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Broma de dos británicos retrasó operación en aeropuerto El Dorado
Por haber puesto en riesgo la seguridad operacional del Aeropuerto
El Dorado, generar retrasos en la operación aérea y perjudicar a
cientos de viajeros, Migración Colombia expulsó anoche a los
viajeros británicos Mubin Abdul y Patel Ravin Jagdish.
La medida obedeció a la situación que los extranjeros generaron ayer
a la 1:00 p.m. mientras hacían el check in en el mostrador de la
aerolínea Wingo. Frente a la pregunta de la agente de servicio de si
llevaban elementos no permitidos en el equipaje facturado, uno de
ellos respondió que portaba una bomba a la vez que se sonreía con su
compañero de viaje.
Lo que para ellos era una broma, para el concesionario del
Aeropuerto y la Policía Nacional fue una potencial amenaza, por lo
que activaron sus protocolos de seguridad, revisaron todos los
equipajes de ese vuelo con biosensor canino antiexplosivos e
hicieron una revisión especial al avión. Esto afectó la operación
aérea y ocasionó retrasos en los vuelos que perjudicó a cientos de
viajeros.
Una vez desestimó la amenaza, la Policía Nacional puso a disposición
de Migración Colombia a los dos extranjeros, quien los expulsó
anoche mismo mediante resolución administrativa, fundamentada en el
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1067 del 26 mayo de 2015, que le
faculta para adoptar estas decisiones, cuando a su juicio
identifique personas que “realicen actividades que atenten contra la
seguridad nacional, el orden público… la tranquilidad social, la
seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que
indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el
orden público, la seguridad pública o la tranquilidad social…”
La medida les prohíbe a los extranjeros ingresar al territorio
colombiano durante 10 años a partir de su salida del país. Contra
esta decisión no proceden recursos.
Persisten condiciones precarias en cárceles a pesar de billonaria
inversión
Las acciones emprendidas por el Gobierno Nacional durante los
últimos 20 años, 8 Conpes y 8 Planes Nacionales, y las billonarias
inversiones realizadas, son insuficientes para superar la grave
crisis
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que enfrenta el Sistema Carcelario y Penitenciario en Colombia.
El estudio “Desafíos de las Políticas Públicas, la Institucionalidad
y el Uso de Recursos en la Crisis Carcelaria y Penitenciaria en
Colombia”, adelantado por La Contraloría General de la República
evidencia graves fallas en la articulación institucional y el
desempeño de las entidades del Gobierno Nacional, y en especial de
la Rama Judicial.
El estudio de la Contraloría General demuestra que no se han tomado
acciones efectivas que permitan un manejo eficiente de las causas
estructurales de la problemática como son, el aumento de los índices
de delincuencia y violencia, el deterioro de gran parte de los
establecimientos carcelarios y penitenciarios, la falta de
aplicación de la alternatividad penal, el populismo punitivo y las
múltiples modificaciones del Código Penal.
Como resultado de una encuesta adelantada por la CGR entre los 126
directores de establecimientos carcelarios y penitenciarios, la
Contraloría General encontró diferencias en la información de cupos
carcelarios que maneja el INPEC, situación que genera serias dudas
frente a las estadísticas que sirven de base para la formulación de
las políticas públicas y la asignación de presupuestos y recursos a
las instituciones responsables.
Se destaca que la crisis carcelaria y los altos índices de
hacinamiento no se solucionan con acciones únicamente encaminadas a
aumentar la capacidad instalada en los establecimientos de reclusión
del orden nacional - ERON, sin tener en cuenta las estrategias
orientadas a mejorar las condiciones humanas y de resocialización de
los internos.
Situación que se permite observar, que el propósito de
resocialización no se logra, porque los establecimientos carcelarios
se convirtieron en universidades del crimen y el impacto negativo de
la reincorporación del ex convicto a la sociedad es cada vez mayor.
Anuncian pagos pendientes del programa Devolución del IVA
Prosperidad Social informa que hasta el 2 de diciembre se harán los
pagos de los ciclos 1, 2 y 3 del programa Devolución del IVA a los
hogares que no cobraron los giros el pasado mes de septiembre, para
lo cual el operador Supergiros y su red aliada tendrán disponibles
22.000 puntos de servicio en todo el país.
Son 202.827 los hogares beneficiarios del programa que recibirán un
pago acumulado de 267.000 pesos (89.000 pesos por cada ciclo). Estos
hogares recibirán un mensaje de texto en los que les notificarán la
disponibilidad del recurso. Además, Prosperidad Social ha habilitado
el buscador de la página web del programa para consultar el estado
de cada pago: https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/
Para la entrega, el operador de pago Supergiros y su red aliada
tendrán disponibles 22.000 puntos de servicio en todo el país. Por
tanto, la invitación es para que quienes no han cobrado es a que se
acerquen a los puntos de pago autorizados con su documento original
y reciban su transferencia. Es importante recalcar que el 2 de
diciembre
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es la última fecha en la que estarán disponibles estos giros.
Devolución del IVA, también conocido como Compensación del IVA, es
un programa de Transferencias Monetarias no Condicionadas (TMNC),
que busca reducir el impacto del cobro del impuesto sobre las ventas
IVA en los hogares más pobres del país. Es importante recordar que
el programa NO maneja inscripciones y que el cupo de atención del
programa es de dos millones de hogares a nivel nacional.
Las razones del S.O.S del sector transportador
Representantes de diferentes gremios transportistas colombianos
pidieron atención inmediata al Gobierno nacional, con la intención
de dinamizar el sector y evitar las pérdidas billonarias.
Organizaciones como ASOTRANS, ADITT y Consejo Superior del
Transporte solicitaron al Ejecutivo tarifas diferenciales que no
pueden ser trasladadas al usuario final. También solicitaron asumir
con la mayor autoridad posible las políticas públicas, con el
objetivo de combatir la ilegalidad y controlar el orden público en
las carreteras en el país.
“El desconocimiento operativo y la indolencia sobre nuestro futuro
inmediato, por parte del Gobierno, contribuye a profundizar la
crisis. Estamos dispuestos a estudiar mecanismos para que el sector
se formalice, sin embargo, de manera urgente necesitamos líneas
financieras y tarifas diferenciales en peajes y combustibles”,
manifestó Marino Quintero, presidente de ASOTRANS.
Aprovechó la oportunidad para asegurar que en el año las pérdidas
están por encima de los 3 billones de pesos, los cuales han sido
ocasionados por “600 bloqueos en las vías, más de 45 hechos
violentos contra vehículos y el impacto por el incremento de los
precios de los combustibles y los peajes”.
Sobre la petición hecha por los representantes de los diferentes
gremios de transportadores, el viceministro de Transporte, Carlos
Eduardo Enríquez Caicedo, se pronunció.
Manifestó que las mesas de trabajo conjuntas continuarán su curso, a
fin de hacer una exhaustiva revisión a la fórmula del valor del ACPM.
También, para tomar decisiones consensuadas con los distintos
gremios.
“En cuanto a la ilegalidad, tenemos un proyecto de ley con la
Supertransporte para tener más dientes para el control a la
ilegalidad e informalidad que golpea al sector”, afirmó el
funcionario.
En medio de la reunión, a la que asistieron más de 500 empresarios
de transporte intermunicipal, mixto, urbano, escolar, especial, y
urbano del país, los agremiados insistieron estarán prestos a
“fortalecer con el Gobierno nacional un sector sostenible y pujante,
generador de empleo y vital para el crecimiento económico del país,
pero que se consolide con la columna vertebral de la economía
colombiana”.
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