de
la regla fiscal (CARF); no
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todos los
panelistas del sector gobierno asistieron.
“Lamento la ausencia de Gloria Ramírez, ministra de Trabajo. Me
acaba de llegar su excusa, estuvimos trabajando todo un equipo con
ella hasta tarde, debió ser una circunstancia superior a su voluntad
para que haya decidido no acompañarnos en este foro de la propia
esencia de su cartera”, sostuvo Name.
Asimismo, recordó la riqueza que aporta a Colombia la diversidad de
sus regiones y al mismo tiempo, puso de relieve los desbalances
regionales presentes en el sistema pensional. Informó que,
actualmente, el sistema cuenta con 1,9 millones de pensionados, de
los cuales el 51% se concentran en las principales ciudades: Bogotá,
Medellín y Cali. Así mismo, señaló que la posibilidad de pensionarse
está fuertemente ligada a la formalidad laboral.
En un análisis más detallado, el presidente del Senado proporcionó
estadísticas relevantes. Hasta julio del 2023, la proporción de
informalidad laboral en las principales 13 ciudades corresponde al
41%, mientras que, en centros poblados y áreas rurales dispersas,
esta cifra asciende al 84%. Estas disparidades evidencian la
necesidad de abordar las inequidades regionales en el acceso a la
pensión.
Finalmente, Name Vásquez cerró su intervención recordando la
importancia de estar dispuestos a convencer y ser convencidos,
resaltando que este elemento humano es crucial para la construcción
de un sistema pensional equitativo y sostenible.
También invitó a todos los participantes del foro a trabajar juntos
para labrar un futuro lleno de oportunidades y justicia para todos.
Gobierno exige reunión al
ELN para hablar sobre secuestro
Una reunión de carácter urgente le exigió Otty Patiño, jefe de la
delegación del Gobierno, a Pablo Beltrán del Ejército de Liberación
Nacional (ELN) para hablar sobre los secuestrados que aún tiene la
guerrilla en su poder. El encuentro sería antes de iniciar el
siguiente ciclo en México.
A través de un comunicado, Patiño señaló que "el rechazo e
indignación expresados por la opinión pública nacional e
internacional frente al secuestro del señor Luis Manuel Díaz, y de
los secuestrados que aún ustedes tienen en su poder, aunado a sus
inaceptables justificaciones para seguir secuestrando, exigen una
reunión urgente y extraordinaria entre las jefaturas de las dos
delegaciones antes del próximo ciclo”
Antonio García, comandante de las fuerzas del ELN, admitió que
raptar al padre del futbolista fue un "error". La organización aún
tiene alrededor de 30 secuestrados en su poder, según el gobierno.
Analistas consideran que el secuestro de Díaz viola el cese al fuego
pactado entre el gobierno de Gustavo Petro y los insurgentes hace
tres meses, pero además hace tambalear los diálogos de paz
entablados entre las dos partes.
"No se hagan ilusiones"
Sin embargo, el ELN insiste en esta práctica argumentando que es una
de sus fuentes de ingresos. Según el gobierno, al menos 30
personas están en poder de la guerrilla guevarista fundada en 1964.
En su cuenta de X (antes Twitter), el comandante del ELN, conocido
con el alias de Antonio García, aseguró que "no aceptará
imposiciones ni chantajes".
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"Que no se hagan ilusiones", advirtió.
García, cuyo nombre real es Eliécer Chamorro, agregó que en la mesa de
negociaciones no existen acuerdos “sobre las retenciones ni económicas,
políticas o judiciales. Queda pendiente buscar una solución concreta y real para
financiar el cese (al fuego)".
Primer 'plato de discordia' entre
gobierno y gobernadores electos
Más recursos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en las
diferentes regiones del país solicitaron los nuevos gobernadores, a
través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro; a la
ministra de Educación, Aurora Vergara; al ministro de Hacienda,
Ricardo Bonilla; y al director de la Unidad Administrativa Especial
de Alimentación Escolar Bogotá, Luis Fernando Correa.
La misiva establece una serie de recomendaciones, en virtud de la
meta establecida de una cobertura universal del 76% y 95% para que
impacte en el acceso y permanencia escolar, así como también,
extender el programa más allá del periodo escolar como una
estrategia de seguridad alimentaria.
“Los esfuerzos presupuestales que han hecho las entidades
territoriales para ampliar la atención y cumplir con las metas
propuestas, comprometiendo en buena medida los recursos del Sistema
General de Regalías, recursos propios, crédito público, entre otros,
dan cuenta de la disposición de los departamentos para priorizar
este programa y generar condiciones nutricionales adecuadas para que
nuestros niños puedan acceder a las aulas y permanecer con un
desarrollo cognitivo permanente”, puntualizan.
En la misma carta, los gobernadores electos manifestaron que la
situación es insostenible, razón por la que hacen un llamado al
Gobierno.
“Ante la gran apuesta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo
2022-2026 de ampliar el alcance del programa para contribuir a la
seguridad alimentaria y nutricional, y la cobertura universal y con
atención durante todo el año escolar, incluyendo los periodos de
receso académico, se revise la asignación anunciada por la Unidad
Especial de Alimentación Escolar para la vigencia 2024 y
siguientes”, se lee en el documento.
Solicitaron que se duplique la participación de la nación en el
financiamiento del programa, con la intención de “no seguir
generando un desequilibrio en la disposición de recursos por los
departamentos para la atención de otras necesidades, y de esta
manera poder financiar inversiones para garantizar la seguridad
humana y justicia social, a través de una mejor calidad educativa,
infraestructura, conectividad vial, salud, entre otros”.
La carta fue firmada por 30 de los 32 mandatarios departamentales
escogidos en los comicios del 29 de octubre. Solo Rafael Alejandro
Martínez de Magdalena y Manuel Alexander Pérez de Arauca no aparecen
en el comunicado.
Los mandatarios aprovecharon la ocasión para agradecer al Gobierno
considerar las peticiones.
“Y confiamos en que el propósito de cierre de brechas en territorios
que abandera el Gobierno nacional, repercuta en la distribución de
un aporte presupuestal que nos permita seguir superando los desafíos
en educación, y generando nuevas y mejores oportunidades para
nuestros niños, adolescentes y jóvenes en Colombia”, destacaron.
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