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La Serranía de Manacacías es la nueva área
protegida de Colombia
La Serranía de Manacacías es el hogar de especies como el jaguar, en estado de
conservación crítico, y mariposas, de las que hay 2 nuevos registros para
Colombia y la ciencia.
Con 68 mil hectáreas de la Serranía de Manacacías, el Gobierno del presidente
Gustavo Petro llegó al millón 200 hectáreas protegidas en el país.
El nuevo parque declarado alberga 12 ecosistemas estratégicos pertenecientes a
la región natural de la Orinoquía, caracterizada por su gran biodiversidad.
Sabanas estaciónales tropicales, bosques de galería, palmares mixtos,
pastizales, matorrales y herbazales, además de una extensa red de cuerpos de
agua sirven de corredores y refugio para centenares de especies de fauna.
La Serranía de Manacacías es el hogar de especies como el jaguar, en estado de
conservación crítico y de 2 nuevos registros de mariposas para Colombia y 2
posibles especies nuevas para la ciencia.
Esta declaración se da a partir de un proceso participativo con las comunidades
de la región en el que los pobladores de la serranía permitieron un diálogo
social, cuyo resultado fue la firma de acuerdos que posibilitaron la creación de
la nueva área protegida.
“Es parte de recuperar esa conexión andino-amazónica. Se hace además en
confluencia con las comunidades, en un acuerdo de fondo social, porque las
comunidades del Amazonas también quieren proteger”, declaró, junto al presidente
Gustavo Petro, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad,
desde Dubái durante la última COP 28.
“El Gobierno Nacional le entrega un nuevo parque natural a Colombia”, publicó
inmediatamente después el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X:
https://x.com/petrogustavo/status/1731014312099983419?s=20
Para el director general de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Luisz
Olmedo Martínez Zamora, “hemos dado un paso civilizador”. Para él hay una gran
sensibilidad por el espacio y el territorio, no solo por parte de las
comunidades, también por parte de empresas y otros actores con presencia en la
zona.
“Los petroleros cedieron el bloque y no solo eso, sino que ayudaron también al
financiamiento, y nos siguen ayudando en un proceso de diez años”, contó
Martínez en Entre-Vistas con Alma de País, programa de entrevistas de la
Presidencia de la República.
El director general de Parques Nacionales Naturales de Colombia afirmó que para
que se sigan materializando estas acciones es fundamental el Proceso de Paz y
mantener la presencia del Estado en los territorios.
Agregó que “desde el Ministerio se ha liderado una campaña que combina y
entiende la articulación que existe entre el medio ambiente y la paz” para
detener de manera efectiva la deforestación en el país.
“La declaración de un Parque Nacional Natural es un proceso largo porque es
trascendental en la vida de la nación. Se miden en hectáreas, pero en realidad
la nación los deja para que la vida prospere, la vida en su forma más profunda”,
afirmó el funcionario en la entrevista.
“El Gobierno Nacional le entrega un nuevo parque natural a Colombia”, publicó
inmediatamente después el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X:
https://x.com/petrogustavo/status/1731014312099983419?s=20
Para el director general de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Luisz
Olmedo Martínez Zamora, “hemos dado un paso civilizador”. Para él hay una gran
sensibilidad por el espacio y el territorio, no solo por parte de las
comunidades, también por parte de empresas y otros actores con presencia en la
zona.
“Los petroleros cedieron el bloque y no solo eso, sino que ayudaron también al
financiamiento, y nos siguen ayudando en un proceso de diez años”, contó
Martínez en Entre-Vistas con Alma de País, programa de entrevistas de la
Presidencia de la República.
El director general de Parques Nacionales Naturales de Colombia afirmó que para
que se sigan materializando estas acciones es fundamental el Proceso de Paz y
mantener la presencia del Estado en los territorios.
Vuelven las horas extras y dominicales
El Congreso de la República comenzó a revertir las normas de “flexibilización
laboral” aprobadas en el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, que
recortaron derechos a los trabajadores con el supuesto propósito de aumentar las
tasas de empleo.
La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó la ponencia del
proyecto de ley de Reforma Laboral que permitirá entre
otros, la Jornada nocturna desde las 7:00 p.m. y pago del 100% de dominicales y
festivos, revirtiendo así la llamada “flexibilización nacional” que rige desde
el año 2002.
Así mismo, esa corporación
legislativa
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aprobó 16 artículos de los 98 que
contiene dicho proyecto de Ley, y entre los cuales se incluyen la Jornada
nocturna desde las 7:00 p.m. y pago del 100% de dominicales y festivos.
