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Golpe a depósitos de armamento del 'Clan del
Golfo' en Bolívar
En desarrollo de acciones enmarcadas en el Plan de Campaña Estratégico Conjunto
Ayacucho, y como parte del despliegue operacional adelantado durante la presente
semana, las Fuerzas Militares localizaron a tres depósitos ilegales con
abundante material de guerra y logró el sometimiento de dos presuntos
integrantes del Clan del Golfo.
Los hechos, se produjeron en la vereda El Dorado y en el sector de Mina Seis,
zona rural del municipio de Montecristo. Hasta allí, llegaron las tropas,
quienes tras realizar un registro de los lugares ubicaron el armamento que
pertenecería a la subestructura Erlín Pino Duarte, del Clan del Golfo que
delinque allí y que sería uno de los causantes de la confrontación armada que ha
dejado varias familias desplazadas de manera forzada.
Producto del esfuerzo operacional, las tropas del Ejército Nacional, la Armada y
la Fuerza Aeroespacial, localizaron dos fusiles, cuatro pistolas, un mortero
calibre 60mm, una granada de 60mm, más de 5000 unidades de munición de
diferentes calibres, 21 radios de comunicaciones, una mira para fusil,
proveedores y material de intendencia.
De igual manera, en medio del movimiento de las tropas fue localizado un
integrante de ese grupo armado organizado, quien se encontraba gravemente
herido. De inmediato los enfermeros militares de combate le brindan los primeros
auxilios y lo evacuan en un helicóptero hacia Santa Rosa del Sur, Bolívar. El
sujeto recibe atención médica y se encuentre estable. El otro sometido recibirá
también los beneficios del programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado.
Con este resultado se afecta de manera significativa los planes criminales del
grupo armado organizado Clan del Golfo, golpeando a sus estructuras logísticas y
criminales que delinquen en el sur de Bolívar.
Imputado el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade
La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos de prueba que dan cuenta de la
posible actuación irregular del exdirector de la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade Moreno, en la
celebración de ocho otrosíes que se hicieron al contrato de concesión 001 de
2010, que contempló la construcción de la denominada ‘Ruta del Sol II’.
En el curso de la investigación se acreditó que Andrade Moreno, en ejercicio de
su cargo, aprobó y firmó los otrosíes 1, 2, 4, 5, 8, 7, 9 y 10, los cuales
modificaron y ajustaron las condiciones financieras y técnicas del proyecto
vial, sin que existieran estudios serios y completos, beneficiando
injustificadamente al consorcio contratista, del que hacía parte la constructora
brasileña Odebrecht.
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De esta manera, al parecer, fueron vulnerados principios esenciales de la
contratación pública como responsabilidad, transparencia, economía,
imparcialidad, legalidad y planeación.
Los elementos materiales probatorios en poder de la Fiscalía indican que los
otrosíes cuestionados permitieron:
- Disminuir el grosor de la huella asfáltica en un trayecto, lo que causó un
bajón en la calidad técnica del proyecto.
- Alterar las fechas de inicio de las obras y otorgar prórrogas en el tiempo
para mejorar el flujo de caja del contratista.
- Omitir las sanciones por demoras y pasar por alto el cobro de multas al
concesionario por más de 35.800 millones de pesos.
- Adicionar obras no contempladas en el contrato inicial como la construcción
del acceso a desnivel a Puerto Boyacá (Boyacá), por un valor superior a los
10.330 millones de pesos.
- Comprometer recursos y vigencias futuras sin autorización del Consejo Nacional
de Política Económica y Social (CONPES) y del Consejo Superior de Política
Fiscal (CONFIS).
- Modificar las formas de pago y los cronogramas de desembolso de dinero para el
contratista.
- Desafectar un tramo por un valor de 19.976 millones de pesos, cuando debió
hacerse por una suma superior a 65.395 millones de pesos.
Todo lo anterior habría generado un desbalance económico en el contrato en
contra de los intereses del Estado y en claro favorecimiento a la concesionaria
‘Ruta del Sol II’. En ese sentido, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para
el Caso Odebrecht imputó a Luis Fernando Andrade Moreno el delito de interés
indebido en la celebración de contratos. El cargo no fue aceptado por el
procesado.
