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JUDICIAL

 

Pereira, Colombia - Edición: 13.204-784

Fecha: Sábado 04-02-2024

 

Incrementan el pie de fuerza en Magdalena Medio para combatir la violencia y la criminalidad




El miércoles 31 de enero de 2024, tuvo lugar una reunión clave para abordar la problemática de inseguridad y violencia que afecta a Bucaramanga y su área metropolitana. En este encuentro, los alcaldes de la región se reunieron con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para discutir estrategias y soluciones a estos desafíos. El consejo de seguridad se realizó con el objetivo de tomar medidas concretas frente a la situación de violencia e inseguridad que preocupa a la comunidad local.

El jefe de cartera de Defensa entregó un balance a medios locales en el que remarcó que Barrancabermeja (Santander) posee una de las tasas más altas de homicidios en Colombia, “son 53 muertes violentas por cada 100 mil habitantes”, subrayó el ministro.

“Vamos a implementar acciones para reducir la criminalidad en esta región del país, también vamos a aumentar el pie de fuerza de la Policía y el Ejército para mejorar la seguridad en el territorio. Se incrementará el control en el Río Magdalena con la Infantería de Marina. Le daremos un golpe a las finanzas de los grupos criminales, en especial a las que se dedican al narcotráfico y la minería ilegal”, aseveró el ministro.

En el consejo de seguridad también estuvo presente el alcalde de Puerto Petrolero (Santander), Jonathan Vásquez, que comentó que las cifras en materia de inseguridad vienen en descenso durante 2024. “Tenemos una disminución del 37% de los homicidios durante el mes de enero. Logramos durante el consejo de seguridad ampliar el pie de fuerza con 45 uniformados más de la policía que llegarán en los próximos días a la población. Trabajaremos en crear oportunidades de empleo y educación para que los jóvenes no caigan en las manos de los grupos criminales”, expresó el mandatario municipal.
 

Dos soldados muertos dejaron combates entre disidencias de las FARC y el Ejército en Nariño




Desde Magüí Payán (Nariño) se reportaron fuertes combates entre el Ejército Nacional de
Colombia y disidencias de las FARC, que dejó como saldo la muerte de dos militares adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules. El fuego cruzado tuvo lugar el lunes 29 de enero de 2024 en la vereda Las Lajas. Se desconoce si hay víctimas mortales entre los alzados en armas.
 

 

 
“En efecto, hemos recibido información que fueron asesinados, en combates, dos soldados en el municipio de Magüí Payán, en una de las veredas: en Las Lajas. Estamos confirmando mayores detalles sobre esos hechos y esperamos que la decisión de la paz territorial de avanzar en La Paz total se mantenga”, explicó el secretario de Gobierno de Nariño, Benildo Estupiñán, confirmando la muerte de los militares.

En este reciente enfrentamiento con tropas en una región donde operan tanto las disidencias de las FARC como reductos del ELN, ha surgido una preocupación significativa ante la posibilidad de una violación del cese al fuego vigente. Las autoridades aún están investigando la identidad de los hombres armados involucrados en este incidente, que podría tener repercusiones importantes tanto a nivel regional como nacional.

La tensión ha escalado en áreas donde la presencia de estos grupos armados ha sido constante, haciendo que la estabilidad del acuerdo de cese al fuego quede en una situación precaria. Fuentes gubernamentales, incluido el secretario de Gobierno de Nariño, han manifestado su preocupación y el compromiso por esclarecer los hechos para tomar las medidas adecuadas. “Uno de esos componentes es el cese al fuego, vamos a tener mayor información al respecto para asimismo ir tomando decisiones en el orden regional y en el nivel nacional”, precisó el funcionario departamental.


Archivan investigación contra vicefiscal Martha Mancera: los detalles




Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la competencia prevista en los artículos 32.8 del Código de Procedimiento Penal y 5° del Decreto Ley 016 de 2014, archivó la indagación que se seguía en contra de la Vicefiscal General de la Nación, Martha Janeth Mancera; y de la delegada para la Seguridad Territorial, Luisa Fernanda Obando Guerrero.