“Entramos en la dinámica clara para la reforma laboral que necesita el país, al
aprobarse 16 artículos de este proyecto”, destacó la ministra del Trabajo,
Gloria Inés Ramírez.
“Hay dos artículos fundamentales, porque son la recuperación de derechos de los
trabajadores y trabajadoras, que la Ley 789 del 2002 había recortado, como es el
caso de la jornada diurna y jornada nocturna que deben tener un recargo del 35
por ciento, y el de pagos de dominicales y festivos que está hoy en el 75 por
ciento y se vuelve a lo que se tenía, que era el 100 por ciento de manera
progresiva”, precisó.
Según el artículo 19, el trabajo en día de descanso obligatorio o días de fiesta
se remunera con un recargo del 100 por ciento, que podrá ser implementado de
manera gradual por el empleador, así:
—A partir de julio de 2024, se incrementará a 80 por ciento.
—A partir de julio de 2025, a 90 por ciento.
—A partir de julio de 2026, se dará plena aplicación al recargo.
Lo anterior, sin perjuicio de que, a la entrada en vigencia de la presente ley,
el empleador se acoja al recargo del 100 por ciento.
El artículo 15 contempla que el trabajo diurno es el que se realiza entre las
6:00 a.m. y las 7:00 p.m.
Y el trabajo nocturno, entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m.
Actualmente la jornada nocturna inicia a las 9:00 p.m.
Reconocimiento
La titular de la cartera laboral hizo un reconocimiento a los integrantes de la
Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, a los ponentes y a sus
coordinadores.
“Lo que llevamos configurado es de avance y se entiende que la perspectiva de
este gobierno es transitar hacia los derechos y que la generación de empleo no
puede hacerse sobre la base de la destrucción de los derechos, ni tampoco tener
los derechos en contra de la generación de empleo. Aquí hay puntos de equilibrio
y hacia allá estamos trabajando”, puntualizó Ramírez Ríos.
Artículos aprobados del proyecto de reforma laboral
—Relaciones que regula el Código Sustantivo del Trabajo
—Restricción de inaplicabilidad
—Publicación del reglamento de trabajo
—Trabajo diurno y nocturno
—Remuneración del trabajo suplementario
—Límites de la subordinación
—Medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación —en
el mundo del trabajo
—Seguridad social y riesgos laborales en plataformas digitales de reparto
—Cuotas de aprendices en las empresas
—Programa de formación para el trabajo rural
—Trabajadores migrantes
—Participación para el trabajo decente en comunidades étnicas
—Programa de convenios laborales para las víctimas del conflicto armado
—Lineamientos de política pública de trabajo digno y decente para la transición
justa y el empleo verde y azul
—Incentivos al empleo verde y azul
—Formación para la promoción de empleos verdes y azules
Reforma pensional
La ministra del Trabajo anunció también que el proyecto de reforma pensional
será debatido el próximo año en la plenaria del Senado.
“Estamos contentos porque el presidente del Senado y la Mesa Directiva acaban de
anunciar la reforma pensional que será debatida el próximo año, pero ya queda
anunciada y en este periodo de receso los senadores van a tener tiempo para
estudiarla, porque es una reforma que necesita bastante conocimiento, sobre todo
porque es muy técnica”, expresó.
Contratos por prestación de servicios podrán ser
por más de 4 meses
Sin efectos dejó el Consejo de Estado la circular del Gobierno, que ordena a las
entidades a no suscribir contratos por prestación de servicios con personas
naturales, por un periodo máximo de 4 meses.
El alto tribunal tomó esta determinación para dar respuesta a un ciudadano,
quien señaló que con dicho acto del Departamento Administrativo de la Función
Pública vulneraba a los artículos 6, 150 y 287 de la Constitución Política y 5
de la Ley 1551 de 2012, pues, a su juicio, las entidades ya referidas usurparon
la competencia “para regular las inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones para contratar con el Estado”, que es exclusiva del legislador.
Además, desconocieron la autonomía que le asignó la Constitución a los
organismos y entes del orden territorial en el ámbito de la contratación
estatal.
Indicó que, tratándose de la
regulación del contrato de prestación de servicios, la potestad del ejecutivo es
de naturaleza subordinada y dependiente de las normas de carácter superior. En
su criterio, esta Corporación ha sostenido que no existe una disposición
de rango constitucional o legal que impida o inhabilite a una persona para
suscribir un contrato de prestación de servicios en un lapso superior a cuatro
(4) meses.
