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Cargos al secretario de Educación por posible mal
uso de tarjetas
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al secretario de
Educación de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, Hamington Valencia Viveros,
por las presuntas irregularidades en que incurrió en la contratación de unas
tarjetas que brindarían acceso a internet rápido y seguro, y que no fueron
entregadas a los estudiantes de básica primaria y secundaria.
La Provincial de Instrucción de Buenaventura indicó que, al parecer, el servidor
participó en la etapa precontractual al suscribir el acuerdo de conveniencia y
oportunidad, el cual no tuvo en cuenta que el plazo para su ejecución concordara
con el año lectivo correspondiente a la vigencia 2020.
El Ministerio Público resaltó que las tarjetas simcard no habrían sido
repartidas por los rectores o coordinadores, dado que el calendario académico
había concluido, por lo que debieron ser guardadas; y una vez inició la vigencia
del año escolar 2021, durante la primera semana se comprobó que los alumnos las
devolvieron aduciendo que no tenían datos, con lo que se evidenciaría el
incumplimiento del objeto del contrato.
En un segundo cargo, la Entidad reprochó a Valencia Viveros que como ordenador
del gasto posiblemente permitiera la subcontratación, pasando por alto la
obligación requerida del consentimiento previo y por escrito del distrito; y en
un tercer cargo la supuesta firma del acta de liquidación bilateral sin exigir
al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto.
Así mismo, la Procuraduría profirió cargos al supervisor del contrato, Vladimir
Torres García, por presuntamente certificar como recibido a satisfacción un
servicio que no había sido suministrado a cabalidad.
Finalmente, el organismo de control consideró que los funcionarios pudieron
vulnerar los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y selección
objetiva, por lo que calificó provisionalmente las conductas como faltas
gravísimas cometidas a título de culpa gravísima.
Capturaron al senador Ciro Ramírez por caso de red
de corrupción
El senador del Centro Democrático Ciro Ramírez fue capturado en la noche del
jueves 14 de diciembre por un presunto caso de corrupción.
La orden fue emitida por la Sala de Instrucción de la
Corte Suprema de
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Justicia y contempla una medida privativa de
la libertad en centro carcelario.
En ese caso, el senador Ramírez deberá responder
por presuntamente haber incurrido en los
delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la
celebración de contratos.
Ramírez está siendo investigado por el entramado de corrupción del exsenador
Mario Castaño, quien creó toda una red ilícita para redireccionar contratos del
Estado y cobrar coimas a cambio de favorecer contratistas.
En ese entramado, conocido como “las marionetas”, Ciro Ramírez habría
direccionado dos contratos interadministrativos de $22.173 millones y de $49.460
en los departamentos del Quindío y Tolima.
En ambos contratos, los contratistas beneficiados le habrían entregado alrededor
de 1.000 millones de pesos en coimas, pues él pedía hasta el 15% de ganancia por
contrato firmado.
La reacción
del Centro Democrático
Tras la sorpresiva captura del senador, el Centro Democrático –partido del
expresidente Álvaro Uribe Vélez– se pronunció pidiendo que se respete la
presunción de inocencia de su congresista.
“Frente a los graves hechos relacionados con el senador Ciro Ramírez somos
respetuosos de las instituciones, esperamos que la justicia opere y respete la
presunción de inocencia del senador. Que la investigación sea ágil, se
determinen responsabilidades y las respectivas consecuencias”, dijo el partido.
El expresidente Uribe, por su parte, también se pronunció en un tono muy similar
al de ese corto comunicado, aunque sí se aventuró a decir que ese era el
problema de la “maldita mermelada”.
“Me duele la captura del joven Senador Ciro Ramírez. Ojalá pueda salir adelante.
Este tipo de problemas es lo único que deja la “maldita” mermelada”, concluyó el
exmandatario.
Lo buscaba la INTERPOL y cayó en
Quimbaya
En el municipio de Quimbaya cayó un sujeto que era buscado con Circular Roja de
la Interpol.
La detención fue adelantada por unidades de la Policía Nacional en el Quindío
adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.
Loa hechos se dieron en momentos en que los policiales adelantaban labores de
prevención y control y lo requirieron para un procedimiento de rutina de
requisa, identificación y verificación de antecedentes, descubriendo así que se
trataba de un prófugo de la justicia.
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El teniente coronel Rodrigo Ramírez Polanco, comandante encargado de la Policía
en el departamento, señaló que este individuo era requerido por las autoridades
del vecino país Perú para que responda por el delito de hurto agravado.
De este modo, fue conducido para ser dejado a disposición de la autoridad
competente y así se adelanten los correspondientes procedimientos.
Defensa de Aida Merlano pedirá evitar
traslado de Char a Malambo
La Defensa de Aida Merlano, representada por el abogado Miguel Ángel del Río,
alza la voz en oposición al traslado del exsenador Arturo Char al Batallón de
Ingenieros Vergara y Velasco en Malambo, Atlántico.
La decisión de la Corte Suprema, considerada "inaceptable" por Del Río, plantea
preocupaciones significativas debido a la presencia de Merlano, testigo vital en
el caso.
Miguel Ángel del Río expresó su desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema y
anunció medidas inmediatas para contrarrestar el traslado de Char. "Hoy
(viernes) enviaremos un documento a la magistrada Cristina Lombana, expresando
nuestra oposición al traslado de Char y solicitando que sea ubicado en otro
establecimiento carcelario,", declaró el abogado.
El fundamento principal de la oposición radica en la posible interferencia en el
proceso judicial actual. Del Río destacó: "Qué podemos esperar para el futuro,
precisamente, uno de los argumentos por los cuales el señor Arturo Char está
detenido preventivamente es el de poder obstruir a la justicia, y estando cerca
de su principal testigo, eso puede materializarse".
El jurista planteó la interrogante sobre la elección de Malambo como destino
carcelario, sugiriendo alternativas viables: "Hay guarniciones militares en
Santa Marta y Barranquilla, no entendemos la necesidad de tenerlo al lado de su
testigo".
Ante la posibilidad de que la magistrada Lombana no tenga conocimiento de la
presencia de Merlano en el mismo establecimiento, del Río afirmó: "No podría
afirmar que hay otro elemento adicional. Estoy seguro de que la señora
magistrada no tiene información de que la señora Merlano se encuentra en ese
establecimiento".
Además, el abogado señaló que están a la espera de la respuesta de la Fiscalía
General de la Nación sobre el principio de oportunidad presentado. Este
principio está vinculado a información relevante presentada en la Corte sobre
abogados que visitaron a Merlano, así como detalles relacionados con Alejandro
Char y otros aspectos del caso. La decisión se espera a principios del próximo
año.
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