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Más presencia de Ejército solicitan en Bajo Baudó, Chocó
La Procuraduría General de la Nación requirió al Ministerio de
Defensa adelantar las gestiones necesarias para garantizar de manera
urgente la presencia de efectivos del Ejército en jurisdicción del
municipio de Bajo Baudó, Chocó, ante los enfrentamientos que vienen
sosteniendo en esa región miembros de grupos armados al margen de la
ley.
En comunicación enviada por la Procuraduría Delegada para el
Seguimiento al Acuerdo de Paz, el órgano de control precisó que esa
situación de orden público ha generado homicidios selectivos,
imposición de reglas de conducta, restricción a la movilidad,
amenazas a líderes y lideresas sociales, ocupación de bienes,
confinamientos y desplazamientos forzados de los habitantes del
municipio y corregimientos cercanos.
Tal situación al parecer se origina en un conflicto en la
jurisdicción operacional en el municipio de Bajo Baudó, que ha
conllevado a que no haya presencia de la Fuerza Pública en
determinadas zonas de ese territorio, “lo que es aprovechado por los
actores armados ilegales para disputarse el control del mismo,
dejando graves afectaciones a la población civil, tal como se ha
evidenciado en el seguimiento que realiza la Procuraduría a la
situación humanitaria en ese municipio”.
Esa circunstancia ha afectado principalmente a las comunidades
ubicadas en el área de influencia de los ríos Docampadó y Orpúa, así
como del resguardo indígena Río Purricha, en jurisdicción de Bajo
Baudó.
Además, los habitantes de la población de Geandó, que desde hace más
de dos años permanecen en condición de desplazamiento en la cabecera
municipal de Bajo Baudó, no han podido retornar a sus viviendas,
debido a que ni la Infantería de Marina ni el Ejército han
presentado la percepción de seguridad para ser aprobada en el Comité
de Justicia Transicional, documento que es requisito para activar el
acompañamiento al proceso.
Por esa razón, el órgano de control solicitó, además, copia del acto
administrativo que determina la jurisdicción de la Fuerza Pública en
el municipio de Bajo Baudó.
Confirman reducción de jornada laboral para empleados domésticos
La Corte Constitucional dió luz verde a la reducción progresiva de
la jornada laboral para los empleados domésticos internos en
Colombia. Esta decisión equipara sus derechos laborales con los de
otros trabajadores en el país.
En respuesta a una demanda que cuestionaba la exclusión del servicio
doméstico interno de la reducción de la jornada laboral contemplada
en la Ley 2101 de 2021, la Corte Constitucional emitió un fallo
trascendental. La decisión se centra en equiparar los derechos de
los empleados domésticos internos con los de otros sectores
laborales, principalmente para acabar con la discriminación hacia
este grupo mayoritariamente femenino.
La Corte, al declarar exequible el artículo 162 del Código
Sustantivo del Trabajo, establece una reducción gradual de la
jornada laboral para los empleados domésticos internos. De acuerdo
con la decisión, la jornada máxima de 60 horas semanales se reducirá
proporcionalmente a 52.5 horas, equiparando este sector con la
reducción aplicada a otros trabajadores en general.
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La gradualidad podrá ser negociada entre las partes o implementada
de manera inmediata.
La Corte Constitucional ha destacado la importancia de garantizar la
equidad en los derechos laborales, exhortando al Congreso a adoptar
medidas legislativas que armonicen la jornada máxima laboral del
servicio doméstico interno con la establecida para los demás
trabajadores. Este fallo busca poner fin a la discriminación y
asegurar que quienes se dedican al cuidado del hogar o miembros de
la familia internamente gocen de la misma protección legal.
La decisión de la Corte Constitucional tiene efecto inmediato,
permitiendo a los empleados domésticos internos reclamar la
implementación de la nueva jornada laboral ante sus empleadores. Los
empleadores que incumplan podrían enfrentar sanciones severas,
incluyendo el pago de horas extras sin reducción salarial y la
imposibilidad de disminuir las cotizaciones a pensiones. Los
empleados cuentan con el respaldo legal para terminar
unilateralmente el contrato en caso de incumplimiento, con la
posibilidad de buscar reparación a través de la justicia.
Esta decisión se enmarca en un contexto histórico donde la equidad
de género y la protección de los derechos laborales han cobrado una
relevancia creciente. La exclusión previa del servicio doméstico
interno de la reducción de jornada generaba una brecha injusta en la
protección legal de los trabajadores. La Corte, al abordar esta
omisión, busca consolidar una normativa que refleje los principios
de justicia y equidad laboral.
