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Suspenden a exgobernador del Cauca, Óscar Campo
La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de cuatro meses al
exgobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado (2016 - 2019), por
incumplimiento a la Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000), que ordena nombrar al menos
un 30% de mujeres en cargos de dirección y decisión del Estado.
En fallo de primera instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular estableció que el entonces funcionario,
quien actualmente es representante a la Cámara por el Cauca, para el año 2016 no
cumplió específicamente con el porcentaje de mujeres nombradas en cargos de la
gobernación denominados como ‘otros niveles decisorios - OND’.
El órgano de control indicó que para ese año la planta de la entidad territorial
contaba con dos cargos de ese nivel denominados subsecretarios de despacho, y en
ninguno de ellos designó a una mujer, razón por la cual el cumplimiento de la
norma en esos puestos específicos fue del 0%.
Resaltó que en este caso la forma para llegar a la cuota mínima habría sido
nombrando a una mujer, así hubiera cumplido el porcentaje mínimo exigido.
Para el Ministerio Público “el procesado inobservó el deber funcional al nombrar
y posesionar en la totalidad de cargos de OND solo a hombres, con lo que vulneró
el principio de igualdad contenido en nuestra Constitución, sin que se avizore
ninguna circunstancia de justificación”.
Agregó en el fallo que el cumplimiento de la Ley de Cuotas resulta relevante
“porque solo garantizando el acceso de las mujeres a los niveles decisorios de
la administración se puede construir una sociedad pluralista e igualitaria”.
Por esos hechos, el órgano de control calificó la conducta del investigado como
falta grave cometida con culpa grave. Como Campo Hurtado no se encuentra
actualmente en el ejercicio del cargo en el que se originó la conducta
investigada, la sanción impuesta se convertirá en el equivalente de los salarios
devengados para el momento de la comisión de la falta, lo que arroja un monto de
14 millones 192 mil pesos.
Excomandante del Ejército es condenado por masacre
en Buga
El coronel en retiro Jorge Alberto Amor Páez ha sido condenado por El Tribunal
Superior de Buga, en Valle del Cauca, a una pena de 31
años y 11 meses de prisión. Esta sentencia se le ha impuesto por su implicación
en los hechos criminales ocurridos el 10 de octubre de
2001, los cuales dejaron un saldo de 24 personas muertas en una zona rural de
Buga.
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La condena impuesta al coronel Amor Páez se basa en su participación directa en
un episodio violento que afectó profundamente a la comunidad de Buga. El suceso
tuvo lugar hace más de dos décadas y se ha mantenido en la memoria colectiva de
sus habitantes debido a la magnitud de la tragedia.
El fallo judicial pone fin a un largo proceso que ha buscado esclarecer las
responsabilidades en la cadena de mando relacionadas con la masacre.
Tras el anuncio de la sentencia, ha surgido una reacción variada entre la
sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, que ven en este tipo de
decisiones un paso importante para la lucha contra la impunidad.
La condena se alinea con un esfuerzo más amplio por garantizar justicia para las
víctimas de violencia y para asegurar que los hechos del pasado no queden
olvidados. Aunque la sentencia no puede revertir el dolor causado, sí representa
un precedente relevante en el marco de la justicia colombiana.
Este caso continúa resonando en la actualidad, demostrando la importancia de la
persistencia en los procesos judiciales para alcanzar condenas que reflejen la
gravedad de los delitos cometidos.
Además, pone de relieve la necesidad de sistemas judiciales fuertes y sin
influencias externas que puedan afectar la imparcialidad de sus decisiones. La
condena del coronel Amor Páez simboliza un triunfo en la larga lucha por la
justicia y la memoria en Colombia.
El cambio de fallo surge de la apelación a la decisión inicial que había
absuelto al oficial implicado. La condena económica impuesta representa una
cifra significativa que supera los 2.230 salarios mínimos vigentes en el país,
reflejando la gravedad del delito.
Esta acción judicial recalca la responsabilidad de los funcionarios ante delitos
cometidos en el ejercicio de sus funciones. Además, la prohibición de desempeñar
funciones públicas señala un precedente en cuanto a las consecuencias de actos
ilícitos por parte de agentes estatales.
