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Así regularán el consumo de drogas en espacios
públicos
El Ministerio de Justicia expidió un protocolo dirigido a los alcaldes,
gobernadores y a la Policía Nacional, con pautas para regular el consumo de
sustancias psicoactivas en parques y zonas del espacio público, conforme a lo
dispuesto por la Corte Constitucional en su sentencia C-127 de 2023.
La facultad está contemplada en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana y les permite a las autoridades territoriales y de Policía regular la
prohibición del consumo de sustancias psicoactivas dentro de la autonomía y sus
competencias legales, teniendo como base la protección y prevalencia de derechos
de los niños, niñas y adolescentes.
“Se trata de una guía que no es vinculante para que las administraciones
locales, a lo largo del país, tengan en cuenta circunstancias de modo, tiempo y
lugar, para que pueden restringir ese consumo en algunos espacios de especial
valor cultural e histórico para la comunidad, como parques, escenarios
educativos, de recreación, de reunión de familias, entre otros', señaló el
ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño.
El protocolo, además de cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional,
atiende las recomendaciones planteadas por el Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su 54° periodo de sesiones y
expuestas en el documento 'Desafíos en materia de derechos humanos a la hora de
abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas'.
La hoja de ruta establece que, de acuerdo con lo ordenado por la máxima
instancia constitucional, se debe diferenciar entre las actividades de porte de
dosis para uso personal y consumo en contraste con el delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes, teniendo en cuenta el principio de no
discriminación frente a las personas que consumen sustancias psicoactivas.
Hace énfasis en que el consumo de sustancias psicoactivas debe abordarse con
enfoques de salud pública, derechos humanos y de respeto a la diferencia. El
propósito debe ser activar la ruta integral de atención para población con
riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento debido a uso de
sustancias psicoactivas y adicciones.
La guía presentada por el Ministerio de Justicia indica que en el ejercicio de
la actividad policial y en la aplicación de la normatividad tienen que tenerse
en cuenta el momento del día, el modo o las circunstancias, siempre buscando la
aplicación de medidas preventivas o pedagógicas.
Los entes territoriales y las autoridades de Policía deben adoptar alternativas
a la penalización, la 'tolerancia cero' y la supresión de las drogas y tomar el
control de los mercados ilegales de drogas adoptando una normativa responsable,
con el propósito de eliminar los beneficios derivados del tráfico ilícito, la
delincuencia y la violencia, recalca el documento.
Panamericanos: moción de censura contra Mindeporte
La bancada del Senado anunció la presentación de una
moción de censura contra la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, tras la
pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos. A pesar de los esfuerzos del
presidente Petro por calmar la situación, la presión política aumenta, y la
renuncia de Rodríguez parece inminente.
El senador Mauricio Gómez Amín, del
Partido Liberal, se sumó a las voces que exigen la renuncia de Rodríguez. En su
intervención, afirmó: "Lo confirmó el Presidente de la República, todo lo que
pasó tiene que ver con la incompetencia, negligencia e ignorancia de la señora
ministra del Deporte".
Gómez Amín lanzó un ultimátum al
gobierno
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Petro, anunciando
que ya cuenta con 19 firmas para presentar una moción
de censura si no se solicita la renuncia.
La solicitud cuenta con el respaldo de la décima parte del Senado, con
legisladores de diversos partidos, incluyendo Cambio Radical, el Centro
Democrático, Comunes, el Conservador, el Liberal y el Partido de la U. Gómez
Amín enfatizó que "para eso ya hay firmas que le piden a la ministra retirarse
de su cargo. Moción de censura ya".
A pesar de los esfuerzos del Gobierno por recuperar la sede, los líderes
políticos consideran que la ministra Rodríguez debe asumir responsabilidades
políticas. Gómez Amín afirmó: "No se puede obviar la responsabilidad de la
señora ministra del Deporte; por su actuación hoy Colombia está perdiendo unos
juegos que son muy importantes para el país".
La moción de censura será sometida a consideración de la plenaria una vez se
reanuden las sesiones ordinarias. En medio de la incertidumbre, la ministra
Astrid Rodríguez enfrenta un escenario político adverso que podría llevarla a
perder su cargo.
Elección de Contralor General: nuevo proceso
arrancaría de cero
Todo apunta a que el Congreso no logrará elegir Contralor General antes de que
se cumpla un año, en mayo próximo, luego de que fuera anulada por el Consejo de
Estado la elección de Carlos Hernán Rodríguez. El asunto en este momento está
parado porque no se tiene definida una universidad que se encargue de hacer las
pruebas de conocimiento a los 140 aspirantes que ya se inscribieron.
La elección del Contralor General de la República 2022-2026 es la más caótica en
la historia de este cargo, pues al hecho de que el Consejo de Estado anulara la
escogencia de Carlos Hernán Rodríguez por errores en el trámite que hizo el
Congreso, hay que agregar que después de ello, es decir de mayo pasado, el
proceso para elegir el nuevo titular en ese despacho no ha podido despegar.
En este sentido, lo que ocurrió es que las mesas directivas elegidas el pasado
20 de julio en Senado y Cámara para la segunda legislatura, no le dieron
continuidad al proceso que hicieron las respectivas mesas directivas de la
primera legislatura, que invitaron universidades de todo el país para escoger
una que se ocupe de realizar las pruebas de conocimientos a los aspirantes a
Contralor General de la República.
Como solamente se presentaron tres centros académicos a esa convocatoria, las
actuales mesas directivas en Senado y Cámara consideraron que ese número no es
representativo de todas las universidades públicas y privadas que hay en el país
para hacer una adecuada escogencia.
