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Retiran condecoraciones al general (r) Arias
Cabrales
El Gobierno, respaldado por el Decreto 1070 de 2015, decidió retirar las
condecoraciones al general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años de
prisión por su implicación en la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985.
El general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, quien fungía como comandante de la
Brigada XIII del Ejército durante los eventos del Palacio de Justicia en 1985,
fue objeto de la retirada de sus condecoraciones, una medida sin precedentes que
responde a su condena por delitos dolosos relacionados con la desaparición
forzada de personas durante la operación.
El hombre fue condenado en 2011 por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá y
ratificado en 2014 por el Tribunal Superior de Bogotá. La Corte Suprema de
Justicia, en 2019, confirmó la sentencia, considerándolo coautor de la
desaparición forzada de cinco personas durante la operación militar. La
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también excluyó al general en 2023 por
no cumplir sus obligaciones y no contribuir a la verdad.
El retiro es respaldado por el Decreto 1070 de 2015, es una medida impulsada por
el Ministerio de Justicia, encabezado por Néstor Osuna. Helena Uran Bidegain,
hija de una de las víctimas, desempeñó un papel clave al solicitar formalmente
la revocación de los honores otorgados al militar.
En el decreto 0018 de 2024, se detalla la pérdida del derecho al uso de las
condecoraciones, incluyendo la Medalla Servicios Distinguidos en Orden Público
(1985), la Orden al Mérito Militar "Antonio Nariño" en grado de Gran Cruz
(1986), la Orden al Mérito Naval "Almirante Padilla" en grado de Gran Oficial
(1989), y la Cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico en grado de Gran
Oficial (1989).
Esta medida se suma a la prohibición de visas de Estados Unidos a Arias Cabrales
y su familia en 2023, subrayando el alcance internacional de las repercusiones
de sus acciones. El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, busca
reafirmar su compromiso con la justicia y la memoria de las víctimas, marcando
un hito en la historia de las sanciones a altos funcionarios militares por
violaciones a los derechos humanos.
En firme multa de $350 millones a EPS Sanitas
La Superintendencia Nacional de Salud dejó en firme una multa por 350 millones
de pesos impuesta contra la EPS Sanitas luego de
encontrarla responsable de incumplir con las instrucciones impartidas durante la
pandemia por Covid y de manera específica en la vacunación direccionada por el
Gobierno Nacional al no responder los requerimientos reiterados por este
organismo de inspección y vigilancia.
Dentro del Plan Nacional de Vacunación resultó fundamental la implementación de
bases de datos con la identificación de las personas y el avance en la
aplicación de dosis, lo que permitiría avanzar en la meta de aplicación diaria
de manera eficiente.
De acuerdo con la investigación administrativa, para los meses de abril y mayo
de 2021 la Supersalud realizó tres requerimientos dirigidos a la regional Caribe
de la EPS para que informara, entre otras, los mecanismos empleados para
garantizar el suministro de las bases de datos depuradas, actualizadas y
oportunas en el distrito de Barranquilla, a fin de generar una óptima gestión
del agendamiento de los usuarios por parte de las instituciones vacunadoras, en
el marco de la pandemia de Covid-19.
De acuerdo con la Supersalud, tras evidenciarse que no se registró respuesta de
la EPS a esas tres comunicaciones donde se daban instrucciones y órdenes
puntuales, la Superintendencia inició el respectivo proceso administrativo
sancionatorio y en diciembre de 2022 resolvió la investigación
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del caso con la
imposición de una multa por 350 salarios mínimos legales mensuales vigentes
sobre la EPS.
La sanción de primera instancia fue objeto de reposición por parte de Sanitas,
pero fue confirmada por la Supersalud y la posterior apelación fue resuelta en
resolución emitida el pasado 27 de diciembre de 2023.