Defensoría alerta que tres grupos criminales están
reclutando a menores en Bolívar y Trujillo, Valle del Cauca
La Defensoría del Pueblo lanzó una Alerta Temprana de Inminencia (ATI) número
038, revelando la creciente amenaza de grupos delincuenciales como Los Guatines,
Nueva Corporación y otro aún sin identificar. Estos grupos están violando los
derechos de las comunidades en los municipios de Bolívar y Trujillo, en el
noroccidente del Valle del Cauca, según la última alerta emitida.
“Evidenciamos que tres grupos del crimen organizado están afectando la
tranquilidad, la vida e integridad de quienes habitan en Trujillo y Bolívar.
Estas organizaciones ilegales están extorsionando; realizan amenazas de muerte;
restricciones a la movilidad; reclutan forzosamente a niñas, niños y
adolescentes; cometen homicidios, y controlan el tráfico de estupefacientes”,
indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
En los últimos dos meses, de acuerdo
con la entidad, las acciones delictivas se han intensificado, generando un clima
de miedo y zozobra, especialmente entre campesinos y finqueros. El defensor del
Pueblo advirtió sobre un inminente aumento en la ocurrencia de hechos delictivos
por parte de estos grupos.
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“En la alerta solicitamos la implementación de medidas necesarias para proteger
los derechos de lideresas y líderes comunitarios o comunales, quienes han sido
víctimas de hostigamientos y amenazas. Los grupos delincuenciales están
identificando los liderazgos para obligarlos a convocar a sus comunidades y, de
esta manera, dar a conocer sus pretensiones”, señaló Camargo Assis.
La Alerta Temprana también resaltó la necesidad de proteger a líderes
comunitarios que han sido blanco de hostigamientos y amenazas. Los grupos
delincuenciales identifican estos liderazgos con la intención de forzarlos a
convocar a sus comunidades y así dar a conocer sus demandas.
Aunque los grupos criminales aún están en proceso de conformación y
organización, la ATI señaló el riesgo de enfrentamientos entre ellos, lo que
podría afectar directamente a la población local. Por ello, el informe
defensorial solicitó una intervención con enfoque de derechos humanos en
Trujillo y Bolívar.
El Ministerio del Interior, a cargo de la secretaría técnica de la Comisión
Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat),
recibió 16 recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para garantizar los
derechos de los habitantes de estas dos poblaciones vallecaucanas. Estas medidas
buscan prevenir las afectaciones a las comunidades y promover la seguridad de
los ciudadanos.
Precisamente, el jueves, 30 de noviembre, se llevó a cabo una reunión de la
Ciprat en el municipio de Trujillo, donde se presentó la Alerta Temprana de
Inminencia y se discutieron las recomendaciones a las autoridades para
contrarrestar la amenaza del crimen organizado en la región.
Corte Suprema mantiene medida de
aseguramiento a excongresista Arturo Char
En medio de la investigación por la presunta compra de votos en el caso Aida
Merlano, la Corte Suprema mantiene medida de aseguramiento al excongresista
Arturo Char, quien se encuentra privado de la libertad en la Picota de Bogotá.
Sobre esta decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que conoció
el viernes que no ha habido un pronunciado de su equipo de abogados ni su
hermano, el alcalde electo Alejandro Char.
Mientras tanto, el alto tribunal negó la nueva solicitud de la defensa,
señalando que se mantiene la medida de aseguramiento en establecimiento
carcelario “al encontrar que sigue siendo necesaria para asegurar su
comparecencia al proceso y evitar una posible manipulación de pruebas”.
Por esta razón, Arturo Char seguirá en el pabellón de funcionarios públicos de
La Picota, centro de detención, a donde fue trasladado luego que llegara
Barranquilla procedente de Estados Unidos ante el requerimiento de la corte y se
entregó a la justicia.
El excongresista enfrenta un proceso por concierto para delinquir y corrupción
al sufragante, en el proceso de compra de votos que se hizo desde la casa blanca
de la excongresista Aida Merlano, hoy recluida en el batallón militar de
Malambo.
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