Por ello, las mesas directivas abrieron una nueva convocatoria en la que se
mostraron interesados nueve centros académicos. Sobre el particular el Senado
informó a la Corte Constitucional, que estudia una tutela que presentó Carlos
Hernán Rodríguez reclamando se le restituye en el cargo, que “se solicitó a la
Comisión Nacional del Servicio Civil el listado de las instituciones de
educación superior con acreditación de alta calidad y adicionalmente cuentan con
acreditación para la ejecución de los procesos de selección que realiza la CNSC”.
Agregó el Senado en esta comunicación que “se diseñó una matriz de valoración de
las propuestas recibidas producto de lo cual resultó seleccionada la Universidad
Nacional de Colombia, por tener el puntaje más alto. Se impartió instrucciones a
la Dirección Administrativa del Senado de la República para continuar con lo
pertinente y se ofició a la rectora de la Universidad Nacional de Colombia para
informarle que su universidad fue seleccionada por tener el mejor puntaje y para
efecto del correspondiente contrato”.
Además, advirtió a la Corte Constitucional que “el proceso de elección de
Contralor General de la República no comienza con la convocatoria de aspirantes
a Contralor General de la República, de acuerdo con la Ley 1904, sino que para
llegar a este punto es indispensable iniciar con el proceso de la selección de
la universidad. Y para esto es necesario una invitación previa a las
instituciones que el Ministerio de Educación Nacional presenta como certificadas
con alta calidad, y antes de esto el Congreso debe solicitar el concurso del
Ministerio”.
Sin embargo, esto que había avanzado el
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Congreso para la elección de
Contralor General se derrumbó el pasado 21 de diciembre, cuando la Universidad
Nacional notificó en una comunicación dirigida al Senado que no desarrollará las
pruebas de conocimientos a los aspirantes al cargo.
“Realizando la verificación precontractual encontramos que nuestra institución
(con sus 9 sedes y 22 facultades, todas ellas con competencias delegadas para
contratar) tiene contratos en ejecución con la Contraloría General de la
República, cuya alta dirección es objeto de la convocatoria en mención (…). En
consecuencia, nos permitimos manifestar nuestra decisión institucional de
retirarnos”, explica la Universidad Nacional.
Como consecuencia, el proceso para la elección del Contralor General de la
República tiene que iniciar prácticamente de cero en febrero próximo, cuando a
partir del día 16 el Congreso regrese a sesiones después del receso de final de
año, con una nueva invitación a universidades para escoger una que se ocupe de
realizar las pruebas de conocimientos a los aspirantes a este importante cargo.
Piden a RTVC atender quejas por acoso
laboral contra Hollman Morris
Atendiendo las denuncias de acoso laboral cometidas, presuntamente, por Hollman
Morris, subgerente del Sistema de Medios Públicos – RTVC-, la Procuraduría
General de la Nación pidió al Comité de Convivencia de la entidad que tramite
las denuncias formuladas y tome las decisiones a que haya lugar.
Lo anterior en atención a la solicitud hecha por Nórida Rodríguez, gerente de
RTVC, al Ministerio Público, en la cual remite las quejas que en contra de
Morris hicieron las directoras del Canal Institucional, Lina Moreno, y de Señal
Colombia, Silvia Orlandelli, sobre tratos intimidatorios y desobligantes por
parte del funcionario.
Ante los hechos, la Procuraduría segunda Delegada para la Vigilancia de la
Función Pública, en ejercicio de sus funciones preventivas, solicitó al Comité
de Convivencia Laboral “tramitar las quejas y tomar las decisiones a la mayor
brevedad e informar sobre lo decidido a este despacho”, tal como lo ordena el
artículo 9 de la Ley 1010 de 2006 el cual debe agotarse, necesaria y
obligatoriamente, antes de iniciar cualquier proceso disciplinario o
sancionatorio”.
El Congreso se sumó a las múltiples reacciones que han surgido sobre este tema,
exigiendo al Gobierno nacional reconsiderar el nombramiento del funcionario en
RTVC.
Carolina Giraldo Botero, integrante de la Comisión Legal para la Equidad de la
Mujer, pidió al Ejecutivo establecer mecanismos que permitan a las entidades no
contratar a funcionarios con antecedentes de acoso laboral.
“El presidente debería reconsiderar no sólo ese cargo, sino tener una política
clara frente a otros casos de acoso en sus nombramientos, porque han sido
varios. En Colombia no debería existir el acoso sexual y laboral en el sector
privado, pero tampoco en el sector público”, destacó la representante a la
Cámara.
De acuerdo a la congresista, el Gobierno no estaría enviando a la población un
mensaje adecuado al no actuar contra trabajadores como Morris, cuyas denuncias
por maltrato laboral ya son más que evidentes.
“Un mensaje político claro sería no nombrar personas con denuncias sustentadas
por acoso sexual. El caso de Hollman Morris se ha convertido en un caso
emblemático porque, a pesar de las denuncias que han sido persistentes, sigue
siendo tenido en cuenta para cargos altos y esto envía un mensaje grave para la
sociedad, que el acoso es permitido”, destacó.
La parlamentaria Jennifer Pedraza también se pronunció en torno al caso. Exhortó
al mandatario nacional que “retire a Hollman Morris de su cargo y que deje de
seguir nombrando hombres denunciados por violencias basadas en género en cargos
de poder porque esto va a seguir pasando”.
También se solidarizó con la directora de Señal Colombia, a quien pidió
protección, al considerar que haber denunciado un caso de acoso en su contra,
podría generarle “persecución”.
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