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Imputarán nuevos
cargos a la fiscal Angélica María Monsalve
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción radicó solicitud
de audiencia de imputación en contra de Angélica María Monsalve Gaviria, como
presunta responsable de nuevos hechos irregulares detectados en el ejercicio de
su cargo como fiscal adscrita de la Unidad de Administración Pública de la
Seccional Bogotá.
Los elementos de prueba recopilados por la Fiscalía indican que, en noviembre de
2022, la Fiscal Monsalve Gaviria habría participado en la alteración del
contenido de varios documentos y, con fundamento en estos, pretendido inducir en
error a servidores de la Fiscalía para obtener la autorización de un principio
de oportunidad en un proceso que se seguía en su despacho.
Por estos hechos distintos a los que le fueron imputados en una primera ocasión,
se le formularán cargos por falsedad en documento público y fraude procesal.
Por lo tanto, también se solicitó audiencia de imputación en contra de un
investigador del CTI de la Seccional Bogotá y un abogado, por el delito de
falsedad en documento público.
Las diligencias se realizarán en las fechas que establezca el Centro de
Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá.
Cabe recordar que el pasado noviembre, Monsalve fue imputada por el delito de
concusión.
Según el ente investigador, la exfiscal, por intermedio de un abogado, habría
solicitado dinero a uno de sus investigados para archivar el proceso en el que
estaría involucrado, en el cual se investigan posibles irregularidades en el
manejo de los vehículos blindados en la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La Fiscalía estableció que el señalado enviado de la fiscal Monsalve Gaviria se
reunió en cuatro oportunidades con el hombre que sería beneficiado y,
presuntamente, le exigió 600 millones de pesos para que no fuera imputado él y
su esposa.
Desarticulan red de narcotráfico 'Los
Capos' en Barranquilla
El trabajo articulado entre la Seccional Atlántico y la Policía Nacional
permitió identificar a varios posibles integrantes de una
red dedicada a enviar clorhidrato de cocaína a España, México, Costa Rica,
Puerto Rico, Estados Unidos, las Bahamas y Guatemala.
Según la investigación, los alijos eran
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enviados desde Barranquilla, Puerto
Colombia (Atlántico), San Andrés, y los departamentos de Sucre, Bolívar, La
Guajira y Norte de Santander.
Labores de Policía Judicial permitieron establecer que los procesados estarían
delinquiendo desde mayo del año 2020.
Se trata de Diego Andrés Bayona Parra, alias Diego, presunto cabecilla de la red
criminal; Javier Alberto Cortés Mercado, alias Javi quien sería el segundo al
mando; y finalmente, Rafael René Artsze Vergara, alias Rafa Cole, posible
responsable de coordinar las negociaciones ilegales.
Al parecer, ‘Los Capos’ recibirían grandes cantidades de dinero en distintas
divisas para concretar la producción de los estupefacientes, al igual que la
logística y transporte de los mismos. Por esto, la organización ilegal obtenía
rentas ilícitas que superaban los 9.000 millones de pesos.
Por estos hechos la Policía Nacional adelantó operaciones simultáneas en Puerto
Colombia (Atlántico), Bucaramanga (Santander) y Bogotá donde capturó a los
hombres quienes fueron imputados como posibles responsables de los delitos como
concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes.
Un juez con funciones de control de garantías avaló el contundente material de
prueba aportado por la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento privativa de la
libertad en centro carcelario en contra de los tres capturados.
Renunció el fiscal del caso que investiga al
expresidente Uribe
Por medio de un comunicado oficial, la Fiscalía informó que el fiscal que
llevaba la investigación en contra del expresidente y exsenador Álvaro Uribe por
presunto fraude procesal y soborno a testigos, renunció al caso por motivos
personales de salud en su familia.
Se trata del fiscal Andrés Palencia Fajardo, quien hasta el martes estuvo en su
cargo tras presentar la renuncia oficial en la entidad pública, argumentando
razones personales relacionadas con la salud de su familia, tal y como lo
detalló el comunicado expedido por la Fiscalía.
“El fiscal 10 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia presentó hoy renuncia a
su cargo argumentando razones
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personales, relacionadas con la salud de su
familia”, sostuvo el ente acusador.
Palencia será remplazado por el fiscal 12 delegado ante la Corte con el fin de
darle continuidad a la actividad investigativa que se adelanta en contra el
expresidente Uribe.
La renuncia del fiscal Palencia se da en la recta final de la definición de si
finalmente el proceso en el ente investigador precluía o no.
“Ante la vacancia judicial
presentada, y con el propósito de dar continuidad a la actividad investigativa
relacionada con el proceso que se sigue contra el señor expresidente Álvaro
Uribe, por fraude procesal y soborno a testigos, se ha asignado el caso al
Fiscal 12 Delegado ente la Corte para lo pertinente”, concluyó el comunicado de
la Fiscalía.
En octubre del año pasado, el Tribunal Superior de Bogotá decidió no precluir la
investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el
caso de presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
La petición fue rechazada al final de una audiencia en la que los magistrados
encontraron algunas inconsistencias en los argumentos que fueron presentados por
la Fiscalía.
Condenan a Colombia por la masacre Riosucio en
Chocó
El Consejo de Estado condenó a la nación al pago de una millonaria sanción por
la desaparición forzada de varias personas durante la masacre de Riosucio
(Chocó), ocurrida en 1996.
El 20 de diciembre de ese año, grupos armados se tomaron Riosucio bajo amenazas
y violaciones contra la población civil. Varias personas fueron víctimas de
desaparición forzada, entre ellas, Benjamín Artemio Arboleda Chaverra, alcalde
del municipio, y Robinson Martínez Moya, los cuales fueron posteriormente
asesinados.
Fueron cerca de 150 hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
que incursionaron en el casco urbano y, de acuerdo con informes de
organizaciones como el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), los
paramilitares lograron entrar al municipio en complicidad con la Policía de
Quibdó y la XIII Brigada del Ejército Nacional.
Durante la toma, los paramilitares se llevaron al alcalde del municipio, quien
era también integrante de la Unión Patriótica, y las otras personas en lanchas
hacia la vereda Santa María de la Antigua del Darién. Allí, varios de ellos
también fueron desmembrados y enterrados en fosas comunes.
Los familiares de algunas de las víctimas, que todavía desconocen el paradero de
los cuerpos de sus seres queridos, interpusieron una demanda contra el Estado
colombiano en la que tuvieron que comprobar su parentesco.
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