6-El Imparcial

 

JUDICIAL

 

Pereira, Colombia - Edición: 13.183-763

Fecha: Jueves 28-12-2023

 

Cae alias 'Atilio', primo de 'Otoniel' y cerebro del 'Clan del Golfo'




En una operación de Comandos Especiales de la Policía Nacional, se logró dar captura a Jacobo Rodríguez Úsuga, alias 'Atilio' y primo de Dairo Antonio Úsuga alias 'Otoniel', excabecilla del 'Clan del golfo'.

Este hombre es señalado de ser uno de los cerebros de la organización, pues era quien planeaba y lucraba a esta organización criminal a través del narcotráfico.

Y es que el mismo presidente de la República, fue quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

“A través de operaciones de inteligencia de la policía nacional se ha capturado a Jacobo Rodríguez Úsuga, alias “Atilio”, integrante del clan del golfo y jefe de sus envíos de cocaína al exterior. Se calcula la exportación mensual de más de 15 toneladas de cocaína que este hombre lograba realizar”, twitteó Petro.

El primer contacto de las autoridades con Rodríguez se remonta al año 2013 cuando fue detenido, desde entonces no se supo de su paradero hasta 2022, cuando nuevamente reapareció en varios escenarios delictivos, e incluso ofrecían hasta 50 millones de pesos para la persona que proporcionara información para su captura.

Desde el pasado 24 de diciembre se desplegó una gran logística en el Urabá Antioqueño, donde activos de la Policía intentaban dar con el paradero de este líder del 'Clan del Golfo', hasta que el martes 26 de diciembre se logró concretar su ubicación y posteriormente su aprehensión.


Arrestado alias “Chemas”, presunto asesino del alcalde de Guachené




La rápida labor investigativa de la Fiscalía permitió la judicialización de Sergio Andrés Quintana Escobar, alias “Chemas”, presunto
responsable del homicidio del alcalde de Guachené (Cauca), Élmer Abonia Rodríguez, en hechos ocurridos el pasado viernes 22 de diciembre.

La captura de Quintana Escobar se materializó en un tiempo de 48 horas en la vía que comunica a Puerto Tejada con Villarica (Cauca). El operativo fue adelantado por la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. En la diligencia judicial también se contó con el apoyo de la Seccional Cauca, CTI y Cuerpo Élite de Investigación, SIJIN, estas dos últimas de la Policía Nacional, e Inteligencia Militar.
 

El material probatorio recaudado por la Fiscalía evidenciaría que el día de los 
 

 

 

hechos un conductor de transporte fue despojado de su vehículo, el cual habría sido usado para movilizar a cinco personas armadas, entre ellas Quintana Escobar, quienes al parecer llegaron a una finca donde se encontraba el mandatario, y que está ubicada en la vereda El Cabito, en Guachené (Cauca).

Los sujetos armados aprovecharon que uno de los escoltas de Abonia Rodríguez se encontraba afuera de la finca para hurtarle sus pertenecías, pero este se resistió, y por ello, empezó el intercambio de disparos. Uno de los proyectiles impactó al alcalde causándole la muerte. Por su parte, uno de los escoltas resultó herido.

La Fiscalía le imputó a alias “Chemas” los delitos de homicidio agravado, lesiones personales agravadas, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego, los cuales no fueron aceptados.

La juez indicó que existen elementos materiales probatorios para inferir la responsabilidad del procesado y que representa un peligro para la comunidad, por lo anterior, atendiendo la solicitud de la Fiscalía, le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.


JEP ordenó capturar al Gobernador de Caldas y dos alcaldes del departamento




La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó en la tarde del martes 26 de diciembre, el arresto del gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, así como de los alcaldes de Riosucio, Marlon Alexánder Tamayo Bustamante, y de Supía, Marco Antonio Londoño Zuluaga.