Un muerto y 3 heridos dejó combate entre
Ejército y disidencias en Antioquia
Un presunto insurgente muerto y tres heridos dejó la mañana del lunes festivo,
un enfrentamiento armado que se desarrolló en el municipio de Toledo, al norte
de Antioquia, entre el Ejército Nacional y los frentes 18 y 36 de la extinta
guerrilla de las FARC.
De acuerdo con lo que dio a conocer la institución armada, el combate se
registró mientras varias tropas se encontraban en desplazamiento hacia la vereda
Taque, cuando fueron atacadas por el grupo de disidentes.
Según informó el mismo brigadier general Juan Carlos Fajardo, comandante de la
Cuarta Brigada del Ejército, en medio de los hechos “uno de los integrantes del
grupo armado ilegal murió, mientras otros tres resultaron heridos”.
Ahora bien, pese a que aún la
institución armada no ha dado a conocer la identidad de los afectados, se logró
establecer que los que aún permanecen con vida fueron atendidos y recibieron
asistencia médica por un grupo de soldados enfermeros y, posteriormente, fueron
evacuados del sitio por vía aérea, hacia un centro asistencial en la ciudad de
Medellín.
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Tras garantizar su supervivencia, los supuestos guerrilleros fueron puestos a
disposición de las autoridades competentes, al igual que el material de guerra
incautado, para dar inicio al debido proceso de judicialización.
Hasta el momento, las tropas del Ejército Nacional continúan en la zona del
enfrentamiento, adelantando las respectivas labores de persecución de los
guerrilleros de los frentes en disidencia, “desplegando sus capacidades para
proteger la vida e integridad los ciudadanos” en Toledo.
Investigan Universitaria de Colombia por denuncias
de acoso laboral
El Ministerio de Trabajo inició una investigación contra la Universitaria de
Colombia por presuntos casos de acoso laboral y maltrato en la institución,
revelados a raíz de denuncias presentadas por funcionarias y evidencia
audiovisual.
En el epicentro de la controversia se encuentra el fundador de la universidad,
el excongresista Carlos Moreno de Caro, cuyas acciones fueron cuestionadas y
documentadas en videos.
El viceministro de Trabajo, Edwin Palma Egea, dio a conocer la decisión de
iniciar la investigación tras recibir pruebas sustanciales de las trabajadoras
afectadas.
"Me puse en contacto personalmente con una de estas trabajadoras, quien presentó
la denuncia hasta ayer. La próxima semana, en el marco de nuestras competencias,
realizaremos labores de inspección, vigilancia y control", afirmó Palma Egea.
La revisión del caso se llevará a cabo a partir de este 9 de enero, centrándose
en determinar si la institución cuenta con un comité de convivencia laboral y
aborda adecuadamente la materia de riesgo psicosocial, asegurando el
cumplimiento de las normas de seguridad en salud y trabajo.
Palma Egea resaltó la gravedad de las pruebas y denuncias, evidenciando un
aparente abuso y maltrato a la dignidad de las mujeres trabajadoras. El
Ministerio de Trabajo se compromete a asesorar y atender a cada una de las
funcionarias de la institución universitaria, proporcionando orientación sobre
los procedimientos a seguir.
"Esto también nos brinda la oportunidad de hacer pedagogía. Según la ley 1010,
el juez laboral ordinario tiene la facultad para sancionar conductas de acoso
laboral en el sector privado. Ya hemos atendido a las trabajadoras, las hemos
orientado y la próxima semana sostendremos conversaciones con ellas", agregó
Palma Egea.
El viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, señaló que la
investigación buscará establecer la responsabilidad del excongresista Carlos
Moreno de Caro y examinará si la universidad cuenta con los mecanismos
preventivos exigidos por la ley 1010. Además, enfatizó que las investigaciones
tienen procesos rigurosos que deben respetarse, evitando prejuzgar antes de
completar la indagación.
En el marco de las denuncias, se destacó el testimonio de María Fernanda Ríos,
asistente administrativa de la institución, quien denunció públicamente un
episodio en el que Moreno de Caro la habría encerrado, generando un ataque de
pánico. Otro testimonio, el de Leidy Tatiana Martínez, compañera de Ríos, señaló
comportamientos groseros y despectivos del excongresista hacia las empleadas.
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