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"MinDeporte no pidió recursos para
Panamericanos"
El Ministerio de Hacienda revela la inexistencia de registros que respalden la
solicitud de fondos por parte de MinDeporte para los Juegos Panamericanos 2027.
Esta afirmación se debe a que la Procuraduría solicitó a MinDeporte claridad
sobre la gestión de recursos para los Juegos Panamericanos 2027, a lo que el
Ministerio de Hacienda respondió con un comunicado, revelando la ausencia de
solicitud alguna para los compromisos del evento.
La directora de Crédito Público y Tesoro Nacional (E) de Hacienda, Johanna
Eunice Murcia Gutiérrez, afirmó en el documento que no existe "registro ni
solicitud puntual por parte del Ministerio del Deporte".
Este contraste de versiones genera un cuestionamiento sobre la cronología de los
hechos. La Procuraduría indaga sobre la programación de desembolsos y la
solicitud de Programación Anual de Caja (PAC) en 2023, a lo que MinDeporte
respondió que en noviembre de ese año se solicitó al Ministerio de Hacienda los
recursos necesarios. Sin embargo, el documento de Hacienda asegura que no hay
evidencia de tal solicitud.
La ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, quien presentó su renuncia en medio
de esta controversia, había insistido en que la falta de pago oportuno por parte
de Hacienda fue la razón detrás de la pérdida de la sede. No obstante, el
comunicado de Hacienda contradice esta afirmación al señalar que la solicitud de
MinDeporte llegó tarde y con un monto insuficiente.
El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Rodríguez, pero la
incertidumbre persiste sobre quién asumirá finalmente la responsabilidad por la
pérdida de la sede y la aparente falta de coordinación entre ambos ministerios.
La ausencia de registros y la divergencia en las versiones plantean
interrogantes sobre la transparencia en la gestión de recursos para eventos de
esta envergadura.
Inocente se declaró Hernández por
financiación irregular de campaña
Inocente se declaró el excandidato Rodolfo Hernández de los cargos imputados por
la Fiscalía de presunta financiación de la campaña
electoral del 2022.
Según el ente acusador, los elementos de prueba indican que el exaspirante
político desconoció la prohibición de la Ley que le impedía realizar aportes a
cualquier campaña, dado que estaba formalmente acusado en otro proceso penal.
En ese sentido, presuntamente
efectuó giros por un total de más de 127 millones de pesos desde su patrimonio
hacia las cuentas de la campaña para la primera vuelta de las elecciones
presidenciales del año 2022.
Por su parte, la señora Socorro
Oliveros de Hernández, en su calidad de gerente de
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campaña, presuntamente permitió el
ingreso de los fondos a sabiendas de la restricción que prohibía recibir aportes
de personas procesadas, en este caso, su esposo, quien fue imputado y acusado en
mayo de 2021 por delitos contra la administración pública.
Cabe recordar que, en noviembre del año pasado, el excandidato presidencial y
quien aspiraba a la gobernación de Santander fue inhabilitado por 12 años por la
Procuraduría General de la Nación, en medio de una revisión de segunda
instancia, por el polémico caso Vitalogic.
El antiguo alcalde de Bucaramanga había solicitado una revisión de su caso y, en
función de ello, el Ministerio Público confirmó que el político de 78 años de
edad incurrió en interés indebido en la selección del contrato de las basuras
para la ciudad.
El caso Vitalogic generó gran controversia entre sectores políticos, ya que
durante la gestión del ingeniero se firmó un contrato de consultoría, con la
intención de dar respaldo técnico al manejo de los desechos sólidos en la ciudad
de Bucaramanga.
De acuerdo a las autoridades, en medio de todo ese proceso se habrían cometido
irregularidades que terminaron en señalamientos contra el excandidato a la
Presidencia y posterior inhabilidad política.
Presidencia explica los millonarios gastos en
Verónica Alcocer
Ante la polémica que se avivó en el ámbito político por los millonarios gastos
que ha destinado el Gobierno nacional en la primera dama, Verónica Alcocer, para
su imagen personal y viajes a nivel nacional e internacional, desde la
Presidencia se pronunciaron.
A través de un comunicado de prensa, el Ejecutivo señaló que la primera dama de
la Nación "cumple una función social que, según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado y en conceptos del Departamento
Administrativo de la Función Pública, tiene atribuciones que le permiten el
ordenamiento jurídico, y que la faculta para desempeñar tareas protocolarias y
liderar iniciativas en materia de asistencia social y en labores de beneficencia
pública."
