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Cayó alias Don Javier, cabecilla
de las disidencias de Iván Mordisco
La Fiscalía general de la nación dio a conocer la captura de alias Don Javier,
un importante cabecilla del frente Martín Villa, de las disidencias del Estado
Mayor Central, y que era una de las piezas fundamentales del líder guerrillero
alias Iván Mordisco en la financiación, tráfico de suministros, armas y
explosivos en tres departamentos del país.
De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador, el importante criminal
identificado como José Javier Mora seria el responsable de exigir dinero a
comerciantes, contratistas y transportadores de Boyacá, Casanare y Arauca para
permitirles desarrollar sus actividades económicas en la región.
“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra
las Organizaciones Criminales, presentó ante un juez de control de garantías a
José Javier Mora, alias Don Javier, presunto cabecilla de la red de extorsiones
del autodenominado frente Martin Villa de las disidencias de Iván Mordisco”,
indicó el ente acusador.
En medio de la investigación las autoridades pudieron determinar que José Javier
Mora era el encargado de hacer inteligencia en los tres departamentos, recabar
información de sus víctimas y hacerles llamadas extorsivas en las que exigía
grandes sumas de dinero bajo amenazas.
Lo conseguido con las extorsiones era destinado para financiar otras
subestructuras de las disidencias del Estado Mayor Central, principalmente las
que buscan posicionarse en puntos estratégicos de la frontera
colombo-venezolana.
“Los recursos obtenidos con esta actividad ilegal, al parecer, eran
direccionados para fortalecer el aparato armado de las estructuras de alias
Willy Costeño, cabecilla de las disidencias de las FARC en zona de frontera con
Venezuela, que habría asumido esa posición luego de la muerte de Jorge Eliecer
Ramírez Jiménez, alias Arturo o Gerónimo”, aseveró el ente acusador.
La Fiscalía dio a conocer que alias Don Javier también era el encargado de
coordinar el envío de alimentos y otros suministros para el abastecimiento de
los campamentos guerrilleros que estaban internados en la selva; así mismo,
tenía a su cargo el tráfico de explosivos y el reclutamiento de nuevos
criminales para las distintas subestructuras de las disidencias en Arauca,
Boyacá y Casanare.
“El material probatorio da cuenta de que alias Don Javier también estaría
involucrado en la ubicación de nuevos integrantes para la organización criminal,
y el suministro de alimentos, víveres, explosivos y otros elementos que eran
trasladados a las zonas campamentarias”, puntualizó el ente judicial.
Operativos entre Colombia, Brasil y Perú
permitieron decomisar más de dos toneladas de droga
En operaciones conjuntas entre las Fuerzas Militares colombianas, el ejército de
Brasil y la Policía peruana, las autoridades lograron
incautar más de dos toneladas de droga pertenecientes a grupos criminales que
operan en los tres países y que buscaban comercializarlos en las tres naciones.
El primer golpe se dio gracias al trabajo conjunto entre el Ejército Nacional,
la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía de Perú; la
operación, que se desarrolló por varios meses,
incluyó el intercambio
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de información de inteligencia
que finalmente permitió localizar la droga en la zona de Santa Rosa, Perú, a
pocos kilómetros de la frontera con Colombia y Brasil.
En el operativo, los uniformados decomisaron 1.900 kilos de marihuana
distribuidos en 52 costales; además, capturaron a ocho personas, siete de ellas
colombianas y un brasilero. Dentro de los detenidos estaría el cabecilla de la
organización, encargado de coordinar la movilización de la droga, el
almacenamiento de la misma y la interacción con bandas criminales encargadas de
brindar custodia a los estupefacientes.
El otro golpe a los narcotraficantes tuvo lugar en Leticia, Capital del
Amazonas, y contó con la participación de las Fuerzas Militares de Colombia.
Allí, los uniformados llegaron hasta un depósito y encontraron 20 kilos de
marihuana que tenían como destino el sur del país y la región de Tabatinga, en
Brasil. En el lugar fue capturada una persona.
En un último operativo, también se decomisaron 110 kilos de marihuana en Vila
Bittencourt, una localidad del Estado brasileño de Amazonas, ubicada en la
orilla oriental del río Caquetá, frontera entre Colombia y Brasil.
Según informaron las autoridades, estos operativos se adelantan gracias al cruce
de información entre las fuerzas de ambos países con el cual buscan cerrar los
corredores ilegales empleados para la movilización de la droga en la región.
Un firmante de paz secuestrado y dos escoltas de la UNP fueron asesinados por
las disidencias de las FARC
Un hecho de violencia se registró en zona rural del departamento del Huila,
donde hombres armados asaltaron un centro recreacional, asesinaron a dos
escoltas y se llevaron al protegido, un firmante del acuerdo de paz. Aunque los
delincuentes se identificaron como miembros del Estado Mayor Central de las
FARC, la estructura armada acusó a la Segunda Marquetalia de ser la responsable
del crimen.
El firmante de paz José Enrique Roa se encontraba en un centro vacacional
conocido como La Balastrera, según informó la Unidad Nacional de Protección,
junto a sus dos escoltas Luis Enrique Sterling Muñoz y Yilber Silva Osorio. El
establecimiento se encuentra ubicado en la vereda Maica, zona Puente Guayabo, a
unos 15 minutos de Pitalito.