Teniendo en cuenta los argumentos que soportan la decisión, la EPS no actuó con
la diligencia debida porque incumplió las instrucciones impartidas, al no dar
respuesta dentro de los términos otorgados a los requerimientos realizados el 21
y el 28 de abril, y el 10 de mayo de 2021.
“En el evento que los requerimientos emitidos por la Superintendencia Nacional
de Salud no se atiendan, se atiendan extemporáneamente, o se atiendan de manera
ineficiente, se obstruye el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia
y control; y en el caso que nos ocupa, se habrían limitado las acciones de
vigilancia del cumplimiento de los planes diseñados para afrontar la emergencia,
situación que no puede desconocer el vigilado”, señala la resolución.
La infracción en que incurrió la EPS Sanitas no permitió a la Supersalud cumplir
con sus funciones y competencias de seguimiento y evaluación oportuna de la
información relacionada con las bases de datos de afiliados depuradas y
actualizadas.
En el acto administrativo definitivo, el Despacho del Superintendente confirmó
la multa inicial de 350 salarios mínimos legales mensuales vigentes en 2022 y
consideró que de parte de la EPS Sanitas existió un “actuar negligente”, y “fue
omisa en atender de manera oportuna las instrucciones impartidas”.
En este sentido, con el fin de atender la pandemia ocasionada por el Covid,
todos los actores del sistema de salud colombiano debieron generar acciones
articuladas para atender este evento de salud pública, y dentro de estas
acciones se consideró de vital importancia el suministro de información oportuna
para la toma de decisiones, así como el seguimiento y control eficaz de los
recursos asociados a la mitigación de la pandemia.
“Es necesario que los vigilados atiendan de manera eficiente y oportuna los
requerimientos efectuados por esta
Superintendencia Nacional de Salud, dentro de los plazos fijados y en las
condiciones en que se requiera, para que este organismo pueda ejercer sus
funciones de inspección, vigilancia y control en el sector de la salud, de
manera que en el evento que la información requerida no se reporte de manera
adecuada y completa, se obstruye el cumplimiento de las tareas adscritas a este
organismo”, reza la resolución de la Supersalud en la que se confirma la sanción
a la EPS Sanitas el pasado 27 de diciembre de 2023.
Por masacre de Urrao en 2003, JEP cita a once
exjefes de las FARC
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha citado el martes a once exjefes de
las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por la masacre
de Urrao de 2003, en la que murieron diez personas, entre ellas el entonces
gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y por otros delitos de
secuestro.
"Esta convocatoria hace parte del abordaje de los hechos y las conductas en su
dimensión regional a escala de Bloque de Frentes a través de la identificación
de los máximos responsables de los niveles inferiores de la organización armada
y la satisfacción de las demandas de verdad y de reconocimiento presentadas por
las víctimas", ha señalado la JEP.
La sala ha llamado a exguerrilleros como Rodrigo Sepúlveda, alias 'Alexander 18'
(del Frente 18), a Julio Ramos Castro 'Darío Chirijo' (excomandante del Frente
2), a Jorge Enrique Rodríguez 'Iván Vargas' (extraditado a Estados Unidos y
señalado por narcotráfico), a Wilson Peña 'Alexander' (excomandante del
Frente 49), que no ha podido ser localizado, y Jorge Eliécer Trejo, cuyos
abogados desconocen su paradero desde 2019.
Con estas citaciones, la Sala pretende cerrar la investigación y responder a las
peticiones de las víctimas. El 5 de mayo de 2003, integrantes del Frente 34
asesinaron a diez personas, entre ellas Gaviria Correa y el exministro de
Defensa y consejero de Paz Gilberto Echeverry Mejía, que estaban bajo
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su cautiverio justo cuando se
enteraron de la presencia de una unidad militar que pretendía rescatarlos.