En la misiva también señalan que "algunas dependencias que conforman la
estructura de la Presidencia de la República tienen funciones específicas de
prestar asistencia administrativa, de seguridad y protocolo al Presidente y a su
familia, dentro de las cuales se encuentran Casa Militar y Jefatura para la
Protección Presidencial y el Área Administrativa de la Subdirección General."
Cabe recordar que esta semana salió
a la luz pública, que desde que comenzó el gobierno de Gustavo Petro se han
destinado más $1.000 millones en la primera Dama.
Estos gastos están relacionados con un equipo de colaboradores que incluyen
maquillista, una asesora, un fotógrafo, así como los gastos en todos los viajes
que ha realizado al exterior a destinos como Noruega, Francia, Italia,
Estados Unidos, Londres.
Ante esta situación, la Presidencia sostuvo que "el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República (DAPRE), en el marco de sus funciones,
contrata todo un equipo de comunicaciones que apoya la gestión y divulga las
actividades de la Presidencia de la República y la familia presidencial."
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En relación con los funcionarios que trabajan de cerca con la primera dama,
desde Presidencia señalaron Mauricio Vélez, Fady Flórez, y la señora Carolina
Plata, no prestan servicios exclusivos para Alcocer.
Piden a RTVC atender quejas por acoso
laboral contra Hollman Morris
Atendiendo las denuncias de acoso laboral cometidas, presuntamente, por Hollman
Morris, subgerente del Sistema de Medios Públicos – RTVC-, la Procuraduría
General de la Nación pidió al Comité de Convivencia de la entidad que tramite
las denuncias formuladas y tome las decisiones a que haya lugar.
Lo anterior en atención a la solicitud hecha por Nórida Rodríguez, gerente de
RTVC, al Ministerio Público, en la cual remite las quejas que en contra de
Morris hicieron las directoras del Canal Institucional, Lina Moreno, y de Señal
Colombia, Silvia Orlandelli, sobre tratos intimidatorios y desobligantes por
parte del funcionario.
Ante los hechos, la Procuraduría segunda Delegada para la Vigilancia de la
Función Pública, en ejercicio de sus funciones preventivas, solicitó al Comité
de Convivencia Laboral “tramitar las quejas y tomar las decisiones a la mayor
brevedad e informar sobre lo decidido a este despacho”, tal como lo ordena el
artículo 9 de la Ley 1010 de 2006 el cual debe agotarse, necesaria y
obligatoriamente, antes de iniciar cualquier proceso disciplinario o
sancionatorio”.
El Congreso se sumó a las múltiples reacciones que han surgido sobre este tema,
exigiendo al Gobierno nacional reconsiderar el nombramiento del funcionario en
RTVC.
Carolina Giraldo Botero, integrante de la Comisión Legal para la Equidad de la
Mujer, pidió al Ejecutivo establecer mecanismos que permitan a las entidades no
contratar a funcionarios con antecedentes de acoso laboral.
“El presidente debería reconsiderar no sólo ese cargo, sino tener una política
clara frente a otros casos de acoso en sus nombramientos, porque han sido
varios. En Colombia no debería existir el acoso sexual y laboral en el sector
privado, pero tampoco en el sector público”, destacó la representante a la
Cámara.
De acuerdo a la congresista, el Gobierno no estaría enviando a la población un
mensaje adecuado al no actuar contra trabajadores como Morris, cuyas denuncias
por maltrato laboral ya son más que evidentes.
“Un mensaje político claro sería no nombrar personas con denuncias sustentadas
por acoso sexual. El caso de Hollman Morris se ha convertido en un caso
emblemático porque, a pesar de las denuncias que han sido persistentes, sigue
siendo tenido en cuenta para cargos altos y esto envía un mensaje grave para la
sociedad, que el acoso es permitido”, destacó.
La parlamentaria Jennifer Pedraza también se pronunció en torno al caso. Exhortó
al mandatario nacional que “retire a Hollman Morris de su cargo y que deje de
seguir nombrando hombres denunciados por violencias basadas en género en cargos
de poder porque esto va a seguir pasando”.
También se solidarizó con la directora de Señal Colombia, a quien pidió
protección, al considerar que haber denunciado un caso de acoso en su contra,
podría generarle “persecución”.
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