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Reuniones con paramilitares aceptó Hugo Aguilar
ante la JEP
En una declaración extensa ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el
exgobernador Hugo Aguilar expuso detalles reveladores sobre su relación con
paramilitares y proporcionó información significativa sobre la finca Gorgona.
Su testimonio, buscando ser aceptado en la JEP como agente del Estado, ofrece
una visión única de los acontecimientos relacionados con el paramilitarismo en
Santander.
Hugo Aguilar entregó un testimonio detallado durante su comparecencia ante los
magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.
Admitió abiertamente el apoyo de los paramilitares para su elección como
gobernador de Santander, sin embargo, negó su participación en el manejo de
fondos provenientes de las Autodefensas Unidas de Colombia.
"Jamás le recibí un peso a las autodefensas y jamás he manejado un peso de las
autodefensas, que ellos me apoyaron para ser elegido gobernador sí, tengo que
aceptarlo y asumo mi responsabilidad", afirmó Aguilar.
Aguilar describió la finca Gorgona de manera detallada, identificándola como un
lugar vinculado a actividades paramilitares.
Según su testimonio, el lago de la finca se utilizaba para arrojar cadáveres de
víctimas de violencia, una práctica perturbadora que ha dejado una sombra sobre
el lugar.
"Cerca al corregimiento en la Vereda Rosas en la finca Gorgona que hoy en día
fue parcelada y tiene cultivos de palma que en un comienzo el dueño era Luis
Ramírez alias ‘Puntilla’ y que ahí había un lago y los cadáveres de la gente que
asesinaba se los botaban a los cocodrilos que tenían en el lago y otros los
sepultaban", detalló Aguilar.
Aguilar admitió su participación en reuniones con los Perseguidos por Pablo
Escobar (Pepes), reconociendo que acompañó a agentes de la DEA para suscribir un
acuerdo con el jefe paramilitar Ramón Isaza. Describió la relación con Carlos
Castaño y alias ‘Don Berna’ y la información compartida para la captura del
narcotraficante.
"Entró una relación con dos paramilitares que eran ‘Don Berna’ y Carlos Castaño
que tenían el dominio de las Autodefensas en el Magdalena Medio antioqueño y
boyacense", confesó Aguilar ante la JEP.
La JEP ahora enfrenta la tarea de contrastar las declaraciones de Aguilar y
determinar su
aceptación. El magistrado Juan Ramón
Martínez subrayó la importancia de los aportes de verdad, que serán evaluados
para acreditar a las víctimas de los delitos cometidos por el exgobernador.
"Los delitos por los cuales fue condenado y está siendo procesado Aguilar
Naranjo afectaron bienes jurídicos de carácter colectivo y no recayeron sobre
bienes de víctimas individuales", explicó el magistrado Martínez.
La magistrada Heydi Baldosea recordó a Aguilar sus derechos y obligaciones
durante la audiencia, marcando el inicio de un proceso en busca de la verdad y
la justicia para las víctimas de los acontecimientos vinculados al
paramilitarismo en Santander.
Sicarios asesinaron al periodista radial Mardonio Mejía en San Pedro (Sucre)
El director de la emisora comunitaria Sonora Estéreo fue baleado en su vivienda.
La Gobernación del departamento ofrece hasta $ 20 millones para capturar a los
responsables del homicidio.
Un grave hecho de violencia se
reportó en la tarde del miércoles 24 de enero en el municipio de San Pedro, en
el nororiente del departamento de Sucre, en la región Caribe, donde el
periodista local Mardonio Mejía fue asesinado en su vivienda por un sicario.
El violento deceso del comunicador
fue confirmado por el director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP),
Jonathan Bock, quien informó de la trágica noticia a través de su cuenta oficial
en la red social X.
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“Es terrible el asesinato del
periodista (...) Murió después de que sicarios le dispararan esta tarde en su
casa (...) dirigía la emisora Sonora Estéreo y cubría noticias de San Pedro y de
Sucre. La @FLIP_org se solidariza con sus familiares y amigos (sic)”, trinó.
La gobernadora de Sucre, Lucía García Montes, anunció una importante
compensación monetaria para dar con los responsables de quitarle la vida al
también líder social que era integrante de la Federación de Ganaderos de la
mencionada población caribeña.
“Estamos coordinando acciones que permitan dar con la captura de los autores de
este hecho que enluta al periodismo de nuestro departamento. Hemos decidido
establecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien dé información
que nos conduzca a la captura de los responsables de este lamentable hecho, y a
quienes garantizamos absoluta reserva. Expreso mis condolencias y mi solidaridad
con su familia y al gremio periodístico”, expresó.
De acuerdo con la información preliminar el comunicador acababa de llegar a su
hogar tras participar en una subasta ganadera en el municipio, y cuando se
encontraba descansando fue sorprendido y baleado por su asesino.
Agregaron que, aunque fue auxiliado por la comunidad, que lo trasladó hasta el
hospital de Corozal, el periodista llegó sin vida al centro asistencial.
Sin embargo, de acuerdo con información de medios de comunicación locales, en el
crimen participaron varias personas, donde un hombre fue capturado por la
Policía.