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La Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas, consideró que se debe acceder a
la solicitud de suspensión provisional de los efectos jurídicos del numeral
tercero de la Circular Conjunta 100-005-2022, comoquiera que:
El numeral tercero de la circular establece una prohibición, limitación o
restricción a la capacidad de contratación de una entidad pública y de un
particular, lo que constituye una “invasión” al ámbito de competencia del
legislador, quien es el que ostenta la soberanía normativa primaria para la
configuración de las prohibiciones legales para contratar con el Estado, así
como el de establecer términos o plazos de duración de algunas tipologías de
negocios jurídicos estatales.
Los mandatos del acto administrativo enjuiciado deben aplicarse por las
entidades territoriales, de modo que puede llegar a vulnerarse el principio de
autonomía territorial en materia de contratación estatal, pues los entes, en la
gestión administrativa y financiera de sus propios asuntos contractuales, están
sujetas únicamente al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública.
Críticas
La representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao, señaló que dicha
disposición era incoherente.
"Hace un año advertimos que esta era una medida sin pies ni cabeza que solo se
prestaría para más inestabilidad laboral y utilización política de los contratos
de prestación de servicios. Totalmente incoherente, además, con el discurso de
dignificar a los trabajadores", trinó.
En el 82% de los barrios de Buenaventura
hay presencia delictiva
Una nueva Alerta Temprana (AT) de la Defensoría del Pueblo, la 039 del 2023,
revela que el accionar violento de los grupos armados ilegales y las
organizaciones delincuenciales tiene a los habitantes de Buenaventura, en el
departamento del Valle del Cauca, inmersos en una situación compleja, lo cual
viene perturbando su tranquilidad, por ende, la garantía de sus derechos.
En el Distrito portuario, de aproximadamente 310.0000 habitantes, hacen
presencia el Estado Mayor Central, con su frente Jaime Martínez, y la Segunda
Marquetalia (los dos, grupos disidentes de las FARC), el ELN, las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) y las bandas delincuenciales
conocidas como ‘Los Espartanos’, ‘Shottas’ y ‘La Empresa’, a las que se suman
nuevas organizaciones delincuenciales: ‘Los Chiquillos’ y ‘Jalisco Nueva
Generación’.
“Nuestra recién emitida Alerta Temprana determinó que en 112 de los 136 barrios
que tiene Buenaventura, es decir, en el 82% del territorio de los bonaverenses,
hay presencia de actores armados ilegales o delincuenciales. Esta situación
genera una grave afectación a los derechos humanos, ya que la población está
completamente expuesta a la violencia generada por esos grupos”, explicó el
Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La comuna 12, la cual tiene tanto zona rural como urbana, es la que presenta
mayor complejidad, pues allí tienen asiento prácticamente todos los grupos
criminales. La razón, el lugar es un corredor estratégico, por su ubicación y
características, que permite el auge de rentas ilícitas.
“Encontramos que hay afectaciones al derecho a la movilidad de la población,
pues en el territorio hay fronteras invisibles; además, ha habido homicidios
selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento de niñas, niños y
adolescentes. Estos grupos, dependiendo de sus intereses, hacen alianzas entre
ellos o se enfrentan para tener el control territorial y social, con el
propósito de asegurar sus economías ilegales”, advirtió el Defensor del Pueblo.
Las denominadas vacunas son algunas de las acciones delincuenciales que más
afectan a comerciantes y personas cuyos negocios están relacionados con el
movimiento productivo del puerto. De acuerdo con información conocida por la
Defensoría del Pueblo, se estima que las extorsiones generan una renta mensual
de aproximadamente 2300 millones de pesos. A pesar del monto, las denuncias
solamente alcanzan el 3% de los casos. Las autoridades judiciales han
establecido que las intimidaciones obligan a las víctimas a retirar las
denuncias.
En las zonas rurales de Buenaventura, los combates entre el ELN, la Segunda
Marquetalia, las AGC y el Estado Mayor Central han generado desplazamientos,
confinamientos, y la siembra de minas antipersonales, riesgos a la vida e
integridad de los pobladores.
Un total de 45.000 personas desplazadas, 54 homicidios y 25 desapariciones
forzadas es el crudo panorama registrado en la ciudad del puerto del Pacífico
colombiano entre el 2022 y lo que va del 2023.
Ante el escenario de riesgo extremo, la Defensoría del Pueblo le presentó 57
recomendaciones a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la
Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), del Ministerio del Interior.
“Necesitamos que las entidades del Gobierno Nacional y locales garanticen los
derechos humanos y lo establecido en el derecho internacional humanitario. La
población, como deber misional que nos asiste, debe ser protegida del accionar
criminal en Buenaventura”, remarcó Carlos Camargo Assis.
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