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Álvaro Uribe será investigado por la justicia
argentina por los “falsos positivos” en Colombia
El expresidente Álvaro Uribe Vélez deberá responder ante la justicia argentina
por su presunta vinculación en los falsos positivos en Colombia.
Once víctimas y tres organizaciones no gubernamentales, el Colectivo de abogados
y abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), el Comité de Solidaridad con los Presos
Políticos (CSPP) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL), presentaron la acción
judicial ante el juez federal argentino Sebastián Ramos, amparados en la llamada
jurisdicción universal, que permite investigar y juzgar a autores de crímenes en
cualquier parte si en la nación donde ocurrieron los hechos no se están
investigando.
El martes 19 de diciembre, en el marco de ese principio de “justicia universal”
y con el objetivo “de que los graves crímenes denunciados no queden sin castigo
para todos sus responsables”, el fiscal Carlos Stornelli anunció una
investigación en contra del ex presidente Álvaro Uribe, denunciado por crímenes
de guerra y de lesa humanidad durante su gobierno en el marco del combate contra
la guerrilla.
Según el dictamen de 22 páginas, Stornelli sostuvo que “las eventuales
responsabilidades serán deslindadas en el transcurso de la investigación. No
obstante, corresponde señalar que en la denuncia se ha sindicado como presunto
responsable al ex presidente de la República de Colombia y Comandante en Jefe de
las Fuerzas Armadas de ese país, Álvaro Uribe Vélez, ciudadano colombiano, que
sería identificado con la cédula de ciudadanía nro 70.041.053″, según el medio
de comunicación Infobae.
Stornelli sostuvo que “será objeto de investigación la determinación de la
presunta responsabilidad penal del nombrado Álvaro Uribe Vélez, ex presidente de
la República de Colombia y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de ese
país, en los crímenes de guerra y de lesa humanidad que habría permitido,
autorizado, incitado e incluso promovido que se cometieran en Colombia entre el
08 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008, con saldo de 6112 casos de
ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas de personas que
falsamente se habrían presentado como caídos en combate en acciones guerrilleras
contra el Ejército Colombiano, conocidos como ‘falsos positivos’; ello en el
marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, dado en
un contexto de conflicto armado”.
Los casos denunciados corresponden a los asesinatos de Luís Eduardo Oñate,
Álvaro Adolfo Pina Londoño, Beyer Ignacio Pérez Hernández, Didier Eduardo Durant
Badillo, “y el asesinato y desaparición forzada otras siete víctimas que aún no
pudieron ser identificadas, cuyas muertes acaecieron a manos de elementos de las
Fuerzas Armadas en la República de Colombia, que presentaron los casos como
bajas en combate”.
Thomas Greg demandó a la nación por
$117.000 millones
Quedó clausurada la posibilidad de una
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conciliación entre la Cancillería y
Thomas Greg & Sons por el proceso extrajudicial que interpuso contra la
nación por $117.000 millones, luego de que se declarara desierta la licitación
para elaborar pasaportes.
No hubo acuerdo entre las partes en la audiencia que se llevó a cabo el lunes 18
de diciembre en la Procuraduría. Como consecuencia, la empresa radicó de
inmediato una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Se esperaba en la reunión la Cancillería hiciera ajustes a su propuesta de
conciliación, como quedó planteado en el encuentro del pasado viernes, cuando
funcionarios de este Ministerio se reunieron con representantes de Thomas Greg &
Sons, y manifestaron la intención de llegar a un acuerdo para evitar un pleito.
Sin embargo, al concluir la audiencia, la procuradora judicial Fernanda García
explicó que “lastimosamente el resultado es que no hubo acuerdo conciliatorio.
La Procuraduría hizo todos sus esfuerzos para sentar a las partes y manifestar
cuáles eran las pretensiones de la parte convocante, no obstante, cuando se
expide la certificación por parte de la Cancillería no se llega a un acuerdo”.
