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'Si quiere un enfrentamiento, estoy
listo': Barbosa a Petro
Francisco Barbosa, respondió a las críticas de Petro sobre la
investigación por el caso del CTI en Buenaventura, Valle del Cauca.
Ante las acusaciones, el fiscal general de la Nación no solo
defendió su posición, sino que también desafió abiertamente a un
enfrentamiento directo con el mandatario.
Barbosa afirmó: "Si el presidente quiere un enfrentamiento con la
institucionalidad colombiana, yo estoy listo a darlo en cualquier
momento." Esta declaración revela la firmeza del fiscal ante las
acusaciones y la disposición a defender la integridad de la
institución que representa.
Barbosa no solo defendió su posición sino que también sugirió la
existencia de un complot contra la vicefiscal Martha Yaneth Mancera.
"Esto es un complot contra la vicefiscal Martha Yaneth Mancera",
destacó el fiscal general, insinuando que las críticas de Petro
forman parte de un plan para desacreditar a la vicefiscal, quien
tiene un papel crucial en la acusación contra el hijo del
presidente.
En un momento álgido de la confrontación, Barbosa recuerda el pasado
guerrillero de Petro como integrante del M-19. "Acá no estamos en
una organización criminal donde seguramente él participó cuando hizo
parte del M-19", subraya Barbosa, sugiriendo que el presidente no
puede aplicar las mismas tácticas de toma de decisiones que en su
época de guerrillero.
Barbosa concluye su respuesta con una advertencia sobre el tiempo de
poder de Petro. "Que no se le olvide que él no está por 20 años en
el poder, le faltan dos y seguirá siendo Presidente hasta el 7 de
agosto de 2026 y después será ciudadano como todos nos toca ser
ciudadanos cuando dejamos de ejercer estos cargos públicos",
enfatiza el fiscal general, señalando la temporalidad del poder y
sugiriendo que las acciones de Petro tendrán consecuencias incluso
después de su mandato.
Para mejorar el sector salud
no se necesita de una reforma
Varias reflexiones le dejó al Centro Democrático la reunión con el
presidente Gustavo Petro la semana pasada,
donde hablaron sobre la reforma a la salud, entre ellas que para
mejorar el sector no se necesita modificar la ley.
La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia reescribió unas
líneas de lo que para ella fue el resultado del encuentro con el
jefe del Estado. El escrito publicado en su cuenta X el título, “Un
tinto sin acuerdo”. La legisladora dijo en la nota donde expresó
su percepción acerca de la reunión, “El
presidente Petro fue insistente en la falta de salud preventiva y la
necesidad de crear un buen sistema de salud en las regiones
apartadas".
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Valencia señaló que para cumplir con lo que desea el Gobierno no se
quiere una reforma legal, pues para este fin, según la
parlamentaria, solo sería suficiente destinar recursos y expedir
algunos decretos.
A renglón seguido anotó, “Sin embargo, para el Gobierno eso no es
suficiente. Quieren cambiar todo el sistema. Y hay que ser claros:
el que proponen desde todo punto de vista significa un gran
incremento en el costo de la salud y dudo que podamos pagarlo. Aun
si pudiéramos, no mejora en nada lo que hoy tenemos, y sí lo pone en
riesgo”.
Afirmó también la legisladora del Centro Democrático, “Hoy tenemos
un sistema que, con pocos recursos, pocos médicos, enfermeras y un
déficit de 16 mil especialistas logra tener indicadores parecidos a
los que tienen países que gastan mucho más que nosotros y que tienen
personal suficiente”.
Sobre las EPS la senadora Paloma Valencia argumentó en su escrito,
“Las EPS son el malo del paseo. Deben configurar la Red de servicios
con hospitales y clínicas públicas y privadas, y a través de ese
proceso, fijan los precios logrando que la salud en Colombia sea muy
barata. Y luego un rígido filtro de auditoría, de la que dependen
los recursos que les quedan y que ha sido fundamental para controlar
la corrupción en algunos hospitales y algunos pacientes. En
conclusión, el sistema de aseguramiento con estas funciones en
cabeza de las EPS siempre busca reducir los costos y cuidar los
recursos. Incluso a veces demasiado”.
