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El canciller Álvaro Leyva fue suspendido por tres
meses por lío de los pasaportes
La Procuraduría General suspendió por tres meses al canciller Álvaro Leyva Durán
en medio de la investigación que se adelanta por las irregularidades en el
contrato para el manejo de los pasaportes. Por estos hechos fue llamado a juicio
disciplinario.
En la decisión remitida el miércoles, el organismo de control disciplinario
sostuvo que el ministro de Relaciones Exteriores se habría extralimitado en el
cumplimiento de sus funciones al declarar desierto el proceso de licitación.
En la decisión tomada por la Sala Disciplinaria de Instrucción se señaló que el
canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera
provisional como gravísimas cometidas a título de dolo, es decir, con
conocimiento.
La primera tiene relación con la decisión de declarar desierta la licitación 001
de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que
pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.
En segundo lugar, el organismo de control disciplinario llamó a juicio al
ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo
del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar
esa determinación.
Para salvaguardar la integridad del expediente, la Sala tomó la decisión de
suspenderlo provisionalmente en aras de evitar la posible reiteración de las
faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como
ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo
proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes.
En la indagación preliminar la Procuraduría General escuchó la declaración de la
exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado Martha Lucía Zamora, y
quien fue la primera en advertir los riesgos de suspender el proceso
licitatorio.
Igualmente, llamó la atención por una reunión que se habría presentado en un
restaurante en París, Francia, entre Jorge Leyva, hijo del canciller, y Juan
Carlos Losada Perdomo, director de Asuntos Jurídicos Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores, y quien había sido encargado por el mismo
canciller de adelantar el segundo proceso licitatorio.
Capturan al hombre que persiguió con un
machete a Diana Carolina Serna
Las autoridades de ese departamento confirmaron la captura de Hernando de Jesús
Suárez Hernández, de 44 años de edad, presunto responsable del
feminicidio de la mujer, que además era madre
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cabeza de familiar.
Este caso, del que se conocieron escalofriantes imágenes, tiene consternado al
país. Ciudadanos de distintos territorios rechazaron el hecho y exigieron
justicia.
Los videos de Diana Carolina Serna intentando huir de su feminicida y los gritos
desesperados pidiendo auxilio han movido cada fibra de los que conocieron y
rechazaron este nuevo caso de violencia contra la mujer que se registró en La
Unión, Valle del Cauca.
Pasados un par de días desde que ocurrió el feminicidio en La Unión, Valle del
Cauca, se conocieron nuevos detalles del lamentable hecho que enluta a la
comunidad de ese municipio.
Luego de que se confirmara la captura del responsable de este escalofriante
hecho, las autoridades confirmaron que el sujeto, identificado como Hernando de
Jesús Suárez Hernández, de 44 años de edad, tenía varias anotaciones judiciales.
De acuerdo con la Policía del Valle del Cauca, Suárez tenían antecedentes por
los delitos de violencia intrafamiliar y extorsión. Por ese último estaba
privado de la libertad en un establecimiento carcelario, sin embargo, había
obtenido un permiso para salir por 72 horas.
Pese al prontuario del asesino de Serna, nada se hizo para evitar el fatal
desenlace. Ante los múltiples reclamos en redes sociales por este caso, el
comandante de la estación de Policía del barrio Jardín en La Unión, Geimar
Murillo, aseguró que la víctima nunca denunció a quien era su expareja.
En redes sociales, e incluso algunos medios de comunicación, aseguraron que la
víctima había decidido no sostener ningún tipo de relación con Suárez y además
lo había denunciado ante las autoridades; sin embargo, esa versión fue
desestimada por la policía del barrio donde se registró el feminicidio.
“Ella nunca lo había denunciado ni ante una Comisaría de Familia ni ante la
Fiscalía, ni tenía ninguna medida de protección”, dijo el uniformado.
Allanaron a FECODEpara investigar
financiación a campaña Petro
La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia llevaron a cabo un allanamiento en
las instalaciones de FECODE para esclarecer las circunstancias que rodean un
cheque de $500 millones de pesos, destinado a financiar la campaña del
presidente Gustavo Petro.
Este aporte, que no figura en los reportes oficiales del Consejo Nacional
Electoral, desata una investigación que involucra a altos funcionarios del
sindicato de maestros.
En esta inspección realizada a la sede principal en Bogotá, ubicada en la calle
34 con carrera 13, abogados designados por la Corte Suprema solicitaron todas
las pruebas vinculadas al mencionado cheque, emitido por la tesorería de FECODE
hacia la campaña Petro.
La pesquisa se centra en el entonces tesorero de FECODE, Nelson Alarcón, quien
autorizó el polémico aporte. La ausencia de registro del dinero en los informes
electorales
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ha encendido las alarmas sobre
posibles irregularidades financieras.
La investigación también revela que la donación, efectuada a través de un cheque
entregado por Alarcón al gerente de la campaña Petro, Ricardo Roa, no se realizó
directamente a la campaña, sino mediante el partido Colombia Humana.
Esta maniobra, aparentemente destinada a evitar complicaciones legales, ahora es
objeto de indagación por parte de la Corte Suprema, que examina posibles
irregularidades en la gestión de los $500 millones.
A pesar de la admisión de la donación por parte de FECODE, Roa niega
vehementemente que fondos del sindicato hayan ingresado directamente a la
campaña, argumentando que solo se utilizaron créditos bancarios.
La Corte Suprema, sin embargo, busca esclarecer si hubo desviaciones en la
maniobra de canalizar el aporte a través de Colombia Humana y examina la posible
implicación de Nicolás Petro y un empresario cercano en negociaciones
irregulares con contribuyentes a la campaña.
El general Maza Márquez negó ser el puente en
reunión de Policía con paramilitares
El general Miguel Maza Márquez se pronunció luego de que el exgobernador de
Santander, Hugo Aguilar Naranjo, lo salpicó en ser partícipe en la alianza entre
bloques paramilitares y la Policía para crear lo que luego fueron 'Los Pepes' y
dar con la captura de Pablo Escobar.
El 23 de enero Aguilar Naranjo solicitó su ingreso a la Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP) como agente del Estado no integrante de la fuerza pública, por
lo que ahora la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas estudiará dichos
aportes para tomar una decisión de fondo.
A lo largo de la diligencia, Aguilar Naranjo habló del papel que jugó en el
departamento de Santander durante la época de la incursión del paramilitarismo y
la guerrilla, además, de cómo construyó su patrimonio.
En su declaración, el exmandatario hizo referencia a las reuniones que sostuvo
con Carlos Castaño y ‘Don Berna’ e indicó que uno de esos encuentros se dio por
directriz de general Miguel Maza para recibir información del paradero de Pablo
Escobar.
Maza fue director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre 1985
y 1991. También, en 2016, fue condenado a 30 años de prisión por su
participación en el asesinato de Luis Carlos Galán.
Maza desmintió que él recomendó la reunión entre Aguilar, González y los
mencionados individuos, alegando que no tenía conocimiento de que fueran
narcotraficantes y que supuestamente pretendían colaborar en la búsqueda de
Pablo Escobar.
De acuerdo con Aguilar, de estas relaciones “tenían conocimiento el comandante
del Bloque de Búsqueda, el general Guzmán del Ejército, el general Vargas Silva
de la Policía y el propio coronel Martínez Poveda”.
Se espera que los próximos días la JEP solicite para una segunda parte de la
audiencia en la que será citado para dar a conocer los resultados de la
contrastación y la decisión frente a la solicitud de ingreso de Aguilar Naranjo
como compareciente a la justicia especial.
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