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Colombia y Ecuador trabajan para repatriar presos
Colombia y Ecuador están en conversaciones para acordar un mecanismo de
colaboración judicial entre ambos países que permita la repatriación de presos
colombianos, informó el presidente Gustavo Petro.
En declaraciones a los medios luego de participar en el panel, ‘Un momento clave
para América Latina’, en el marco del Foro Económico Mundial, el jefe de Estado
declaró que: “estamos en conversaciones, construyendo un sendero que permita,
sin caer en peores errores de los que ya se han cometido, una construcción de
colaboración judicial entre ambos países”.
Los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores de Colombia manifestaron
hace una semana que el país está en la disposición de activar el trámite de
repatriación de ciudadanos colombianos privados de libertad en Ecuador, mediante
el Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y
Marítimas y Aeronaves, suscrito entre ambas naciones el 18 de abril de 1990.
Sin embargo, advirtieron, la repatriación de connacionales en el exterior obliga
a estudiar caso por caso las solicitudes, ya que este es un proceso individual
-no masivo-, que responde a criterios objetivos y que debe contar con el
consentimiento de la persona privada de libertad.
“Ecuador es consciente de que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, es
un proceso que debe respetar las condiciones jurídicas de cada país para que no
se provoque un problema peor al que ya existe”, subrayó.
El mandatario se refirió a la situación que se presentó para la posesión de
Bernardo Arévalo de León, presidente de Guatemala, y enfatizó que “la defensa de
la democracia en Guatemala es también la defensa de la democracia en Colombia y
de América Latina y, por tanto, había que emplearse a fondo”.
Lo sucedido en el país centroamericano, explicó, “fue un momento muy crítico,
como todos ya sabemos. Incluso, casi no puedo venir aquí, pero creo que hasta
ahora ha salido bien”.
El presidente manifestó además que: “Guatemala, como Colombia, también necesitan
de, primero, un pueblo movilizado que defienda la democracia. Sin eso no hay
nada que hacer. Y, segundo, la solidaridad del mundo hacia proyectos de
democratización, como el caso guatemalteco, como el caso colombiano o América
Latina en general”.
MinSalud desconoce la autonomía de la Contraloría: Zuluaga
Un nuevo choque se registró entre el
vicecontralor Carlos Mario Zuluaga y el ministro de Salud Guillermo Jaramillo
por cuenta de un a acción popular que presentó la cartera encontra contra 21 EPS
por “vulnerar el derecho de acceso a la salud al
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incumplir con la
obligatoriedad de constituir y mantener las reservas técnicas para garantizar
los pagos para la prestación de servicios de salud”.
La demanda considera que se han violado los derechos colectivos al patrimonio
público, a la moralidad administrativa y al acceso al servicio público de
Seguridad Social en Salud y a su prestación eficiente y oportuna.
En esta Acción Popular el Ministerio demanda también a la Superintendencia
Nacional de Salud y a la Contraloría General de la República. Solicita que se
vincule a estas entidades en calidad de encargadas de proteger los derechos
colectivos afectados.
El Ministerio pide al juez de conocimiento “que se decrete y practique
interrogatorio al Dr. Carlos Mario Zuluaga, en calidad de Contralor General de
la República en funciones y en condición de testimonio técnico”, dado que
supuestamente el titular del ente de control conoce los fundamentos en que se
soporta la demanda.
El Ministerio solicita igualmente que la CGR realice una auditoría forense con
la finalidad de analizar, evaluar e interpretar la información financiera
reportada por las EPS demandadas, en relación con la constitución e inversión de
las llamadas reservas técnicas.
En firme elección de Vladimir Fernández como
magistrado
En firme quedó la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte
Constitucional, luego de que el Consejo de Estado negó una tutela que buscaba
tumbar la designación.
De acuerdo con la tutela interpuesta por María Carolina Olarte Olarte, Esteban
Hoyos Ceballos y Juan Sebastián Ceballos, la ternada del presidente Gustavo
Petro conformada por la exdirectora de Prosperidad Social Cielo Rusinque y el
director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega tenía irregularidades.
Los accionantes argumentan que la conformación de la terna les negó la
posibilidad de participar activamente en el proceso de selección, vulnerando su
derecho político fundamental a "conformar, ejercer y controlar el poder
político." En ese sentido, buscan que el Consejo de Estado invalide la terna y
ordene al presidente realizar una convocatoria pública acorde con los principios
constitucionales.
En la tutela se puede leer: “el presidente de la República vulnera nuestros
derechos políticos fundamentales a conformar, ejercer y controlar el poder
político, reconocidos
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y desarrollados en los artículos 1,
2, 40, 85, 93 y 126 de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 25 literal c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y con el artículo 23 numeral 1 literal c) de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y la Ley 1904 de 2018”.
El Consejo de Estado señaló que
"esta Sección estima que se ha configurado la figura jurídica de la carencia
actual de objeto por sustracción de materia, en tanto que ha desaparecido el
hecho constitutivo de la amenaza a los derechos fundamentales de los accionantes
y, en ese sentido, no se pueden emitir las medidas solicitadas y tampoco se
puede revertir dicha situación” Cabe recordar que Fernández fue elegido en
octubre del año pasado por el Senado
de la República con 88 votos de 99.
Demandan la elección del gobernador de
Boyacá por doble militancia
El gobernador Carlos Amaya ganó las elecciones en ese departamento con 296.338
votos. Foto: Colprensa.
La acción judicial contra el gobernador Carlos Amaya se sustenta en su apoyo a
un candidato que no era de su partido (Alianza Verde).
El excandidato a la Gobernación de Boyacá Miguel Alberto Vergara Sandoval
demandó la elección de Carlos Amaya para ese cargo en las pasadas elecciones
regionales de octubre de 2023.
La demanda fue interpuesta ante el Consejo de Estado argumentando que el ahora
gobernador de ese departamento incurrió en doble militancia durante la contienda
electoral.
En ese sentido, el excandidato solicitó que se ordene la cancelación de la
credencial como gobernador electo y “que se ordene la suspensión provisional de
los efectos del acta de escrutinio general gobernador”.
Ante esta petición judicial, el mandatario local —quien estuvo en ese cargo
entre 2016 y 2019— expresó sentirse tranquilo ante el proceso en el que
presentará los respectivos argumentos de defensa.
Por medio de un video, el gobernador Amaya le envió un mensaje de tranquilidad a
los boyacenses al decirles “que no se preocupen, en el Consejo Nacional
Electoral presentaron casi 10 demandas y siempre con argumentos que no son
ciertos y en el Consejo de Estado es también lo mismo”.
“Vamos a presentar nuestra defensa, las pruebas que demuestran que no hemos
actuado de manera ilegal y que he hecho las cosas bien. A los que nos demandan
que Dios los bendiga”, añadió el gobernante.
El objeto central de la demanda por presunta doble militancia se basa en que,
como candidato, Amaya habló públicamente sobre su respaldo al candidato del
Partido de La U, Óscar Julián Correa Hernández.
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