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Alertan sobre riesgos en licitación para alimentos en cárceles
A menos de 10 días de que venza el plazo para adjudicar el contrato
del nuevo operador que suministrará los alimentos para la población
carcelaria del país, la Procuraduría lanza duras advertencias a la
USPEC sobre inconvenientes hallados en el proceso licitatorio.
Durante una reunión adelantada con el director de la Unidad para
Servicios Carcelarios y Penitenciarios -USPEC- Ludwing Joel Valero
Sáenz, el Ministerio Público alertó a la entidad sobre la
obligatoriedad de dar cumplimiento al principio de publicidad y los
desajustes en los cronogramas establecidos.
En ese sentido, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia
de la Función Pública, encargada del caso, indaga sobre el plan de
acción para garantizar la alimentación de más de 124 mil personas
privadas de la libertad a partir del 1 de diciembre de 2023 dado
que, la fecha de terminación de los contratos vigentes es el próximo
30 de noviembre.
Así mismo, se cuestionó a la USPEC sobre el plan de contingencia
previsto para garantizar la continuidad de este servicio en aquellos
lotes que no resulten adjudicados.
Otro de los aspectos de esta licitación que preocupa a la
Procuraduría es la contratación de la empresa que realizará la
interventoría a este contrato, que supera los 800 mil millones de
pesos, pues a escasos 10 días de su adjudicación, no se cuenta con
ello.
Para el Ministerio Público este aspecto, para lo cual, de acuerdo
con lo señalado por la USPEC, se ha contemplado un presupuesto
aproximado de $ 47 mil millones, constituye un factor fundamental
dado el alcance y la magnitud de este proceso contractual y la
prevalencia de los derechos fundamentales de las PPL.
Por último, y ante algunas dudas y observaciones presentadas por los
interesados, la Procuraduría resaltó la necesidad de publicar todos
los documentos y soportes de las actuaciones adelantadas en este
proceso, como el acta de la audiencia de sorteo sobre el orden en
que serán evaluados los grupos del proceso de licitación pública.
Así las cosas, el ente de control reitera que ejercerá estricto
control sobre el proceso licitatorio para que cumpla con la
rigurosidad de la normatividad de la contratación estatal.
Durante la Paz Total se ha desescalado el conflicto en Colombia
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción
Especial de Paz (JEP), que actúa como la fiscalía de la justicia
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transicional, entregó un informe en el que analiza las cifras de
seguridad y la situación de derechos humanos del país durante la
política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro.
Según ese informe, que fue dado a conocer por el portal La Silla
Vacía, durante los primeros diez meses de 2023 “se ha producido un
desescalamiento del conflicto armado” en comparación con el mismo
periodo de 2022.
Para llegar a esa conclusión, la UIA utilizó información de 192
medios de comunicación, datos de la Oficina de las Naciones Unidas
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, cifras de
organizaciones sociales, y cifras de alertas tempranas de la Policía
Nacional y la Defensoría del Pueblo.
El informe indica que en 2023 hubo una reducción del 47% de los
ataques armados a la Fuerza Pública y una reducción del 32% en los
enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados.
En cuanto a los enfrentamientos entre grupos armados, hubo una
ligera reducción del 2% frente a 2022. Los grupos que más se
enfrentaron fueron el Clan del Golfo y el ELN, con un total de 33
veces, y la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (las dos
disidencias de las FARC), con un total de 23 veces.
Además, el informe revela que el 77% de los frentes del Estado Mayor
Central han cumplido con los ceses al fuego acordados con el
Gobierno nacional.
No obstante, entre julio y octubre se registró un aumento
exponencial en los ataques a la Fuerza Pública, producto de la
Operación Trueno, por medio de la cual se recuperó el control del
municipio de Argelia, Cauca. El 85% de las acciones ofensivas en
contra del Ejército fueron atribuidas al Bloque Occidental que está
en el Cañón del Micay.
También destaca el informe que durante el cese al fuego entre el ELN
y el Gobierno solo se ha registrado un ataque armado de esa
guerrilla en contra de la Fuerza Pública.
Además, los desplazamientos forzados se redujeron en un 46% durante
2016 y los confinamientos en las comunidades se redujeron en un 51%.
Todo esto agrupa a un total de 90.000 víctimas menos de este tipo de
hechos en 2023 en comparación con 2022.
Comunidad de Timba expulsó a la Fuerza Pública de su territorio
Una nueva asonada contra el Ejército Nacional y la Policía se
registró en el corregimiento de Timba, del municipio de Buenos
Aires, Cauca.
En medio de insultos, la comunidad de Timba expulsó a la Fuerza
Pública minutos después de que el Ejército tuviera un enfrentamiento
contra Jaime Martínez, disidencias de las FARC, quienes atacaron a
los uniformados con armas de fuego.
De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió hacia las
04:00 de la tarde de este sábado mientras las tropas realizaban
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tareas de reconocimiento y control de la zona.
Es importante mencionar que en el país se han presentado casos donde
los grupos armados amedrentan a la comunidad para que saque al Ejército y así
evitar que se retome el orden público.
El pasado 5 de noviembre se registró una agresión contra la Fuerza Pública por
parte de una comunidad del corregimiento de El Plateado, en el municipio de
Argelia, Cauca.
De acuerdo con las fuentes militares, la población civil fue instrumentalizada y
amenazada por las disidencias de Iván Mordisco si no salían a la calle y sacaban
al Ejército.
Reforma laboral 2.0: se anuncian cambios en los pagos por
trabajar los domingos y festivos
Con tres firmas de diez, y en medio de una polémica, el viernes 24
de noviembre se radicó la ponencia positiva para el primer debate de
la reforma laboral 2.0 ante el Congreso de la República. Ahora con
el nuevo texto de ponencia, se espera se avance en la discusión de
los legisladores, noticia positiva para el gobierno del presidente
Gustavo Petro.
La iniciativa está en cabeza de los ponentes María Fernanda
Carrascal y Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, y Germán Gómez,
del Partido Comunes. Algunos de los puntos claves del documento de
189 páginas tiene que ver con la jornada de trabajo y los tipos de
contratación en el país.
En uno de los apartados del documento se menciona que lo que esperan
de esta reforma es “la búsqueda del trabajo digno y decente, en
consecuencia, se busca principalmente la regulación de las
relaciones laborales reguladas en el Código Sustantivo del Trabajo”.
Además, el texto resalta que “no es una reforma consensuada en su
totalidad”, pero que “fue ampliamente discutida y acordada en
algunos puntos de interés”.
Recargos dominicales y festivos: cómo quedarán con la reforma
En el proyecto de ley se contemplan modificaciones en varios
aspectos, entre ellos, la jornada nocturna y los recargos por
trabajar los domingos y festivos; en el primer caso se solicita que
esta se extienda desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Frente al recargo por trabajar en días dominicales y festivos,
actualmente rige el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo,
el cual menciona “el trabajo en domingo y festivos se remunerará con
un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el salario
ordinario en proporción a las horas laboradas” y lo que se pide es
que se aumente hasta el 100%.
“Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado, solo
tendrá derecho el trabajador, si trabaja, al recargo establecido en
el numeral anterior”, explica la ley. Aunque en la ley se informó
que esta media sería implementada gradualmente, y que en 2024 se
implementaría el 80% de la misma, en 2025 se aumentaría hasta el 90%
y desde el 2026 se aplicaría en totalidad.
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