Los cargos contra las funcionarias son por el supuesto beneficio otorgado a estructuras criminales dedicadas al tráfico de armas y de estupefacientes en Buenaventura (Valle del Cauca) y el Magdalena Medio, durante 2020 y 2022.

Lo anterior, por cuanto, de las evidencias e información legalmente obtenida mediante actos de investigación desarrollados con debida diligencia, se pudo concluir la inexistencia del delito investigado.

El caso


En las últimas semanas, dos agentes del CTI, Pablo Andrés Bolaños y Fabio de Jesús González, denunciaron públicamente que la vicefiscal Martha Mancera los persigue después de que informaran sobre supuestos nexos del coordinador del CTI en Buenaventura con el narcotráfico.

 

Según los agentes, la respuesta de Mancera fue desviar la atención hacia ellos, acusándolos de actividades ilícitas.

 

La vicefiscal Martha Mancera ha salido al frente de las acusaciones, afirmando que se trata de un complot en su contra que se viene gestando desde el año 2020.

 

 

 
 En una entrevista para W Radio, Mancera sostuvo: "Están tratando de enlodar con temas con los que definitivamente no tengo nada que ver. Soy una funcionaria de 30 años". La funcionaria niega cualquier vinculación con los hechos denunciados y señala que el caso es parte de una estrategia para manchar su nombre.

Los agentes del CTI sostienen que descubrieron las actividades ilícitas de Francisco Javier Martínez Ardila mientras se infiltraron en organizaciones criminales en Caldas, Cauca y el Valle. Afirman que, en lugar de investigar al coordinador del CTI, la vicefiscal Mancera los persigue. Aunque los agentes respaldan sus afirmaciones con documentos y su trabajo encubierto, actualmente enfrentan procesos legales por concierto para delinquir con fines de narcotráfico, fraude procesal y falsedad en documento público.

En medio de las acusaciones, Martha Mancera aspira a reemplazar temporalmente al fiscal general, Francisco Barbosa. La vicefiscal busca prolongar su administración y la de Barbosa por varios meses. La decisión de la Corte Suprema será crucial para determinar el futuro de ambos funcionarios.

Mientras Mancera defiende su integridad, los agentes del CTI mantienen sus denuncias, y la justicia deberá esclarecer la verdad detrás de este conflicto interno en la Fiscalía General de la Nación.


Dirigente sindical mandó a matar a un compañero porque le parecía mal ser humano




El 10 de septiembre de 2022 sicarios del Clan del Golfo acabaron con la vida de Sibaris Lamprea en Barrancabermeja (Santander). La víctima era un líder sindical que se desempeñaba como secretario de asuntos administrativos de la Unión Sindical Obrera de Santander (USO).

Casi dos años después de su muerte se dio a conocer que un compañero dentro del sindicato fue quien lo mandó a matar. Se trata de Luis Ángel Quintana Toloza, el secretario de asuntos colectivos de la USO, quien confesó ante la Fiscalía su responsabilidad en el crimen y alegó que lo hizo porque le parecía que Lamprea era una mala persona.

El hecho fue revelado por la misma USO, que a través de un comunicado condenó el hecho y reveló que expulsó a Quintana Toloza de su agremiación luego de conocer los hechos por parte de la Fiscalía.

“Con profundo rechazo y consternación nos enteramos que el dirigente sindical Luis Ángel Quintana, actual secretario de Asuntos Colectivos de la subdirectiva Barrancabermeja, aceptó ser el autor intelectual del asesinato de nuestro compañero Sibaris Lamprea Vargas, secretario de asuntos administrativos de la misma subdirectiva, asesinado en un ataque armado el pasado 10 de septiembre del 2022″, indicó la USO a través de un comunicado.

La agremiación sindical reveló que en medio de las investigaciones de la Fiscalía se constató que Quintana contrató a sicarios del Clan del Golfo para que llevaran a cabo el crimen de su compañero.

 

 

 

 

  

 

 

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