El fallo de la Corte Constitucional no solo responde a demandas
internas, sino que también se alinea con los principios establecidos
en el Convenio No. 189 de la OIT, el cual aboga por condiciones
laborales dignas para los trabajadores domésticos. La exhortación al
Congreso para que adopte medidas legislativas adicionales refleja el
compromiso de Colombia con los estándares internacionales en materia
de derechos laborales.
Si bien este fallo representa un avance significativo, también
plantea desafíos para la implementación efectiva. La colaboración
entre empleadores y empleados será fundamental para asegurar una
transición suave hacia la nueva jornada laboral. Además, la
fiscalización y aplicación rigurosa de las sanciones a empleadores
que incumplen son aspectos clave para el éxito a largo plazo de esta
medida.
JEP revisará tutela de Mancuso pide protección por amenazas y
filtraciones
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se
encuentra examinando la tutela interpuesta por Salvatore Mancuso,
líder paramilitar recientemente aceptado en el proceso transicional,
solicitando protección frente a amenazas y filtraciones derivadas de
sus declaraciones vinculantes.
En medio de su participación ante la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP), Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, presentó una
tutela en busca de salvaguardar sus derechos fundamentales.
El motivo principal es la denuncia de amenazas recibidas desde
que comenzó su colaboración con la verdad en este tribunal, así como
la filtración de información reservada que compromete su seguridad y
la de su entorno cercano.
La tutela presentada aborda la preocupación de Mancuso por su
integridad física y la de su equipo de defensa y familia.
Específicamente, el exparamilitar solicitó
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medidas de seguridad y protección a la Sub sala Especial E de la
Sdsj y al Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes de la
UIA, pero hasta el momento no ha recibido respuesta a dicha solicitud, según la
JEP.
La magistrada Gloria Amparo Rodríguez emitió una decisión ordenando la
implementación inmediata de medidas provisionales para asegurar la integridad de
Mancuso durante la revisión de la tutela. Además, se solicitó a la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas que explique las acciones tomadas para
garantizar la reserva de información, especialmente después de la filtración de
la audiencia reservada.
La complejidad del caso se intensifica con las revelaciones de Mancuso, quien
vinculó al expresidente Álvaro Uribe Vélez con eventos violentos pasados. Esta
conexión agrega tensiones adicionales al proceso e incrementa el riesgo para
Mancuso, generando un ambiente judicial delicado que la JEP debe manejar con
máxima prudencia.
Como parte de las medidas provisionales, se emitió una advertencia a
todos aquellos funcionarios que hayan tenido acceso a información
relacionada con Salvatore Mancuso, destacando que la divulgación de
dicha información conlleva acciones penales y disciplinarias. La JEP
enfrenta así el desafío de equilibrar la transparencia del proceso
con la seguridad de los involucrados en un contexto donde las
revelaciones de Mancuso desencadenaron una serie de amenazas y
filtraciones que amenazan la estabilidad del proceso judicial en
curso.
Denuncian omisión del Gobierno ante afectados por violencia en
Nari
La difícil situación de orden público que enfrenta el departamento
de Nariño llevó a que la Procuraduría llamará la atención del
Gobierno por los posibles incumplimientos en acciones que lleven a
solucionar las afectaciones causadas a, por lo menos, cuatro mil
pobladores.
En municipios como Samaniego, Los Andes, La Llanada y Santa Cruz
persisten problemas graves de violencia, originados por la guerra
entre bandas criminales que han agudizado el conflicto obligando a
decenas de habitantes a permanecer confinados y otros tantos a salir
de sus terruños.
Ante la situación, desde la Procuraduría Regional de Nariño se
advirtió, presunta omisión de funciones de algunas entidades que,
pese a los compromisos asumidos en materia de educación, salud y
ayudas humanitarias, no han cumplido con ellos.
El Ministerio Público advierte que tampoco se han trazado planes
para garantizar la atención de, por lo menos, 1.500 indígenas del
resguardo indígena El Sande, del municipio de Santa Cruz, que
permanecen confinados como también otros 600 habitantes de La
Llanada, así como la atención de la población desplazada que aún
permanece en el municipio de Samaniego.
De igual forma, cuestiona la Procuraduría que en muchas zonas del
departamento de Nariño no se han activado, al parecer, protocolos de
verificación de cese al fuego, en el marco de las negociaciones, que
adelanta el Gobierno con los grupos armados.
Entrega de medicamentos, garantías de educación y programas de
desminado son requerimientos urgentes a adoptar.
Ante los hechos, la Procuraduría instó, no solo al Gobierno central,
sino también a las autoridades regionales a coordinar las misiones
humanitarias que permitan ingresar a los territorios confinados y
garantizar el regreso a sus territorios de los desplazados.
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