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Renunció Rolando González a vicepresidencia del
Concejo de Bogotá
En una declaración realizada durante una rueda de prensa matutina, el concejal
Rolando González, perteneciente al partido Cambio Radical, anunció su renuncia a
la vicepresidencia del Concejo de Bogotá, marcando cambios significativos en la
composición de la mesa directiva y sus relaciones con el gobierno local.
El cabildante de Cambio Radical en su comunicado, enfatizó su intención de no
liderar la oposición al gobierno del alcalde Carlos Galán desde la mesa
directiva. "Tomamos la decisión de dejar la primera vicepresidencia del Concejo
de Bogotá porque no le vamos a hacer oposición al alcalde mayor, Carlos Fernando
Galán. Por el contrario, vamos a trabajar de su mano para generar iniciativas en
beneficio de la ciudad", expresó el concejal.
La designación de González como vicepresidente ya había sido motivo de tensiones
en las semanas previas, con varios concejales cuestionando la elección de un
representante de Cambio Radical, partido que había expresado su apoyo al
proyecto del alcalde. Este descontento llevó a acciones legales, incluyendo una
tutela y una petición para anular la elección, aunque sin resultados favorables
para la oposición.
La bancada del Nuevo Liberalismo, partido al cual pertenece el alcalde Galán,
había solicitado la renuncia de González en medio de una sesión plenaria,
enfatizando la importancia de que la primera vicepresidencia sea ocupada por un
concejal de oposición, según lo estipulado en el Estatuto de Oposición.
La renuncia de González plantea ahora la incógnita sobre quién ocupará su lugar
en la vicepresidencia y cómo se reconfigurará el equilibrio político en la mesa
directiva del Concejo de Bogotá. La concejal Ana Teresa Bernal, del Pacto
Histórico, podría emerger como una opción, aunque el proceso de elección será
crucial para definir el papel de la oposición en este órgano legislativo.
La reacción del alcalde Galán fue receptiva ante la renuncia, destacando la
importancia de que la primera vicepresidencia quede en manos de la oposición.
Ahora, la plenaria del Concejo deberá aprobar la renuncia de González y convocar
a nuevas elecciones, marcando un capítulo significativo en la política de la
ciudad. Este proceso de transición podría tener repercusiones en el futuro de
las decisiones legislativas y la relación entre el Concejo de Bogotá y el
gobierno local.
Nueva réplica del Alto comisionado para
la paz al ELN
Ante la insistencia del comandante del ELN, alias ‘Antonio García’, de pagar a
ese grupo alzado en armas para dejar de secuestrar, el
comisionado de paz, Otty Patiño, respondió con firmeza. Aseguró que no está en
los planes del Gobierno ofrecer beneficios económicos a esa guerrilla para que
cesen las retenciones de personas. “
Esa discusión con el ELN sobre financiamiento ya se dirimió en el último ciclo.
Ellos se comprometieron a no hacer secuestros extorsivos (económicos) sin
contraprestación alguna y a desarrollar un protocolo específico sobre ese asunto
asociado al respeto al DIH que prohíbe la toma sistemática
de rehenes para beneficio propio”, destacó quien fuera jefe del equipo
negociador del Gobierno.
Tal acuerdo se dio en México, donde
se
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celebró el quinto ciclo de
negociaciones de paz con el ELN. Pese a ello, García, quien no hace parte
de las conversaciones con el Estado, ha reiterado su posición de que para evitar
que secuestren, el país debe darles dinero.
“Es de sentido común que estos tres asuntos mencionados están relacionados, tal
como aparecen redactados en los textos: 1) prórroga del cese el fuego temporal;
2) suspensión de retenciones con fines económicos; y 3) la financiación; donde
el punto 2 no podrá darse sin el 3, mejor dicho, simultáneamente, para que todos
seamos interpretados”, indicó García.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene su posición de no financiar a dicho grupo
mientras sea guerrilla. “Antonio García no ha querido aceptar plenamente estos
acuerdos y ha hecho pronunciamientos equívocos que han confundido a la opinión
pública”, destacó Patiño.
“En la medida que los activos armados del ELN se conviertan en activos de
construcción de paz en los territorios podrán gozar de beneficios económicos y
jurídicos que los habiliten como ciudadanos plenos”, sostuvo.
Del mismo modo, aseguró que no hay ninguna posibilidad en que el Estado actúe
fuera de la ley. “Pero no haremos el juego a ninguna combinación de formas de
lucha legales e ilegales, armadas y no armadas. Eso no. Eso es intolerable e
inadmisible así no le guste al señor Antonio García”, indicó.
Así estarían las cuentas para votar moción de
censura a MinDeporte
La titular del Ministerio del Deporte será el cuarto ministro de este Gobierno
en ser llevado a moción de censura y la quinta vez que el Congreso aplica el
mecanismo en este mandato. Astrid Rodríguez está en el centro del debate por la
pérdida de la sede en Barranquilla de los Panamericanos 2027. En 32 años de esta
figura no se ha caído un solo funcionario, sin embargo, la Casa de Nariño no
puede sentirse confiada porque no tiene mayorías en Senado y por el tamaño del
escándalo muchos piden que rueden cabezas.