Al lugar ingresaron alrededor de 10 hombres armados que abrieron fuego en contra
de las personas que departían en el establecimiento. De acuerdo con la Comisión
de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz
Csivi, los violentos se identificaron como miembros del frente Ismael Ruiz del
grupo EMC FARC.
Roa y uno de sus escoltas resultaron heridos y posteriormente fueron subidos
aparentemente a la camioneta del esquema de seguridad por parte de los mismos
delincuentes que irrumpieron en el lugar y partieron con rumbo desconocido.
También se habrían llevado a otras dos personas que se encontraban en el lugar
de los hechos durante la incursión armada.
Horas después, la comunidad encontró
dos cuerpos en la rivera de la quebrada El Guayabo. Se trataba de los escoltas,
Sterling Muñoz y Silva Osorio, ambos de 32 años de edad según informó la UNP,
quienes fueron asesinados con sevicia. La Csivi señaló que los cuerpos de ambos
cuerpos se encontraban atados y presentaban signos de tortura.
Las otras dos personas detenidas fueron liberadas, mientras que se desconoce el
paradero de Roa, quien presuntamente habría sido retenido por los hombres
armados.
“Desde el partido @ComunesCoL, lamentamos informar que un integrante de nuestro
partido y Firmante del Acuerdo Final de Paz Jose Enrique Roa, se encuentra
desaparecido y sus dos escoltas han sido vilmente torturados y asesinados
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en el departamento del Huila.
Hacemos un llamado a la @FiscaliaCol para que investigue estos hechos y capture
a los responsables”, señaló el senador Pablo Catatumbo.
“Condenamos enérgicamente este acto atroz y exigimos al gobierno colombiano que
implemente de manera inmediata todas las medidas de seguridad y demás
instrumentos dispuestos en el Acuerdo de Paz para garantizar la seguridad y la
vida de los y las firmantes del Acuerdo de Paz. La vida de quienes han dedicado
sus esfuerzos a construir un país en paz no puede seguir siendo amenazada”,
señaló la Csivi.
Todas las instancias de los firmantes de paz rechazaron que el EMC FARC, al
mando de Iván Mordisco, fueran los presuntos responsables del hecho, debido a
que el 14 de enero se conoció el decreto presidencial para extender el cese al
fuego bilateral con esa organización en medio de los diálogos que adelanta con
el Gobierno nacional.
“Hace una semana, fue difundido en diversos medios de comunicación el nuevo
ciclo de diálogos entre el autodenominado EMC conocido como el grupo de
Mordisco- y el gobierno colombiano para alcanzar la paz, así como el decreto
presidencial de extensión de cese al fuego durante seis meses. En este contexto,
la CSIVI pide a este grupo demostrar su compromiso real con la paz, respetando
la vida de líderes y lideresas en las regiones y poniendo fin a estos actos de
violencia”, sostuvo la comisión.
Tomás Ojeda, integrante de la mesa de paz y vocero del Bloque Jorge Suárez
Briceño del EMC FARC, señaló que esa organización no fue la responsable del
secuestro de Roa, así como del asesinato de sus escoltas. “Fueron interceptados
por personas de la banda de los ‘Márquez’, un reducto de la Segunda Marquetalia
que aún opera en este departamento”, señaló.
Hombres armados robaron 16 camionetas
blindadas que serían entregadas a la UNP en Bogotá
En la mañana del viernes 19 de enero se dio a conocer que 20 hombres fuertemente
armados ingresaron a las instalaciones de una empresa Security Rent, accedieron
a los patio-talleres y robaron se robaron 16 camionetas blindadas que iban a ser
entregadas a la Unidad Nacional de Protección (UNP). El hecho tuvo lugar en
inmediaciones de Suba con Corpas.
“Sobre las 6:00 a.m. recibí una llamada del Ministro de Defensa para decirme que
si estaba al tanto del robo de unos vehículos que había ocurrido sobre las 12:30
a.m., de los cuales seis ya fueron recuperados. Nos preocupamos que fueran ya
propiedad de la Unidad Nacional de Protección, de los 54 que compramos el año
pasado, que están en proceso de entregas a los protegidos”, afirmó. Por otro
lado, Rodríguez destacó la rapidez con la que actuó la Policía en el caso, y ya
se habla de algunas capturas.
Por otro lado, el funcionario aseguró que no afecta directamente al presupuesto
de la entidad, puesto que hubo un proceso licitatorio en el que esa empresa fue
adjudicada con el grupo #10 (JEP) y ya se estaban adelantando el alistamiento de
los vehículos mencionado. Sin embargo, lo que sí preocupa son los plazos de
entrega de los vehículos, los cuales se deben dar a más tardar los finales de
febrero.
“Los implicados instalaron inhibidores de señal GPS para evitar que fueran
ubicados rápidamente. Es un hecho muy curioso porque deben tener un manejo
especial de conducción de estos vehículos, tienen algunos secretos porque
satelitalmente las pueden apagar”, afirmó.
Hasta el momento, el funcionario confirmó que las autoridades han logrado
recuperar 6 de las camionetas blindadas robadas, y que las investigaciones están
en curso para esclarecer los hechos y determinar posibles motivaciones detrás
del acto delictivo.
Cada camioneta robada estaría avaluada en unos 500 millones de pesos, por lo que
el robo total asciende hasta los 8.000 millones de pesos.
“No sabemos cómo operaron, si hubo algún tipo de ayuda interna, pero los
detalles los tiene la Dirección de Inteligencia Policial, los implicados fueron
ubicados en la localidad de Kennedy”, sentenció.
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