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Sancionan a Rodolfo Hernández por tratos
irrespetuosos
Otra sanción de la Procuraduría acumula el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo
Hernández Suárez, esta vez fue suspendido del ejercicio del cargo por el término
tres meses, convertible en salarios básicos devengados para el momento de los
hechos, suma que asciende a $41.207.226, por proferir en público expresiones,
injuriosas, peyorativas y denigrantes calumniosas contra un servidor público.
El Ministerio Público confirmó que el disciplinado en una emisión de su programa
“Hable con el Alcalde” a través de las redes sociales Instagram y Facebook usó
los siguientes términos para referirse al exmandatario Héctor Mantilla, primer
mandatario de Floridablanca, para la época de los hechos: “…que pague lo que
debe allá, nos ha devuelto veinte veces el contrato y no le gusta pagar, que no
sea mentiroso y lo hemos tolerado, solamente está cómodo con la politiquería…”
A su vez, el ente disciplinario evidenció que el servidor público vulneró el
principio de la moralidad contenido en la Constitución Política, en el ejercicio
de sus funciones al exponer públicamente al administrador municipal, para la
vigencia 2019.
Por tanto, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 calificó la
falta de Hernández Suárez como grave, a título de culpa gravísima.
Petro se postula para mediar con Nicaragua
persecución de religiosos
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha contado el viernes tras reunirse en
El Vaticano con el Papa Francisco que ha puesto a su
disposición los "buenos oficios" de Colombia para mediar en la crisis con
Nicaragua, en medio de las persecuciones a las que hacen frente algunas
organizaciones católicas.
"Colombia puede poner sus buenos oficios", ha planteado Petro tras haber tenido
una entrevista "bastante larga" con el Papa Francisco, a quien también le ha
propuesto celebrar una ronda de los diálogos de paz con el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) en territorio vaticano. "Sería muy sugerente", ha
valorado.
Petro ha señalado que aprovechando que Colombia y Nicaragua tienen que sentarse
a negociar por orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a razón de su
disputa por aguas territoriales, este encuentro podría ser una "oportunidad"
para hablar de "otros temas", como la libertad religiosa en el país
centroamericano.
"Allí hay una oportunidad para hablar de otros
temas. Indudablemente a mí me
gustaría que hubiera una normalización de
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la actividad religiosa dentro de Nicaragua.
Es un tema que vamos a hablar", ha adelantado Petro.
En julio de 2023, la CIJ falló a favor de Colombia en el litigio que mantiene
con Nicaragua en el mar de San Andrés, rechazando las pretensiones de Managua de
ampliar su plataforma continental otras 200 millas marítimas, lo que afectaría,
según Bogotá, a un archipiélago de su territorio y a su zona económica.
Por otro lado, un reciente informe de la ONG Open Doors ha señalado que desde
2018 los católicos han sufrido 667 ataques por las políticas del Gobierno
nicaragüense de Daniel Ortega. Hace unos días, una veintena de religiosos, entre
el obispo Rolando Álvarez, fueron liberados y desterrados a El Vaticano.
“Durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado – se lee en el
comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede-, se expresó satisfacción
por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede, destacando la positiva
colaboración entre la Iglesia y el Estado con vistas a promover el diálogo, la
justicia social y la reconciliación.
Actuar ya ante creciente inseguridad pide Consejo
Gremial al Gobierno
Con ocasion de los hechos violentos ocurridos contra el sector productivo en
distintas regiones del país, desde el Consejo Gremial Nacional reiteraron el
llamado que se le ha hecho, según enfatizaron, de manera insistente al Gobierno
nacional para que implemente un plan integral de seguridad en todo el territorio
nacional.