García detalló que “la parte convocante (Thomas Greg & Sons) presentó su fórmula
conciliatoria que tenían que estudiar los miembros del Comité de la Cancillería
y, a través del apoderado con facultad expresa para conciliar, tenía que
manifestar la posición de los miembros del Comité”.
Agregó que “la Procuraduría requirió a la Cancillería, a través de su Comité de
Conciliación, respecto de unas circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre las
que se llevaría el acuerdo y sobre ellas no hubo consenso”.
Ordenan arresto y multa contra el
director de la USPEC por crisis alimentaria en La Picota
A las advertencias por las presuntas irregularidades en la millonaria licitación
que otorgó los contratos destinados al suministro de alimentos en las cárceles
de todo el país, se suma una reciente decisión del Tribunal de Bogotá en contra
de Ludwing Joel Valero, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios (USPEC).
El funcionario tendrá que pagar tres días de arresto, además de una multa de dos
salarios mínimos mensuales vigentes, por cuenta de un reiterado incumplimiento
en un fallo de tutela, promovido por un grupo de privados de la libertad que,
desde hace
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meses,
denunciaron una precaria prestación del servicio de alimentos en
la cárcel La Picota.
“Aunado a lo anterior, en el presente asunto esta Sala tiene los informes
rendidos por diferentes autoridades y entidades públicas… que dan cuenta del
reiterado incumplimiento de la UT Alimentar Sueños Uspec 2023 en el
abastecimiento de la prestación del Servicio de alimentación mediante el
suministro de alimentos a través del sistema de ración para la Población privada
de la libertad recluida en el COBOG – La Picota”, señala el Tribunal.
Los privados de la libertad lograron demostrar de qué forma el contratista no
cumplía con las obligaciones propias de su compromiso ante la USPEC, que
básicamente se limitaba al suministro de los alimentos en La Picota. Lo
demostraron mientras que la USPEC y la Unión Temporal, solo se remitieron a
presentar informes sin los soportes requeridos.
La orden de arresto y la multa no tienen reversa ni recurso que la frene. El
funcionario, director de la USPEC, tendrá que cumplir las disposiciones del
Tribunal de Bogotá, que se convierten en una sanción ejemplar por los
incumplimientos, no sólo en la alimentación de los privados de la libertad, sino
de las disposiciones de la tutela que motivó el arresto.
Armada de Colombia rescató 25 migrantes
en San Andrés
Un grupo de 25 migrantes irregulares fueron rescatados en aguas de San Andrés.
Las personas rescatadas pretendían llegar hasta Centroamérica en una embarcación
que no cumplía con las condiciones mínimas para la navegación en altamar.
La operación inició porque en los radares del sistema de Control de Tráfico y
Vigilancia Marítima de la Dirección General Marítima (DIMAR) encontraron que una
lancha sospechosa se movilizaba a altas velocidades por la zona sur de la isla.
“Eran transportados a bordo de una embarcación que pese a las condiciones
meteomarinas adversas propias de la época de fin de año pretendía llegar a
Centroamérica”, señaló la Armada en un comunicado.
Cuando la Armada logró interceptar la embarcación sospechosa, encontraron que
era tripulada por dos santandereanos.
Los migrantes encontrados eran cinco colombianos, nueve ecuatorianos y once
venezolanos. Entre ellos había ocho menores de edad.
Las personas rescatadas fueron llevadas hasta la Estación de Guardacostas de San
Andrés, donde les realizaron valoraciones médicas y luego fueron entregados a
funcionarios de Migración Colombia. Los menores de edad, por su parte, quedaron
en manos de la Comisaría de Familia.
Los conductores de la embarcación, por su parte, fueron puestos a disposición de
la Fiscalía. De acuerdo con la Armada, entre enero y octubre de este año se han
registrado el rescate de 392 migrantes que pretendían llegar a Centroamérica
desde San Andrés.
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