El homicidio de Mejía provocó el rechazo de la Federación Colombiana de
Periodistas (FECOLPER), que a través de un mensaje en X solicitaron que no haya
impunidad en este caso.
“Lamentamos la muerte del periodista
Mardonio Mejía, quien fue víctima de un ataque sicarial (...) Pedimos a las
autoridades celeridad en la investigación para esclarecer los motivos detrás de
este homicidio (sic)”, publicaron en la red social.
En los últimos dos años han sido asesinados tres periodistas en la región
Caribe, donde la última víctima había sido Luis Gabriel Pereira, director del
portal digital Notiorense, quien fue ultimado por sicarios en mayo del año
pasado en el barrio Julio Manzur del municipio de Ciénaga de Oro, en el oriente
del departamento de Córdoba.
“De acuerdo con nuestra documentación, en su plataforma escribía frecuentemente
sobre capturas, homicidios y el incremento de la violencia (...) Además de ese
trabajo de reportería y difusión también trabajaba como mototaxista”, señalaron
desde la Flip en esa ocasión.
Mientras que en octubre de 2022 fue
asesinado Rafael Emiro Moreno, quien dirigía el portal regional de noticias
Voces de Córdoba.
La ONG INDEPAZ (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) informó que
el comunicador fue ultimado por sicarios en el barrio 27 de julio de Montelíbano,
en el sur del departamento.
Sin embargo, ante un posible atentado en su contra, el comunicador y líder
social logró dejar avanzadas varias investigaciones que realizaba en ese
departamento sobre corrupción, malversación de fondos públicos, connivencia de
las autoridades con estructuras criminales y graves daños al medioambiente
que revelaron desde la red Forbidden Stories (Historias Prohibidas), que
conforman periodistas del mundo que colaboran en continuar con el trabajo de
colegas que han sido silenciados por amenazas, encarcelamientos o porque les han
arrebatado la vida, como fue el caso del cordobés.
Allanaron a FECODE para investigar financiación a campaña Petro
La
Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia llevaron a cabo un allanamiento en las
instalaciones de FECODE para esclarecer las circunstancias que rodean un cheque
de $500 millones de pesos, destinado
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a financiar la campaña del presidente Gustavo Petro.
Este aporte, que no figura en los reportes oficiales del Consejo Nacional
Electoral, desata una investigación que involucra a altos funcionarios del
sindicato de maestros.
En esta inspección realizada a la sede principal en Bogotá, ubicada en la calle
34 con carrera 13, abogados designados por la Corte Suprema solicitaron todas
las pruebas vinculadas al mencionado cheque, emitido por la tesorería de FECODE
hacia la campaña Petro.
La pesquisa se centra en el entonces tesorero de FECODE, Nelson Alarcón, quien
autorizó el polémico aporte. La ausencia de registro del dinero en los informes
electorales ha encendido las alarmas sobre posibles irregularidades financieras.
La investigación también revela que la donación, efectuada a través de un cheque
entregado por Alarcón al gerente de la campaña Petro, Ricardo Roa, no se realizó
directamente a la campaña, sino mediante el partido Colombia Humana.
Esta maniobra, aparentemente destinada a evitar complicaciones legales, ahora es
objeto de indagación por parte de la Corte Suprema, que examina posibles
irregularidades en la gestión de los $500 millones.
A pesar de la admisión de la donación por parte de Fecode, Roa niega
vehementemente que fondos del sindicato hayan ingresado directamente a la
campaña, argumentando que solo se utilizaron créditos bancarios.
La Corte Suprema, sin embargo, busca esclarecer si hubo desviaciones en la
maniobra de canalizar el aporte a través de Colombia Humana y examina la posible
implicación de Nicolás Petro y un empresario cercano en negociaciones
irregulares con contribuyentes a la campaña.
Atacan con explosivo a empresa de
hidrocarburos en Cúcuta
Un artefacto explosivo fue detonado el viernes 26 de enero en una empresa de
hidrocarburos en zona rural de Cúcuta, Norte de Santander.
De acuerdo con información preliminar, el hecho se registró en el corregimiento
de Buena Esperanza. El artefacto fue ubicado en una de las válvulas de
producción de hidrocarburos y, al parecer, de manera remota fue activada.
El ataque, por fortuna, no dejó heridos. Se desconoce la magnitud del daño en la
infraestructura de la empresa o si hubo algún tipo de derrame de crudo.
Según las autoridades, el hecho de violencia en este sector estaría relacionado
con el presunto no pago de una extorsión por parte de los grupos armados.
Por ahora, la Policía y la Fiscalía llegaron al lugar para comenzar con las
investigaciones que permitan identificar a los responsables del hecho.
Derrame de
crudo
El pasado 22 de enero se registró el derrame de petróleo por rotura del
Oleoducto Caño Limón Coveñas, en vereda Guachimán, en Tibu.
El derrame se originó en el kp 360+350 del oleoducto, generando contaminación en
300 metros lineales del suelo hasta llegar a Caño Cinco. Desde allí la mancha de
crudo se desplazó 4.1 kilómetros, ubicando la cabeza de la mancha a una
distancia de 10 km de la bocatoma del acueducto.
El jueves, la Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental señaló
que, de acuerdo con lo verificado por personal, en las bocatomas del acueducto
no se evidencian trazas del hidrocarburo.
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