La cúpula compuesta por ACM, Acolfa, Acolgen, ACP, Acopi, Acoplásticos, Analdez,
Anato, ANDI, Andesco, Asobancaria, Asocaña, Asocolflores, Asofiduciarias,
Asofondos, Asomovil, Camacol, Cámara Colombiana de Infraestructura, Colfecar,
Confecámaras, Cotelco, Fasecolda, Fedecafeteros, Fedegan, Fedepalma, Fedesoft,
Fedeseguridad, Fenalco, Fenavi, Naturgas, PorkColombia y SAC resaltaron cuatro
hechos violentos contra el sector productivo que se han registrado esta semana
en el país, que comprometieron la vida y la integridad de los trabajadores, así
como el entorno ambiental en el territorio nacional.
El primero corresponde a la incineración de dos camiones en Dagua, Valle del
Cauca, tal y como la quema de más de 127 hectáreas de plantaciones forestales en
ese municipio, en La Cumbre y en Vijes. Al parecer, la estructura Jaime Martínez
de las disidencias de las FARC estaría detrás de la incineración de dos
vehículos de transporte de madera y dos equipos de cosecha de la empresa Smurfit
Kappa ubicados en la vereda Limonar, en el municipio de Dagua.
A esto, se suma la incineración de una maquinaria que era usada para actividades
agrícolas en un cultivo de caña del municipio de Padilla, norte del Cauca, al
igual que el secuestro del conductor y su ayudante y la incineración del camión
en el que transportaba alimentos en la vía Cúcuta - Ocaña, en el Norte de
Santander.
“Observamos con profunda
preocupación el continuo deterioro de la seguridad y el aumento de actos
violentos en todo
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el país, especialmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño,
Norte de Santander y Valle del Cauca, los cuales representan casi el 50% de
todas las víctimas de masacres ocurridas en Colombia durante el último año y que
sufren las consecuencias de la violencia y la presencia de grupos armados
ilegales”, advirtió el Consejo Gremial a través de un comunicado.
Choque ideológico entre Javier Milei y Gustavo
Petro marca el debate de la justicia social en Latinoamérica
El Foro Económico Mundial (FEM) fue el escenario para que el presidente de
Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de Argentina, Javier Milei, dieran su
visión sobre los pilares en sus mandatos.
Para Gustavo Petro, la justicia social es el referente a seguir para lograr la
equidad en el país. Por eso, ha asegurado en reiteradas ocasiones que “el
terreno de la justicia social, indudablemente, es imprescindible lograr el
crecimiento económico y detener el crecimiento de precios en los alimentos y los
servicios públicos”.
Así mismo, Petro siempre ha defendido las diferentes reformas sociales que se
han implementado y que se encuentran en trámite en el Congreso de la República
de Colombia como la materia prima esencial para hacer realidad el sueño de tener
un país más justo socialmente.
Pero el presidente de la República de Argentina, Javier Milei, en su discurso
del miércoles 17 de enero en el FEM, aseguró que “la justicia social no es
justa, es violenta. El Estado se financia a través de impuestos que se cobran de
manera coactiva. A mayor carga impositiva mayor es la coacción y menor la
libertad”, reiterando su posición acerca de este tema.
Frente a este panorama, varios expertos dieron a conocer su posición acerca de
la visión que tienen ambos mandatarios con respecto a este tema coyuntural en
Colombia y Argentina, pero también en toda la región, ya que cada uno en sus
discursos involucra a los países de Occidente.
Para el docente del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad
Javeriana, Manuel González, hay diversidad en la visión de cada jefe de Estado.
“Existen dos diferencias entre Milei y Petro. Primero, es el rol del Estado en
las relaciones económicas. Para el presidente argentino, el Estado ha sido el
factor distorsionante para que la lógica económica de oferta y demanda se
desarrollen plenamente trayendo beneficios a las personas”, le dijo González a
Infobae Colombia.
Y añadió que, “segundo, es la naturaleza de la justicia. Para el presidente
colombiano, el adjetivo social de la justicia se refiere a la redistribución de
la riqueza. Para ello, los Estados hacen uso de los impuestos para que los
sectores más pudientes contribuyan a que los menos favorecidos tengan ingresos
que les permitan vivir dignamente. De aquí surge obviamente la defensa de los
derechos de segunda generación que son aquellos también llamados colectivos
porque ofrecen protección a los sindicatos y garantías de un trabajo y
educación”.
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