La Justicia colombiana condenó en 2006 por esta masacre a algunos altos cargos
de las FARC como a Pedro Antonio Marín 'Manuel Marulanda' (fallecido), a Jorge
Briceño 'Mono Jojoy' (fallecido), a Guillermo León Sáenz 'Alfonso Cano'
(fallecido), a Luciano Marín Arango 'Iván Márquez' y a Rodrigo Londoño Echeverri
'Timochenko' a 40 años de prisión. Tras los acuerdos de paz de 2016 se concedió
la amnistía a gran parte de los exguerrilleros, excepto para los que cometieron
delitos graves como los de lesa humanidad, abusos sexuales o reclutamiento de
menores.
Arranca asignación de subsidios Mi Casa
Ya
Las asignaciones de Mi Casa Ya en 2024 iniciaron y la ministra de Vivienda,
Catalina Velasco Campuzano, informó al respecto que el programa trae mejoras que
benefician tanto a los hogares como a los constructores.
“Se disminuye de 85 a 70 el porcentaje de obra requerido en el avalúo del
inmueble como requisito para acceder al subsidio”, destacó la alta funcionaria,
a través de un comunicado de prensa.
Velasco Campuzano también señaló que “las entidades financieras podrán retomar
el proceso de cargue de documentación para solicitar la asignación, a partir del
22 de enero de 2024”.
Sobre el proceso, indicó que se expedirá la primera resolución de asignación de
la vigencia el 2 de febrero. “La asignación de subsidios iniciará con 1.700
cupos habilitados semanalmente”.
De acuerdo a las estimaciones de la cartera, el objetivo de asignación es de
50.000 subsidios anuales, “que ya tienen asegurada la cobertura a la tasa de
interés. En total, serán 200.000 subsidios en todo el Gobierno”.
“Para 2024, Mi Casa Ya ofrece un subsidio a la cuota inicial equivalente a 30
salarios mínimos mensuales legales vigentes, para hogares clasificados entre los
subgrupos A1 y C8 de Sisbén IV, que equivale a $ 39 millones, y a los hogares
entre C9 y D20 se les otorga un subsidio equivalente a 20 salarios mínimos
legales vigentes, es decir, $ 26 millones”, informó Velasco Campuzano.
Además, señaló que para viviendas de interés prioritario (VIP) se otorga una
cobertura equivalente a cinco puntos porcentuales y para viviendas de interés
social (VIS) una cobertura equivalente a cuatro puntos porcentuales, los cuales
se aplican sobre el crédito o el contrato de leasing habitacional, hasta por 7
años.
Procedimiento
De acuerdo a lo explicado por Minvivienda, existen algunos pasos para aplicar al
programa. Entre los más importantes están seleccionar la vivienda tipo VIS o VIP
de su preferencia y acudir al establecimiento de crédito o entidad de economía
solidaria de preferencia del hogar, para iniciar el proceso de compra de
vivienda.
“Estas entidades hacen una primera validación de requisitos a través de la
plataforma que opera el programa, en la que se determina si se cumple con el
requisito de Sisbén IV (hasta D20), no ser propietario de vivienda y no haber
recibido subsidio de vivienda o cobertura anteriormente”, puntualizó.
También se establece que, en el caso de cumplir con los requerimientos, se
gestiona el crédito hipotecario o leasing habitacional con el establecimiento de
crédito o entidad de economía solidaria.
“Estas entidades realizan el cargue de la documentación requerida en la
plataforma del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: minvivienda.gov.co”,
dijo Minvivienda.
En otro orden de ideas, ( durante 15 días) “estará publicada para comentarios la
resolución que reglamenta el esquema de preasignaciones del programa Mi Casa Ya
para vivienda de interés prioritario (VIP)”.
“Este mecanismo permite que las familias puedan proyectar el subsidio del
programa Mi Casa Ya en el plan de pagos de su vivienda, lo que genera mayor
certeza al negocio inmobiliario. También mejora el acceso al crédito hipotecario
y constructor, detonando la iniciación de nuevos proyectos de vivienda”, afirmó.
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