La justicia transicional tomó esa decisión ante los incumplimientos de dichos funcionarios con una orden que la JEP les impuso de adoptar medidas cautelares para proteger a las víctimas de desaparición forzada que se podrían encontrar en el territorio ancestral indígena San Lorenzo, de los Emberá.

“Nosotros hemos hecho un corte de cuentas con los mandatarios locales y hemos observado esa inacción y negligencia por parte de los servidores públicos, siendo su función justamente cumplir con los mandatos constitucionales y legales que le corresponden (...) encontramos que desafortunadamente el señor gobernador de Caldas incumplió con las órdenes dadas por la Jurisdicción. Con base en eso ordenamos el arresto y la compulsa de copias a Procuraduría para que investigue la inacción u omisiones por este funcionario”, explicó el magistrado Raúl Sánchez, de la sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP.

En un auto (fallo) de 36 páginas, la Jurisdicción Especial para la Paz explicó que las medidas en concreto que había solicitado, y que finalmente se incumplieron, fueron la creación de comisiones, con apoyo de autoridades locales e indígenas, para explorar zonas de Riosucio y Supía donde podían reposar los cuerpos de víctimas de desaparición forzada, al igual que presentar informes bimestrales para conocer el avance de esos grupos de trabajo.

Según la información obtenida por el citado medio, la justicia transicional además pidió que se estableciera un protocolo de riesgos para las alcaldías de Riosucio y Supía frente

 

 

 

al manejo adecuado de los cementerios de El Carmen y San Nicolás. Sin embargo, al igual que las medidas anteriores, la Sección de Ausencia halló que tampoco se cumplieron.

 

En el documento, la JEP determinó que el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, deberá además de pagar una multa equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cumplir con un arresto de dos días.

Los alcaldes de Riosucio, Marlon Alexander Tamayo Bustamante y de Supía, Marco Antonio Londoño Zuluaga, por su parte deberán cumplir con un arresto de tres días, al igual que pagar una multa equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que deben ser consignados en los cinco días siguientes a dicha decisión.


La Procuraduría formuló cargos a exfuncionarios de Indeportes Cauca




La Procuraduría General de la Nación informó el martes 26 de diciembre que formuló cargos contra el exgerente del Instituto Departamental del Deporte y Recreación del Cauca, Oliver Carabalí Banguero, por presuntas irregulares en el reconocimiento y pago de viáticos.

El Ministerio Público informó que esta decisión disciplinaria también cobija a Anyle Marcela Palacios Gutiérrez, la entonces subgerente administrativa y financiera.

El ente de control busca determinar si Carabalí Banguero incurrió en un delito cuando se desempeñaba como el gerente del Instituto Departamental del Deporte y Recreación del Cauca.

“Si abusando de su cargo, Carabalí Banguero suscribió una resolución por medio de la cual ordenó el pago de los viáticos para él y Palacios Gutiérrez, con lo cual se habría configurado una posible apropiación en provecho suyo y de la exsubgerente, por cuanto estos gastos ya habían sido asumidos por el Ministerio del Deporte e Indeportes”, explicó la Procuraduría.

La entidad agregó que, de acuerdo con las pruebas recaudadas, “las sumas correspondientes a los gastos por concepto de trasporte, alimentación y alojamiento habrían sido consignadas en las cuentas bancarias de los funcionarios comisionados para asistir a los Juegos Nacionales ‘Mar y Playa en el Departamento de Córdoba’”.

“La apropiación de bienes del Estado en provecho propio va en contra del deber de austeridad y eficiencia en su uso, que es la finalidad buscada por el principio de economía y por consiguiente conforme el principio de responsabilidad”, puntualizó la Procuraduría en el auto de cargos.

Por otro lado, el Ministerio Público indicó que las conductas de los exfuncionarios fueron consideradas como faltas gravísimas cometidas a título de dolo.

“En cumplimiento del derecho a la defensa que les asiste, los investigados o sus apoderados podrán presentar descargos y/o solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes ante la Procuraduría de Juzgamiento correspondiente”, sentenció el ente de control.

 

 

 

 

  

 

 

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