Recordó la congresista quien participó en el encuentro del pasado
miércoles, “Comparados a nivel internacional, somos el segundo país
de la OCDE con precios más bajos en el sistema de salud y ocupamos
el segundo puesto en ciudadanos que menos usa gasto de bolsillo en
salud, lo que muestra la robustez de nuestro sistema: da acceso al
93,6% de los medicamentos listados en el país y al 96,9% de los
procedimientos”.
Y concluyó, “La reforma a la salud de Petro elimina las EPS, y deja
al ADRES (una entidad del Estado) encargada de auditar más de 650
millones de facturas y girar los recursos. No tiene ni capacidad ni
experiencia. Lo solucionan hablando de más de 3 mil cargos
públicos”.
Sin embargo, el primero en responderle al presidente Gustavo Petro,
fue el expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro
Democrático.
Discusión del mínimo y
reforma laboral es inoportuna: empresarios
Como inconveniente e inoportuna consideró la Federación Nacional de
Comerciantes (FENALCO), la discusión al mismo tiempo del salario
mínimo y el proyecto de reforma laboral.
En carta dirigida a cada uno de los miembros de la comisión VII de
la Cámara de Representantes, Jaime Alberto Cabal, presidente de
FENALCO, propuso posponer El debate del proyecto de reforma laboral.
De acuerdo con el vocero de los comerciantes, no es procedente
discutir una reforma laboral en paralelo a la discusión del
incremento del salario mínimo. Las
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consecuencias que esta reforma trae en materia de incremento de
costos laborales,
eliminación del derecho colectivo y la rigidez en la
contratación, entre otras, podría ubicar a los empresarios en un difícil
escenario.
“Los empresarios se encuentran en una encrucijada como consecuencia de los altos
impuestos, la contracción de la economía, las altas tasas de interés y el
aumento del costo de vida. Así mismo, el alza del precio de la gasolina, que se
viene registrando, y el del diésel y los peajes, que anunció recientemente el
Gobierno, afectará sensiblemente la estructura de costos, lo que comprometería
la viabilidad de muchas micro, pequeñas y medianas empresas del país y en
consecuencia la generación de empleo formal”, afirmó Cabal.
Procuradora hace un llamado al
Gobierno para frenar crisis de salud
La Procuradora, Margarita Cabello Blanco, hizo un llamado urgente al
Ministerio de Salud y Protección Social para que revise y evalúe
posibles inconsistencias en la metodología para calcular los valores
que se reconocen por afiliado al Sistema General de Seguridad Social
en Salud (SGSSS), dispuestos para cubrir las prestaciones del Plan
Obligatorio de Salud (POS) en los regímenes contributivo y
subsidiado.
Señaló que, entre las principales causas expuestas por las Empresas
Prestadoras de Salud (EPS) frente a esta crisis, está el cálculo
insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de los
recursos para financiar los servicios que no están incluidos en la
UPC, tales como los presupuestos máximos que no hacen parte del Plan
de Beneficios de Salud (PBS) que le corresponde asumir al Ministerio
de Salud.
A manera de ejemplo, la jefe del Ministerio Público citó que con
fundamento en la información reportada por las EPS en el 2021, es
decir dos años atrás, se determinó el valor de la UPC para 2023, lo
qué implicó una reducción en las reservas técnicas y generó que no
se tuvieran en cuenta los nuevos medicamentos y servicios incluidos
en el Plan de Beneficios en Salud en el año 2022.
Respecto a las causas de la deficiencia de recursos, la Procuradora
requirió revisar indicadores como la inflación, la devaluación, los
cambios demográficos epidemiológicos, la inclusión cada vez mayor de
nuevas tecnologías en el Plan de Beneficios, el aumento en la
demanda de servicios, los efectos del covid-19, las liquidaciones de
EPS que generan traslados masivos de usuarios, el aumento de
enfermedades crónicas, la atención a migrantes y las enfermedades de
alto costo.
Por último, la Procuradora instó al Ministerio de Salud, la
Superintendencia Nacional de Salud, la Adres, el Invima y demás
actores, a mantener la calma, la confianza y el diálogo permanente
para garantizar a la población el adecuado funcionamiento del
sistema de salud, evitando pronunciamientos a través de diferentes
medios, que sumados a la incertidumbre que causa el trámite de
reforma, generan pánico y profundos temores en los afiliados, y como
consecuencia de ello se aumenta la demanda de servicios y atención
que, en ocasiones, pueden colapsar el sistema.
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