El pasado jueves, 32 congresistas de los partidos de oposición, independientes e
incluso algunos de la coalición presentaron al presidente del Senado, Iván Name,
una proposición de citación a debate de moción de censura a la ministra del
Deporte, Astrid Rodríguez, porque Colombia perdió la sede de los Juegos
Panamericanos en Barranquilla por incumplimientos del Gobierno nacional en el
pago de 8 millones de dólares a Panam Sports, por los derechos del evento, en
las fechas convenidas el 30 de diciembre de 2023 y el 30 de enero de 2024.
“La ministra de Deporte, en el marco del ejercicio de sus funciones como máxima
representante del Ministerio, merece un reproche político en razón a la
revocatoria de la designación de Barranquilla como sede de los Juegos
Panamericanos del año 2027, ante el incumplimiento del contrato firmado con la
organización Panam Sports”, señala el documento firmado por los 32 senadores.
Los parlamentarios que firmaron esta proposición por los partidos de oposición
son por Cambio Radical: David Luna, Antonio Zabaraín, Jorge Enrique Benedetti
Martelo, Carlos Fernando Motoa, José Luis Pérez Oyuela, Carlos Abraham Jiménez,
Didier Lobo Chinchilla y Édgar Díaz.
Por el Centro Democrático:
Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Yenny Esperanza Rozo, Miguel Uribe Turbay,
Esteban Quintero, Paola Holguín, Enrique Cabrales, José Vicente Carreño, Honorio
Miguel Henríquez y Andrés Felipe Guerra.
Por los partidos independientes
apoyan la moción de censura a la ministra del Deporte en el Partido
Conservador: Efraín Cepeda, Mauricio Giraldo, Óscar Barreto,
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Liliana Bitar, Marcos Daniel Pineda, Germán Blanco, Juan Samy Merheg y
Nicolás Albeiro Echeverry. Por la U: Alfredo Deluque. Por En Marcha: Guido
Echeverry Piedrahita y Jairo Castellanos.
En tanto que los parlamentarios de la coalición que respaldan esta moción son
del Partido Liberal: Mauricio Gómez Amín y Juan Pablo Gallo. Por la Coalición
Alianza Verde-Centro Esperanza: Jonathan Ferney Pulido.
El Acto Legislativo 1 de 2007, que reformó la moción de censura, establece que
“deberá proponer por lo menos la décima parte de los miembros que componen la
respectiva Cámara”.
Es decir, que las 32 firmas que proponen la moción a la ministra del Deporte son
más que suficientes para que el presidente del Senado proceda a agendar,
primero, el respectivo debate en donde los impulsores sustentarán las
motivaciones para que la funcionaria salga del cargo; mientras que Astrid
Rodríguez también tendrá la oportunidad de brindar explicaciones sobre la
actuación del Ministerio en el caso de la sede de los Panamericanos y las
razones que condujeron a perder la sede.
La votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientes al citado
debate.
Llaman a concertar con Ecuador repatriación de
presos
Respecto a los derechos humanos y a
las normativas internacionales vigentes exigió el defensor del Pueblo, Carlos
Camargo Assis, ante la falta de claridad de las condiciones jurídicas en las que
llegarían ciudadanos colombianos privados de libertad en Ecuador.
“Frente al anuncio del Gobierno de Ecuador sobre la posible expulsión de
nacionales condenados en ese país, hago un llamado al Gobierno de Colombia y en
particular a las autoridades migratorias para que se concerte con el vecino país
el mecanismo jurídico de ingreso de dichas personas a territorio nacional y se
garantice el respeto del debido proceso de cada uno de ellos frente a su
situación jurídica”, puntualizó Camargo Assis.
Esta entidad defensora de los derechos humanos advierte sobre el impacto que
esta expulsión pudiera ocasionar, especialmente en la zona de frontera.
Por esta razón el defensor del Pueblo añadió que, “es necesario que se
establezca un plan de choque como preparación del país en caso de que deba
recibirse a las personas privadas de la libertad, dado que se trataría de una
situación excepcional debido a la crisis de seguridad por la que atraviesa el
vecino País”.
Actualmente, en Colombia existen 125 establecimientos de reclusión con 101.646
ciudadanos cumpliendo sus penas y un hacinamiento del 24,3%.
Las declaraciones de Camargo Assis se conocen luego del anuncio del Gobierno de
Daniel Noboa en Ecuador sobre la expulsión de 1.500 presos extranjeros, entre
ellos venezolanos, peruanos y colombianos, en medio de una ola de violencia
criminal que azotó a la nación suramericana en días recientes.
Esta decisión ha generado preocupación en los países vecinos, ya que deben
lidiar con un índice bastante elevado de hacinamiento.
La primera vez que se habló en Ecuador sobre retornar a privados de libertad a
sus respectivos países fue en diciembre del año pasado, ya que era esa la medida
que permitiría aliviar la crisis carcelaria.
Sin embargo, el asunto cobró mayor fuerza a principios de enero, después de los
actos violentos que incluyeron explosiones, toma de recintos carcelarios,
secuestros, asesinatos y la toma de un canal de televisión por parte de hombres
armados en Guayaquil.
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