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Asesinan al líder social Gregorio Naranjo en San
Carlos, Córdoba
El líder social José Gregorio Naranjo Isaza, presidente de la Junta de Acción
Comunal del corregimiento de Carrizal en San Carlos, Córdoba, fue objeto de un
atentado sicarial.
Este suceso se inscribe en un contexto alarmante, siendo este hombre la novena
víctima de asesinato de líderes sociales en Colombia durante enero, según el
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
En el episodio, perpetrado por hombres armados en motocicleta, Naranjo sufrió al
menos cuatro disparos, uno de ellos impactando fatalmente en su pecho. A pesar
de ser trasladado con signos vitales a un centro hospitalario en Montería,
lamentablemente, falleció debido a la gravedad de las lesiones.
El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Carlos García,
informó: "Una vez herido, fue trasladado a la ciudad de Montería, donde sobre la
medianoche fallece por la gravedad de las lesiones". Las autoridades, junto con
un grupo élite de la Policía Nacional, asumen las investigaciones para
esclarecer este crimen.
San Carlos, ya marcado por la violencia con el asesinato de Carlos Mario Montes
López un día antes, vive momentos de consternación. El alcalde, Fray Monterrosa,
convocó un Consejo de Seguridad para abordar la creciente inseguridad en la
región.
El asesinato de Naranjo intensifica la alarma sobre la seguridad de los líderes
sociales en Córdoba. En 2023, el departamento cerró con diez líderes asesinados,
según la Defensoría del Pueblo. Este año, ya se contabiliza el primer líder
social asesinado en la región, generando preocupación y movilizando a
organizaciones defensoras de derechos humanos.
Desde Cordoberxia, alertan sobre el riesgo inminente que enfrenta Andrés Chica
Durango, líder social en el sur de Córdoba, debido a presuntas negligencias en
las medidas de seguridad proporcionadas por la Unidad Nacional de Protección
(UNP). La organización hace un llamado urgente para reforzar la protección de
Chica y cumplir con las medidas establecidas.
Corte Suprema absuelve a exgobernador de La
Guajira por peculado por apropiación
La Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador de La Guajira, Hernando
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David Deluque
Freyle, de los cargos que se le atribuyeron por los delitos de contrato sin
cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Según el tribunal, el exmandatario habría incurrido en los delitos por la
suscripción del contrato para la construcción de obras para el plan maestro de
alcantarillado sanitario de Riohacha, sistemas de tratamiento de aguas
residuales.
Deluque fue acusado por la Fiscalía delegada ante la corte debido a que se
suspendió el contrato al no contar con las licencias ambientales necesarias y
tampoco realizó la consulta previa con la comunidad indígena.
"La acusación sostuvo que la ejecución del contrato se suspendió debido a que la
Gobernación no contaba con la licencia ambiental, no había recibido los predios
en los que se iba a desarrollar la obra ni tampoco se realizó la consulta previa
con las comunidades indígenas asentadas en la zona del proyecto", dice el
pronunciamiento del tribunal.
La Fiscalía consideró que estas faltas afectaron los principios de transparencia
planeación y economía en la contratación pública, por lo que se habría generado
un incremento patrimonial en favor del contratista.
La Sala Especial de Primera Instancia consideró que las situaciones que
generaron las supuestas irregularidades que eran señaladas por la Fiscalía, se
generaron a partir de factores externos que no correspondían al exgobenador.
"La Corte concluyó que aunque la obra no inició materialmente en el periodo del
entonces gobernador Hernando David Deluque Freyle, pese a que se había firmado
el contrato y entregado al contratista el 50% de su valor como anticipo, esto se
dio por actos ajenos al exmandatario", concluye la corte.
Frente a esto la corte declaró inocente al exmandatario departamental al no
encontrar pruebas que lo vincularan directamente como responsable de las
irregularidades del contrato del alcantarillado.
Prisión para 'El Flaco' por asesinato de
líder social en Antioquia
Ante las pruebas expuestas por la Fiscalía, un juez penal de conocimiento
condenó a Darwin Alexis Vásquez Correa, alias El Flaco, a 16 años y 11 meses de
prisión, por su participación en el asesinato de Mabel Sandra Banda Meneses,
líder social y presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Paraíso de
Tarazá bajo cauca antioqueño, perpetrado el 30 de agosto de 2020.
Al momento de su asesinato, Banda tenía 48 años de edad. En ese entonces, el
gobernador encargado del departamento, Luis Fernando Suárez, lamentó lo ocurrido
y aseguró que ordenaría una investigación para “ubicar rápidamente a los
asesinos”.
Sin embargo, la captura de alias El Flaco apenas llegó el 14 de marzo del año
pasado, casi tres años después. En el 2020, 182
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líderes sociales fueron asesinados
en Colombia, según la Defensoría del Pueblo.
Esta semana ‘El Flaco’ fue sentenciado por los delitos de homicidio agravado,
concierto para
delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego,
accesorios, partes o municiones.
Este exintegrante de la organización criminal ‘Los Caparros’ actualmente cumple
otra condena en centro carcelario, de nueve años de prisión, por diferentes
actos delictivos.
Hombres armados robaron 16 camionetas
blindadas que serían entregadas a la UNP en Bogotá
En la mañana del viernes 19 de enero se dio a conocer que 20 hombres fuertemente
armados ingresaron a las instalaciones de una empresa Security Rent, accedieron
a los patio-talleres y robaron se robaron 16 camionetas blindadas que iban a ser
entregadas a la Unidad Nacional de Protección (UNP). El hecho tuvo lugar en
inmediaciones de Suba con Corpas.
“Sobre las 6:00 a.m. recibí una llamada del Ministro de Defensa para decirme que
si estaba al tanto del robo de unos vehículos que había ocurrido sobre las 12:30
a.m., de los cuales seis ya fueron recuperados. Nos preocupamos que fueran ya
propiedad de la Unidad Nacional de Protección, de los 54 que compramos el año
pasado, que están en proceso de entregas a los protegidos”, afirmó. Por otro
lado, Rodríguez destacó la rapidez con la que actuó la Policía en el caso, y ya
se habla de algunas capturas.
Por otro lado, el funcionario aseguró que no afecta directamente al presupuesto
de la entidad, puesto que hubo un proceso licitatorio en el que esa empresa fue
adjudicada con el grupo #10 (JEP) y ya se estaban adelantando el alistamiento de
los vehículos mencionado. Sin embargo, lo que sí preocupa son los plazos de
entrega de los vehículos, los cuales se deben dar a más tardar los finales de
febrero.
“Los implicados instalaron inhibidores de señal GPS para evitar que fueran
ubicados rápidamente. Es un hecho muy curioso porque deben tener un manejo
especial de conducción de estos vehículos, tienen algunos secretos porque
satelitalmente las pueden apagar”, afirmó.
Hasta el momento, el funcionario confirmó que las autoridades han logrado
recuperar 6 de las camionetas blindadas robadas, y que las investigaciones están
en curso para esclarecer los hechos y determinar posibles motivaciones detrás
del acto delictivo.
Cada camioneta robada estaría avaluada en unos 500 millones de pesos, por lo que
el robo total asciende hasta los 8.000 millones de pesos.
“No sabemos cómo operaron, si hubo algún tipo de ayuda interna, pero los
detalles los tiene la Dirección de Inteligencia Policial, los implicados fueron
ubicados en la localidad de Kennedy”, sentenció.
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